El pacto político por Castilla y León prevé 250 millones para reforzar la sanidad

Con un espíritu de rearme de Castilla y León, una de las más golpeadas por el coronavirus,destacan los 250 millones de euros de inversión para el sistema sanitario; otros 728 en inversión social (periodo 2021-2025) y un fondo de 80 millones de euros para que las corporaciones locales fomenten la actividad y el empleo.

El Pacto por la Recuperación desgrana en cinco apartados unos compromisos con bastante declaraciones de intenciones y generalizaciones y no demasiados plazos de cumplimiento. En los 86 puntos recogidos en un documento de 17 páginas no se desarrolla un calendario de ejecución para unas inversiones que deberán verse reflejadas en el Presupuesto del Gobierno regional, prorrogado por segundo año consecutivo.

En sanidad se propone una inversión de 250 millones de euros para su «recuperación», destinado a paliar los efectos de la covid-19. Hay continúas referencias a lograr un nuevo modelo de Atención Primaria «ofreciendo el máximo nivel de calidad», aunque se mantiene la atención telefónica en los consultorios médicos para valorar las necesidades del paciente. Este ha sido el caballo de batalla entre la Junta y el PSOE las últimas semanas: mientras el líder socialista regional, Luis Tudanca, reclamaba la apertura de los consultorios médicos, el portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea, insistía en que no estaban clausurados porque había atención telefónica. El pacto da por ganada esta batalla al gobierno de coalición PP-Cs.

La inversión en sanidad apuesta, siempre en términos globales, por la mejora de las retribuciones, la recuperación de la actividad clínica, la elaboración de protocolos efectivos ante posibles situaciones de rebrote epidémico, más dotación en equipos médicos, UCI, unidades medicalizadas de emergencia (UME) y de soporte vital básico, sin detallar cómo se llevará a cabo ni cuándo ni por cuanto tiempo.

«Reforzar los dispositivos de salud pública mediante la contratación de profesionales de epidemiología y medicina preventiva», inversión en EPI (equipos de protección), nuevas estrategias de la mano de expertos y el compromiso de alcanzar el 7% del PIB en inversión sanitaria se incluyen en el documento que se firmará. Esa cifra acercaría Castilla y León a las ratios de países como Alemania (los germanos llegan al 8%).

La economía ('Recuperación de la economía y el empleo'. apartado II) pasa por un amplio e indefinido catálogo general y sin cuantificar con previsiones para la promoción industrial, recuperación de empresas o ayudas a pymes y autónomos. Todo ello en el marco de «medidas de choque en el marco del Diálogo Social».

La única cifra se encuentra en el programa 'Somos del campo', con 25 millones de euros «que operará como fondo de contingencia y buscará «atender las nuevas situaciones de la cadena alimentaria». El apartado se completa con planes para aplazar impuestos a autónomos y pymes «durante el estado de alarma», periodo que concluirá justamente este domingo, por lo que podría quedar sin efecto o tener carácter retroactivo porque tampoco se especifica.

La 'Protección Social' (apartado III) revisará la atención residencial y plantea aumentar «un 25% las plazas de responsabilidad pública en la presente legislatura», y una Ley de Atención Residencial. La elevada mortandad durante la pandemia llevó al presidente de la Junta a anunciar una ley para la que pedía el consenso de los grupos parlamentarios. El 25 abril, con 2.186 ancianos muertos en geriátricos, Mañueco reconoció que la covid-19 está siendo «especialmente cruel» con los mayores que viven en residencias y por eso se comprometió en las Cortes a cambiar el modelo.

La partida más amplia del 'Pacto por la Recuperación' aparece en el apartado IV ('Funcionamiento de los Servicios Públicos'). Incluye un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el periodo 2021-25 dotado de 728 millones de euros para planificar inversiones en infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social. Se adquiere el compromiso de instalar Centros Integrados de Formación Profesional (FP) en poblaciones rurales de tamaño medio; reducción de las tasas universitarias, convocatoria de becas para bachillerato, formación profesional y universidad. Y tres millones de euros para familias en situación vulnerable, pero destinados a equipos informáticos y conexión a internet. Todo ello junto a una nueva Ley de Ciencia y mejoras de tipo social y ecológico planteadas 'en bruto'.

En su quinto y último apartado ('Castilla y León en la financiación, en la España autonómica y en la Unión Europea') se acuerda «construir un fondo extraordinario covid-19 de 80 millones de euros (la mitad se transferirá a corporaciones locales) para fomentar la actividad y el empleo de forma directa. Uno de los puntos incluye la suspensión de la tramitación del Proyecto de Ley de Sucesiones y Donaciones, en lo que se entiende como una concesión del gobierno regional al rechazo que esta medida suscitaba en la oposición socialista.

Fue el 13 de mayo cuando se produjo el acercamiento político entre el PP y el PSOE. Fernández Mañueco recibió en la sede del gobierno autonómico al líder de la oposición, Luis Tudanca, para perfilar las líneas maestras del gran pacto para afrontar la reconstrucción de Castilla y León. Los líderes autonómicos de PP y PSOE ya fijaron entonces los cinco ejes generales sobre los que comenzar a trabajar. Los recelos del grupo mixto llevaron a Mañueco una semana después a dejar claro a las fuerzas minoritarias que la prioridad en la negociación era el PSOE.

Las presiones para cerrar el pacto de reconstrucción surgieron en el último pleno, el del 11 de junio. PP y Cs vinculaban las demandas del PSOE sobre tasas universitarias y convergencia interior a un acuerdo que Tudanca ya dijo que no apoyaría sin fondos, cifrados ahora en mil millones.