Una paga más para los pensionistas de Castilla y León en 2023

Un incremento de este calibre supone para los pensionistas cobrar este año una nómina más que el año anterior, de hecho 15,2 pagas en lugar de 14, si fuesen de la misma cuantía que en 2022. El dato de inflación de noviembre concedió a los beneficiarios de pensiones contributivas de la Seguridad Social en Castilla y León un incremento medio de 92 euros mensuales, que es del 8,5% para todos pero diferente según la cuantía de la prestación.

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Así, la pensión media de jubilación de la comunidad sube algo más de 106 euros y desde ahora roza los 1.360 euros mensuales; la de viudedad gana 66 euros de media, hasta más de 840 euros; y la que se cobra a favor de familiares, unos 55 euros para situar la prestación media de esta categoría en casi 710 euros.

La nómina de la Seguridad Social en Castilla y León ascendió el mes pasado a 674,22 millones de euros. La de enero será de, al menos, 57,3 millones más, el resultado de la subida igual al IPC para un grupo que supone el 24% de la población de la comunidad.

Por otra parte, las pensiones no contributivas mantendrán en este ejercicio la subida del 15% que se les aplicó en julio del año pasado. Las pensiones mínimas, que dependen de las circunstancias del beneficiario, suben entre 61 y 76 euros. Las personas jubiladas con 65 años o más recibirán este año un mínimo de 743,20 euros al mes si tienen cónyuge no a cargo y un máximo de 966,20 con cónyuge a cargo. Los de menos de 65 años, entre 692,50 y 905,90 euros al mes.

La pensión máxima de jubilación del sistema de Seguridad Social queda fijada en 2023 en una cuantía mensual de 3.059,20 euros, 240 más que el año pasado.

En Castilla y León hay 375.000 pensiones contributivas (el 60% del total, que son 617.800) de menos de 1.000 euros brutos al mes;165.000 (suponen el 27%) que se sitúan entre 1.000 y 2.000 euros mensuales; y 77.155 prestaciones (12%) de más de 2.000 euros.

Para acceder al estatus de jubilado, el primer requisito obligatorio es haber cotizado al menos durante 15 años, con un mínimo de dos en los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación. El otro gran requisito es tener cumplida la edad legal de jubilación, que no es invariable sino que depende de la edad del trabajador y de las cotizaciones acumuladas en su vida laboral. Desde 2013, la edad de jubilación camina desde los 65 a los 67 años en que quedará fijada en 2027. Cada año se retrasa unos meses, a la vez que se amplía también unos meses el periodo mínimo de cotización.

En 2022 fue necesario haber cotizado 37 años y 6 meses como mínimo para poder jubilarse con 65 años y, de no ser así, debía esperarse a los 66 años y 2 meses. En 2023 se suman tres meses al mínimo de cotización (37 años y 9 meses) y dos meses a la edad de retiro (66 años y 4 meses).

Estos son los requisitos para acceder al 100% de la pensión, mientras que a quienes optan por la jubilación anticipada se les aplican unos coeficientes reductores que varían en función de si la jubilación anticipada es voluntaria o forzosa, de cuánto se adelanta el retiro y de los periodos de cotización. Del mismo modo, con menos años cotizados de los exigidos también baja el porcentaje de pensión a cobrar. Con el mínimo (15 años) se tiene derecho al 50% de la base reguladora.

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Quienes se jubilan de forma anticipada y voluntaria asumen una reducción de en torno al 5% si la adelantan un año y de entre el 13% y el 21% (según su carrera) si la adelantan dos. Quienes se jubilan de forma anticipada pero no voluntaria asumen una reducción de en torno al 5% si la adelantan un año; de entre el 12% y el 15% si la adelantan dos y hasta del 30%, si anticipan el retiro el máximo, que son cuatro años.

El sistema encara nuevas reformas en los próximos meses, que debían haberse aprobado antes de que acabase 2022 para cumplir con el calendario comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación. La idea original era abordar el destope de las bases máximas de cotización (a lo que se opone la patronal) y de la pensión máxima, mejorar la cobertura de las lagunas en las carreras laborales irregulares y reducir la brecha de género. Sin embargo, el ministerio ha puesto también sobre la mesa la ampliación el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años cotizados actuales a 30, con el descarte de los dos peores (algo que rechazan los sindicatos).

Mientras, algunos de los principales servicios de estudios económicos muestran su preocupación por algunas de las decisiones del Ejecutivo y hacen su aportación para el sostenimiento de la viabilidad del sistema.

Desde Funcas, Eduardo Bandrés recuerda que las pensiones sufren de «una insuficiencia estructural de recursos de la parte contributiva sobre la que presionará no solo la desfavorable evolución de la pirámide demográfica sino el coste de las revalorizaciones basadas en el IPC». A su juicio, un aumento de las cotizaciones con destino finalista no solucionará las necesidades adicionales de financiación y será necesaria «con toda probabilidad, la adopción de medidas por el lado del gasto antes de 2032».

Para José Ignacio Conde-Ruiz y Manuel Díaz, de Fedea, en condiciones normales se debe evitar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, pero en una situación tan excepcional como la actual proponen, también de forma excepcional, sustituir la revalorización generalizada con el IPC por una subida en función de la cuantía: las mínimas, más que la inflación (11%); las de entre 800 y 1.400 euros mensuales un porcentaje variable (entre el 11% y el 2,5%); y una subida del 2,5% para las de más de 1.400 euros.

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El sector bancario refuerza su interés por los «clientes sénior»

Hizo falta una recogida de firmas para llamar la atención de la banca sobre los problemas de adaptación de la población de mayor edad al modelo digital de oficinas menguantes. El año pasado todas las entidades –los bancos de la AEB, las antiguas cajas de la CECA y las cooperativas de crédito de Unacc– se comprometían a conceder al colectivo de jubilados un trato preferencial y a adoptar una serie de medidas para mejorar el sistema de atención personal, para facilitarles el uso de cajeros y canales digitales así como la atención en ventanilla y para poner en marcha programas de educación financiera. Con su poder adquisitivo blindado como sucede con pocos trabajadores en activo, el sector financiero no puede ignorar a los pensionistas, para los que las entidades cuentan ya con una oferta de productos y servicios específicos. «En este sentido, muchos clientes disfrutan del mantenimiento de la modalidad de libretas de ahorros, al comprobar su mejor aceptación como formato por parte de las personas mayores», explican desde la CECA.

Desde la irrupción de la pandemia, la práctica totalidad de entidades adelantan unos días (en torno al 25 de cada mes) el abono de la pensión.

Además, disponen de tarjetas de crédito sin comisiones y con descuentos para quienes domicilian sus recibos y pensiones; así como algunas condiciones preferenciales en créditos y seguros. En la actualidad, la estrategia bancaria tiende hacia el lanzamiento de productos como la renta hipotecaria, la renta vitalicia o la hipoteca inversa, dirigidos a las personas mayores que tienen una vivienda en propiedad de la que no quieren deshacerse y que necesitan liquidez para, por ejemplo, irse a una residencia. La versión más extendida, presente en la oferta de las principales entidades, es la hipoteca inversa, especialmente dirigida a mayores de 65 años (aunque dependiendo de la entidad puede llegar a los 70) que tengan una vivienda en propiedad. A cambio de hipotecarla, el titular recibe una renta mensual que puede ser temporal, vitalicia o de disposición única. La devolución del préstamo hipotecario corre a cargo de los herederos, que deberán después decidir entre vender el inmueble o asumir la deuda.