El caso del no-sueldo de 100.000 euros de Juan García-Gallardo

Esto es lo que hace que todos los consejeros del actual Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco cobren más que el presidente, puesto que Mañueco es el único que no es funcionario.

Juan García-Gallardo cobrará lo mismo, en principio, que un secretario de Estado. Así lo refleja el decreto que fija los emolumentos del sector público para 2022, aprobado el 21 de enero. «Las retribuciones para el año 2022 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022».

Y esa ley desgrana así el sueldo de un «secretario de Estado y asimilados». 14.509 euros de sueldo, más 23.583 de complemento de destino y 36.799 de complemento específico. Divididas en doce pagas. Las extraordinarias de junio y septiembre incluirán, «además de la cuantía del complemento de destino mensual», 732 euros de sueldo.

Esto hace un total anual, bruto, de 80.286,64 euros.

Además, Juan García-Gallardo cobrará como miembro del equipo de Gobierno que es, además, procurador, por su asistencia a las sesiones plenarias, algo que no cobran los consejeros que no son procuradores, como Rocío Lucas, Isabel Blanco, Verónica Casado, Ana Carlota Amigo, Javier Ortega o Jesús Julio Carnero en la pasada legislatura. En un año corriente, como 2021, con dos periodos de sesiones completos, Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Fernández Carriedo, Ángel Ibáñez y Francisco Igea recibieron 7.040 euros por este concepto. Juan Carlos Suárez-Quiñones se quedó en 6.380 euros, lo que quiere decir que se ausentó de tres sesiones.

Este periodo parlamentario que se abrirá tras la toma de posesión será más corto de lo habitual, dado que comenzará casi en mayo. En 2021 el primer semestre, para la celebración de los plenos, terminó el 22-23 de junio. En 2020 acabó el 23-24 de junio. El Pleno se celebra en dos partes, los martes por la tarde y los miércoles por la mañana. Cada sesión se abona a 220 euros a los procuradores sin dedicación exclusiva y a los consejeros-procuradores. Entre septiembre y diciembre se suelen celebrar ocho sesiones plenarias. Podría haber cuatro ó cinco más desde que se forme el Gobierno hasta el parón estival, se pactará en las Cortes. A efectos crematísticos, Juan García-Gallardo podría añadir a su nómina de 12 a 13 plenos, de 5.280 a 5.720 euros.

Eso elevaría la retribución bruta anual de García-Gallardo a entre 85.566 y 86.006 euros este año.

Lo que tiene, a su vez, otro efecto. Y es que la «reducción del gasto político» que Vox presumió de abordar en las Cortes se verá mermada. Porque la normativa actual acota el número máximo de consejerías a diez, lo que no se ha tocado. A eso se suma el presidente. Y ahora, además, un vicepresidente que no es consejero, lo que deja al equipo de Gobierno en 12 miembros en lugar de 11. Los 300.000 euros que aseguraban haber rebajado el coste político en la comunidad, y que se cebaron con la oposición, se quedan así en torno a 220.000. A eso habrá que añadir el equipo que acompañe al vicepresidente, aún por definir. Y está por verse si el Tribunal Constitucional avala la petición del Grupo Mixto de que se atienda al artículo 25 del reglamento de las Cortes y se permita que recuperen el puesto de viceportavoz que siempre ha tenido y que la Mesa de las Cortes, con mayoría PP-Vox, decidió quitar.