Los nuevos contratos abaratan el 25% el coste del despido

Los cambios en la legislación laboral introducidos en diciembre de 2021, que suprimieron el contrato temporal por obra o servicio, han tenido como consecuencia un incremento en el número de trabajadores que tienen contrato indefinido, pero sus efectos no se han quedado ahí. Además de éstos, han aumentado de forma considerable las personas con contrato a jornada parcial, así como los fijos discontinuos.

A medida que crecen estos colectivos, se reducen las cuantías que se reciben en caso de despido, ya que en el modelo anterior los trabajadores con un empleo temporal no eran despedidos, sino que sus contratos simplemente se terminaban.

Del total de afiliados al Régimen General en la comunidad, en diciembre de 2021 tenían un contrato indefinido a tiempo completo el 49,5%, un porcentaje que en septiembre de este año había subido al 55%. A la vez, los indefinidos a tiempo parcial han pasado del 12% al 15% y los fijos discontinuos se han duplicado, del 1,5% al 3,6%.

En los últimos años, la cifra de trabajadores castellanos y leoneses afectados por conflictos individuales que derivaron en un despido con sentencia favorable y/o conciliación no ha experimentado gran variación. Entre los meses de enero y junio ha oscilado entre los 1.644 de 2019 y los 1.892 de 2022. En el excepcional 2020, cuando se prohibieron los despidos a las empresas que se acogieran a un ERTE, la cifra cayó a 974.

Lo que sí ha experimentado un cambio notable son las cuantías con las que las empresas indemnizan a los trabajadores que obtienen una sentencia a su favor. Cuando los jueces declaran un despido improcedente, condenan al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que tenía antes de producirse el cese. No obstante, el afectado puede optar entre el retorno a su puesto de trabajo o recibir una indemnización. La cuantía media de ésta en el caso de la comunidad fue de 9.799,50 euros en el primer semestre del año pasado, mientras que en el mismo periodo de este año ha sido de 7.284,80 euros, lo que supone una merma del 25,6%.

Las sucesivas reformas laborales que redujeron las indemnizaciones, la devaluación de los nuevos salarios y la reducción de la duración de los contratos explican los descensos que han ido teniendo las cuantías indemnizatorias.

Hasta el 12 de febrero de 2012, los despidos improcedentes conllevaban una indemnización de 45 días de salario bruto por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. Después de esa fecha, la compensación pasó a ser de 33 días por año, con un máximo de 24 pagas.

Por otro lado, la duración media de los contratos que se firmaron en España en el primer trimestre de 2023 fue de 51 días, la cifra más baja para ese periodo desde el año 2006, según el Observatorio de Adecco. Uno de cada tres contratos del mes de abril duraron un mes o menos, mientras que uno de cada cinco tuvieron una duración de una semana o menos.

La Estadística de Asuntos Judiciales Sociales que difunde el Ministerio de Trabajo pone de manifiesto que el número total de trabajadores afectados por conflictos individuales en materia de despidos fue de 63.710. De ellos, 40.197, es decir el 63%, se resolvieron a favor del trabajador, ya fuese con una sentencia o mediante una conciliación.

En el caso de Castilla y León, 610 trabajadores obtuvieron sentencia favorable y 1.107 terminaron con un acto de conciliación. La cuantía media por trabajador en materia de despido resuelto por sentencia favorable fue de 11.521 euros en el conjunto de España, mientras que los 7.990 euros de indemnización media recibidos por los castellanos y leoneses les situaron a la cola de la tabla autonómica, solo por delante de los castellano-manchegos. Los riojanos lideran la lista, con 18.129 euros. En los asuntos resueltos por conciliación, la cuantía media por trabajador fue de 8.728 euros en todo el país, frente a los 6.895 euros de la comunidad autónoma.

Para los sindicatos, la última reforma laboral fue un éxito al conseguir reducir la temporalidad y mejorar la calidad de la contratación sin afectar al dinamismo del empleo. Sin embargo, para UGT «sigue siendo necesario reformar las causas y el coste del despido para dotar de mayor estabilidad y seguridad las relaciones laborales, obstaculizando el recurso fácil al despido barato y recuperando todas las garantías que perdieron los contratos indefinidos con la reforma laboral de 2012».

Desde CC OO proponen «fijar una indemnización mínima por despido improcedente que vaya más allá de la mera antigüedad y que suponga una reparación y disuasión para las prácticas injustas».

En una mesa de debate sobre los retos del mercado laboral organizada por el Colegio de Economistas de Madrid el pasado 3 de octubre, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se refirió a una posible reforma del despido recordando que el tema no formó parte del pacto de la reforma laboral. «Por tanto, nosotros nos quedamos donde estamos», dijo. Garamendi indicó que «hay temas que están dentro del acuerdo» y la modificación del despido no es uno de ellos.