Nueva repesca para las víctimas del aceite de colza

«Las ayudas que recogió un Real Decreto de 1981 se han modificado poco. Lo que seguimos reclamando es que se nos trate como al resto de víctimas (violencia de género, terrorismo)», explica la portavoz nacional de la Plataforma Seguimos Viviendo, Carmen Cortés.

Este colectivo nunca se cansa de recordar que las sentencias del Tribunal Supremo condenaron al Estado como responsable civil de que la falta de controles en consumo, multiplicara los efectos de la venta domiciliaria del aceite de colza adulterado para uso humano. Más de cuatro décadas después, la Seguridad Social reconoce 12.881 afectados, de los que 2.771 viven en Castilla y León, que es la segunda comunidad con más enfermos después de Madrid (8.698) y a gran distancia de Castilla-La Mancha (603).

Cortés participó el martes en la reunión con la jefa de Gabinete ministerial en la que también estuvo el presidente de la Asociación de Afectados de Salamanca y uno de los últimos líderes que quedan en Castilla y León, Miguel Ángel Sánchez. «El día a día sigue siendo un calvario y nuestras necesidades no están cubiertas», insiste este hombre de 52 años y con una discapacidad reconocida del 97%.

«Todo el mundo se acuerda de las víctimas del terrorismo o la violencia de género. Y está muy bien. Tiene que ser así. Pero nosotros no aparecemos en ningún sitio», lamenta este salmantino (Peñaranda de Bracamonte), al que el envenenamiento que sufre desde niño le arrebató a dos familiares directos y le ató a una silla de ruedas y la dependencia de por vida. Sánchez se gastó la indemnización pública en una casa adaptada. Otros muchos enfermos de la comunidad han tirado la toalla o viven con la angustia de lesiones que, con el tiempo, suman a su cronificación nuevas secuelas.

Por eso los enfermos tratan de arrancar al Gobierno central un nuevo real decreto que mejore las prestaciones en aspectos como la Ayuda Familiar Complementaria y a Domicilio, así como otras compensaciones. Un capítulo que debe incluir al Centro de Referencia Estatal para la Atención a las Personas con Enfermedades Raras (Creer). Existe uno en Madrid para toda España, pero las asociaciones reclaman una unidad similar en Castilla y León. «Ya le comentamos esta demanda al actual consejero en funciones de Sanidad de la Junta, pero queremos reunirnos con el que nombre el nuevo gobierno regional», explica Sánchez.

El 1 de mayo se celebra el 41 aniversario del inicio de una tragedia en la que Castilla y León, pero sobre todo Valladolid, sufrieron una de las mayores tasas de contagio de España. La venta fraudulenta de garrafas de aceite adulterado con anilinas provocó en la provincia más de 1.500 enfermos y 261 fallecidos. Las sentencias de los macrojuicios contra los aceiteros y los altos cargos, no cerraron las necesarias garantías de una vida digna para los enfermos.

La entrada en la sala Velázquez del Museo del Prado el 19 de octubre de 2021 de seis miembros de la Plataforma Seguimos Viviendo, entre ellos Cortés y Sánchez, dio la vuelta al mundo. Fueron esposados y desalojados después de burlar los controles de seguridad y desplegar una pancarta con el lema '40 años envenenados y condenados a vivir como en 1981 por el abandono del Estado'.