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Los festejos taurinos que se celebren esta temporada en Castilla y León serán anecdóticos en comparación con las 2.337 corridas de toros, encierros, concursos de cortes y otras modalidades organizados en las nueve provincias durante el pasado año. Menos de un centenar espera poder ... organizar el sector taurino.
La pandemia ha trastocado todos los ámbitos, si bien el de la fiesta es uno de los más afectados con las restricciones adicionales que se han impuesto para evitar contagios. El acuerdo de la Junta del 9 de julio, ya modificado, establecía un aforo máximo del 75% sin límite máximo de personas si la instalación cuenta con butacas preasignadas, es decir, con los espectadores identificados al adquirir las entradas con el objetivo de asegurar su trazabilidad y seguimiento. Además, exigía el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros y, si no era posible, subsidiariamente el uso de mascarillas. El último endurecimiento de la normativa obliga desde el pasado sábado a usar mascarilla en cualquier espacio público y también a guardar 1,5 metros de separación alrededor de cada espectador, lo que reduce el aforo permitido a aproximadamente un 20% dependiendo del tamaño de los asientos de cada coso, según estimaciones del sector taurino.
La medida golpea de lleno la rentabilidad del mundo del toro en la segunda comunidad que más festejos celebra después de la Valenciana. «La sección de Interior de cada delegación territorial de la Junta de Castilla y León es la responsable de autorizar festejos si se cumplen las condiciones establecidas», explica Marta Blanco, jefa del Servicio de Seguridad y Espectáculos Públicos de Protección Civil de Castilla y León.
En la Junta aún no hay una estimación sobre cuántos espectáculos taurinos se han solicitado para este verano. «Hay que tener en cuenta que se tienen que cumplir las medidas del acuerdo en cuanto a distancia de seguridad, aforos, mascarillas y evitar aglomeraciones. Y si esto no es posible, será más difícil llevarlos a cabo», apunta Marta Blanco
Mientras, en el mundo taurino cunde la preocupación ante una temporada que dan por perdida, lo que coloca al borde de la ruina a muchos de sus actores principales, en especial a las ganaderías de Castilla y León, que concentra el 20% de las explotaciones ganaderas del toro de lidia en el ámbito nacional. Destaca en este escalafón la provincia de Salamanca al reunir el mayor número de ganaderías de toda España.
«Estamos al borde de la ruina», clama el empresario Martín Perrino al frente de la plaza de toros de Arévalo. Tenía previsto celebrar dos corridas y un concurso de cortes en la localidad abulense este fin de semana, pero el Ayuntamiento le denegó el permiso. «Tengo sesenta toros parados desde el 9 de febrero en un centro de ganado de lidia desde donde pensaba moverlos a fiestas de varios pueblos. Cada una de esas reses costó entre 3.000 y 4.000 euros y sin festejos el destino de la mayoría de los toros será el matadero, donde pagan 300 euros por cada animal para carne. Cada toro gasta unos cien euros al mes en pienso y al día de hoy no he movido nada y llevo gastados 200.000 euros. En lo que va de año se han sacrificado más toros en el matadero de los que se pudieran lidiar en los próximos 10 años. Dan ganas de echarse a llorar».
Desde la gerencia del coso de Valladolid y la empresa con la que organiza festejos taurinos en pueblos de la región, Jorge Manrique alerta de que «con estas limitaciones es difícil buscar rentabilidad. Entiendo que la pandemia es un tema complicado, pero las medidas tenían que ser igual para todos; en trenes y aviones estoy viendo cosas más peligrosas que acudir a los encierros camperos. Ahí tendrían que abrir un poco la mano».
«Esperamos con urgencia una respuesta de la Junta de Castilla y León a nuestras peticiones. Aunque se ha perdido casi la totalidad de la temporada, aún se pueden salvar un centenar de festejos si se aplica la misma normativa que Extremadura, Castilla-La Mancha o Madrid». El apoderado Julián Guerra aunó ayer las voces del mundo del toro en la reunión que mantuvieron una delegación de toreros, ganaderos y empresarios con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; de Economía y Hacienda; de Fomento y Medio Ambiente y de Cultura y Turismo.
Julián Guerra solicitó que se permitan en los cosos los grupos familiares o de convivencia de hasta quince personas sin necesidad de guardar 1,5 metros de distancia si se utilizan mascarillas y garantizó la adopción de controles adicionales a la entrada y salida de los espectáculos y en la identificación de los asistentes para facilitar el rastreo. Además, reclamó que se puedan celebrar encierros camperos. «Se trata de espectáculos al aire libre, con menos posibilidad de contacto y masificación que en un bar o en un autobús», indicó Guerra, demandando así «el mismo trato» que la normativa «dispensa a la hostelería y al transporte público». Hay 14.080 personas que vivimos de esto en la comunidad y solo pedimos que nos dejen trabajar», indicó Guerra acompañado por los toreros Domingo López-Chaves y Javier Castaño; los ganaderos Fernando García y Justo José Hernández; los empresarios Luis Rodríguez, José Ignacio Cascón y Julio Pedro Rebaque, y Luis Miguel Santos Martín en representación de subalternos y mozos de espadas.
Desde la Junta se trasladó a una segunda reunión en los próximos días la valoración de estas demandas contando además con la Consejería de Sanidad. También se informó del aumento de 5.000 a 7.000 euros la subvención a las ganaderías de lidia.
El vallisoletano Carlos Zúñiga lleva las plazas de Alcázar de San Juan y Vinaroz, y su hijo gestiona circuitos taurinos en Gijón, Zamora y Zaragoza. «No vamos a dar toros con ese aforo del 20%, es inviable. El Gobierno no quiere saber nada del mundo del toro a pesar de que generamos un dineral con el IVA que soportamos en las corridas de toda España».
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