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La alerta permanente de las fuerzas de seguridad y su campaña de lucha contra el yihadismo ha permitido detener a nueve personas en Castilla y León en las siete operaciones desplegadas en la comunidad desde el año 2012, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, que cifra en 259 los detenidos y 134 las operaciones realizadas en el conjunto de España desde ese año 2012.
Las detenciones han tenido lugar en Valladolid (una, en septiembre de 2016), en la localidad abulense de Cebreros (otro arrestado) y en Segovia, que con siete detenidos se ha convertido en el punto de Castilla y León donde se ha detectado el mayor foco de radicalización.
Es la provincia de Castilla y León con mayor número de operaciones desplegadas desde 2002 (cinco), que se han saldado con siete detenciones. El 22 de abril de 2017, la Guardia Civil detuvo en un hostal de El Espinar a Hakem Mohk tar Abdallah, un ciudadano egipcio de 43 años sobre el que pesaba una orden internacional de detención, dictada por su posible pertenencia a una organización terrorista, con estrecha vinculación con una célula desarticulada en Hamburgo (Alemania) en 2002, encabezada por Mohamed Atta, integrante que estuvo detrás de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York. La investigación apuntaba a que el detenido había llegado a El Espinar en busca de financiación para el Dáesh. Así, los agentes detuvieron, 72 horas después, a un ciudadano marroquí de 49 años, y a otro de nacionalidad española, de 41, para esclarecer «su posible grado de implicación con las actividades empresariales desarrolladas por el ciudadano egipcio detenido» días antes. En abril de este año, el juez de la Audiencia Nacional dejó en libertad provisional (con medidas cautelares) a estas dos personas detenidas en El Espinar y Los Ángeles de San Rafael. Sí que envió a prisión al ciudadano egipcio, de acuerdo a la Orden Internacional de Detención que pesaba sobre él emitida por su país de residencia, Alemania.
También en Segovia, el 13 de diciembre de 2016 se procedía a la detención de un hombre, antiguo sicario de los GAL y ahora entregado a la causa yihadista, que preparaba una matanza de turistas. Quería inmolarse en un autobús cerca del acueducto.
En noviembre de 2015, una operación antiyihadista en el interior de la cárcel de Segovia permitió desenmascarar a A. Chiakhi, quien cumplía condena por violencia de género (sobre su mujer en Alzira) y que, según los agentes, intentaba captar a otros internos de prisión para que se unieran al Estado Islámico.
La Policía detuvo el 26 de septiembre a Ali Afarkhane, un hombre de 32 años, en el piso que ocupaba en la calle Arca Real, 35 (en Delicias) después de apreciar indicios de que en abril había viajado a Turquía para cruzar desde allí a Siria e integrarse en el grupo yihadista. El pasado 30 de enero, el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, decretó el procesamiento del detenido por delitos de intento de integración en grupo terrorista y autoadoctrinamiento (con vídeos y propaganda a través de Internet). Algunos de sus amigos comentaron en conversaciones telefónicas pinchadas la intención de Ali de marcharse a combatir. Ali, que trabajó durante un tiempo en una finca agropecuaria de Amayuelas de Abajo (Palencia), después de intenter sin fortuna atravesar la frontera turca, regresó a España. Fue detenido en Valladolid, donde llegó en agosto de 2016. Aquí estaba a la espera de obtener nueva documentación para residir y trabajar temporalmente en el país.
Las fuerzas de seguridad desarticularon el 13 de marzo de 2015 una célula, con base en Cataluña, Ávila y Ciudad Real, que «representaba una amenaza grave, concreta y continuada para la seguridad nacional». El grupo se dedicaba a difundir en castellano la propaganda más brutal de los yihadistas de Irak y Siria hasta captar muyahidines para atentar en territorio nacional. Interior destacó que estos detenidos, entre los que se encontraba Abdul, residente en Cebreros, «formaban una estructura perfectamente organizada» bajo los «dictados» del Estado Islámico, bajo la «coordinación» de un dirigente del Dáesh, quien desde Siria «tutelaba» las actividades de la célula. Abdul era conocido entre los vecinos de Cebreros, donde vivía desde hacía seis años, como el ‘Tata’. Casado y con dos hijos pequeños, había trabajado como barrendero en los planes de empleo del Ayuntamiento. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez mandó a todos los integrantes de la célula a prisión comunicada y sin fianza y les imputó tres delitos: pertenencia a organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y difusión pública de consignas terroristas y/o captación, adoctrinamiento y adiestramiento terrorista. El juez subrayó que algunos de ellos se encontraban en el paro y subsistían con medios «muy precarios, lo que ha contribuido aún mas a exacerbar su odio hacia la cultura y valores de nuestra sociedad». Esta célula –informa Mateo Balín– había creado un complejo entramado virtual mediante la creación de 52 perfiles sociales (en Facebook, Twitter, Google+ o Tuenti) que usaba en España la táctica del «terror informativo». El juez explicó que este método no sirve solo para exhibir material videográfico violento, sino que también es una «táctica de guerra» recurrente en las organizaciones terroristas yihadistas modernas para sembrar el pánico en las sociedades occidentales, «pues su objetivo es generar la idea de que toda reacción frente a este tipo de terrorismo conducirá a no estar seguro en ninguna parte del mundo».
A esta lista habría que sumar los seis islamistas detenidos en 2007 que utilizaban una carnicería de Burgos para enviar dinero a yihadistas presos en Marruecos.
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