La nueva prórroga del presupuesto de Castilla y León dificultará el inicio de obras y proyectos a partir de enero

«Partimos de la idea de que la prórroga no se va a aplicar todo el ejercicio», asegura Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta, al tiempo que insiste en que los servicios públicos funcionarán «con normalidad». El primer efecto que tendrá la falta de presupuestos para 2020 es que los consejeros no podrán iniciar de forma automática proyectos de nuevo cuño. Tendrán que solicitarlos de forma expresa y reflejar de qué partidas replicadas del 2018 van a detraer el dinero para financiarlo. Eso dificultará el inicio de obras nuevas y la convocatoria de subvenciones que no figuraran en el último presupuesto que aprobó el Gobierno de Juan Vicente Herrera. Todo eso, siendo posible, tiene la etiqueta de excepcional en un escenario de gestión mediante cuentas prorrogadas.

Las primeras obligaciones de la Administración a la hora de pagar son las nóminas del personal y los intereses y amortizaciones de la deuda. Fernández Carriedo avanza que el decreto que regula la prórroga no declara partidas indisponibles para el gasto, que no se pueden tocar. Esto es algo que sí habría que hacer si avanza el año y Castilla y León sigue sin presupuesto de 2020.

«La premisa es que no perjudique a la prestación de los servicios públicos», apunta el consejero responsable de cuadrar las cuentas regionales. El consejero cita en este punto los gastos de la farmacia hospitalaria y de funcionamiento de los centros sanitarios, sociales y educativos, como la lavandería, la limpieza, los suministros, etc, las aportaciones a la enseñanza concertada y a las universidades o las cuantías que abona la Administración a las oficinas de farmacia por las recetas públicas.

La Junta no pone en cuarentena ninguna dotación desde el mismo 1 de enero, porque confía en aprobar presupuesto a lo largo del año. Cuanto antes. Para establecer los ingresos necesita datos concretos que debe facilitar el futuro Gobierno de la nación. Los principales son la cifra de los anticipos a cuenta del modelo de financiación autonómica (6.480,9 millones de euros de los 10.859 totales del presupuesto de 2018) y el objetivo de déficit y el límite de endeudamiento. «Si nada cambia, el déficit oficial que regirán en 2020 es el 0%, o sea, la estabilidad», recuerda Carriedo. A no ser que el Gobierno de la nación plantee flexibilizar ese objetivo y permita cerrar las cuentas con desviación, algo que llegó a barajar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El establecido para 2019 es del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB). Cada décima supone un margen de endeudamiento de 60 millones de euros. Que el gasto final sobrepase ese objetivo de déficit, conlleva ajustes para el año siguiente.

A esos datos de ingresos y exigencias de estabilidad presupuestaria, se añaden otras cuestiones que dependen del Gobierno central y de los presupuestos estatales (también siguen prorrogados los últimos de Mariano Rajoy) que repercuten en las cuentas autonómicas. Es el caso de la subida de las retribuciones de los empleados públicos o del Salario Mínimo Interprofesional. Este último tiene impacto en algunas partidas del presupuesto de Castilla y León, como son las aportaciones que la Junta hace a los salarios de los centros especiales de empleo.

A diferencia de las prórrogas de 2012 y 2017, la actual salta de legislatura con cambios en la estructura de Gobierno, por lo que en Economía y Hacienda han acometido una recodificación de las partidas trasladadas de consejería o que son gestionadas a la vez por dos consejeros distintos.

Hasta que todo eso se plasme en un proyecto de presupuestos y las Cortes de Castilla y León vuelvan a activar una maquinaria de tramitación, debate y votación oxidada tras dos años sin uso, las últimas cuentas que Herrera acordó con Cs en la pasada legislatura siguen vigente. Larga vida al presupuesto de 2018.