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El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha responsabilizado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la situación en la residencias durante la crisis sanitaria, en una declaraciones en las que incluyó en el mismo nivel la atención en los geriátricos de Castilla y León.
Iglesias, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, criticó el modelo de gestión de las residencias aseguró que lo que ha ocurrido en Madrid y en Castilla y León es «un auténtico escándalo, si no es un crimen».
En opinión del vicepresidente, «los ciudadanos no van a perdonar lo que hizo Ayuso y lo que se hizo en otras comunidades autónomas» y «se verá si no hay consecuencias penales», afirmó en el programa de TVE, según recoge Europa Press.
El vicepresidente insistió en calificar los hechos acaecidos en los centros residenciales de «gravísimos» y sacó a colación «la instrucción» en la que la comunidad de Madrid «prohibía trasladar a los ancianos a centros hospitalarios» por ser «ilegal e inmoral», en alusión a la filtración del borrador de un protocolo de actuación en las residencias que provocó el enfrentamiento en el seno del gobierno de coalición madrileño entre los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y Políticas Sociales, Iván Reyero.
Para Iglesias es «vergonzoso e indecente» que «alguien pueda hacer negocio con la salud de los mayores y después llevárselo a otros países». Y, en su opinión, el sistema de atención a las personas mayores es un servicio «enormemente precarizado y privatizado» que «ha demostrado ser ineficiente».
El máximo responsable de Podemos defendió un sistema similar al de países del norte de Europa con «atención domiciliaria que tenga la calidad suficiente y con los profesionales bien pagados y que estén trabajando en condiciones óptimas».
El vicepresidente recordó que el Gobierno central concedió 300 millones a las comunidades para contratar más personal y permitió a las autonomías que declararan al personal de los centros servicios esenciales y garantizasen distribución de los equipos de protección individual entre el personal. Pero insistió en que «el modelo no funciona».
La Junta de Castilla y León reaccionó ayer ante las duras críticas de Pablo Iglesias. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, lamentó las declaraciones del vicepresidente sobre las residencias de mayores de Madrid y de Castilla y León, ya que, según precisó «solo buscan la crispación y el enfrentamiento». La dirigente del PP calificó de «inaceptables» las palabras de Pablo Iglesias, al tiempo que manifestó que lo que busca es «tapar su propia responsabilidad y su incapacidad para gestionar los Servicios Sociales», como se ha puesto de manifiesto con el recorte de 1.000 millones de euros para los Servicios Sociales que anunció domingo el presidente del Gobierno, defendió la consejera de Familia e Igualdad.
«Un vicepresidente del Gobierno no puede atacar a dos comunidades únicamente por su color político, como se desprende de las declaraciones que ha hecho», rebatió Blanco, quien cree que Iglesias debería «buscar fórmulas de consenso que beneficien a todos los ciudadanos, que es lo que esperan de él los españoles».
La consejera consideró «inaceptable» y «totalmente injusto» el recorte de 58 millones de euros en los Servicios Sociales a la Comunidad, previsto por el Gobierno central en el fondo extraordinario no reembolsable para hacer frente a la covid-19, informa la agencia Ical. De ahí que la Junta haya pedido una «rectificación» en una carta enviada ayer mismo al vicepresidente del Ejecutivo de la nación y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias. El envío de la misiva y el intercambio de reproches a través de los medios de comunicación coincidieron en el tiempo.
Blanco lamentó que los mil millones de euros, inicialmente comprometidos por el Gobierno central para el conjunto del país, para paliar los efectos de la pandemia de la pandemia en los Servicios Sociales hayan desaparecido «de golpe» después de los cambios de criterios anunciados por Pedro Sánchez. «De ser un fondo destinado para los servicios sociales y sanidad, se ha olvidado, de nuevo, de los servicios sociales», remarcó la consejera.
«Sánchez habla de las personas mayores, la conciliación y la reducción de la brecha salarial para no dejar nadie atrás pero, en el momento de la verdad, se olvida de los más vulnerables. Queremos que cumpla su palabra», demandó Isabel Blanco.
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