Castilla y León

Nueva oportunidad para la Ley de Derechos al Final de la Vida

El PP acaba de darle una nueva oportunidad en las Cortes de Castilla y León, y van tres para una regulación que atropellada por el adelanto electoral con el que Alfonso Fernández Mañueco rompió relaciones con Cs, en diciembre de 2021. Francisco Igea decidió en junio de 2022 recoger el texto que había aprobado la Junta siendo Mañueco presidente y él vicepresidente y plantear su tramitación como proposición de ley, paso que el pleno, con el apoyo del PP, refrendó en septiembre de ese año.

La norma, que recoge un refuerzo de los derechos exigibles ante un juez en la atención a pacientes en situación terminal o de agonía, superó hace unos días el trámite de la ponencia parlamentaria y encara el trabajo en comisión previo al debate y votación en el pleno.

Falta por ver en esta nueva etapa la posición que mantendrá el PP, grupo que preside la Comisión de Sanidad y que tiene la llave de los asuntos que se tratan en ella y que afronta la tramitación de la regulación con la singularidad de que retiró en septiembre todas las enmiendas que había presentado al texto (56) por un comentario que Francisco Igea publicó después de que los populares rechazaran medidas de prevención y tratamiento de la obesidad. Acompañó ese mensaje con una fotografía del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. En el grupo popular entendieron que se mofaba del consejero y tomaron la decisión de volar puentes con Igea. Como primera medida bloquearon la proposición de ley retirando las enmiendas que habían presentado.

Volvía así a la vía muerta una normativa que eleva a derecho exigible por los enfermos terminales y sus familias, bajo posibilidad de sanción a los profesionales, cuestiones que van desde recibir una información concreta sobre la enfermedad, su previsible evolución y los tratamientos, a decidir sobre la suspensión de estos o la sedación.

La regulación obliga a los sanitarios a informar al paciente sobre la posibilidad de disponer unas «instrucciones previas» en casos de fallecimiento previsible y combate la «obstinación terapéutica». La norma define lo que es como «la situación en la que a una persona que se encuentra en situación terminal o de agonía por un padecimiento grave e irreversible se le inician o mantienen medidas de soporte vital o se le realizan otras intervenciones carentes de utilidad clínica real, desproporcionadas o extraordinarias».

La reciente ronda de entrevistas del presidente de la Junta y los portavoces parlamentarios destensó la situación y propició la reactivación de la tramitación de ese texto, que sigue adelante con las enmiendas de PSOE, Por Ávila, UPL y Soria ¡YA! y Unidas Podemos. El PP, que era el grupo que más cambios planteaba (incluso en el nombre de la ley), se ve ahora en una situación anómala, con todo ese trabajo 'borrado' por propia iniciativa de la negociación y debate parlamentarios. Vox no presentó ninguna enmienda pese a que solicitó prórrogas de ampliación de plazo para hacerlo.

«No quiero pensar que el PP acabe votando en contra de un texto sobre el que ya votó a favor la pasada legislatura», argumenta Francisco Igea, en referencia a que es una normativa que impulsó el propio Mañueco desde la Junta en la etapa de la anterior coalición autonómica y que está redactada a imagen de la legislación estatal, que recibió en el Congreso el apoyo de 340 diputados, entre ellos los del PP.