La norma de Concordia que Vox impone en Castilla y León aún no tiene calendario

«Lo importante es que la norma quede bien». Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, aludía así a la futura regulación sobre Concordia, cuyo inicio de tramitación comprometieron Vox y PP en su pacto de gobierno en Castilla y León para antes del 30 de junio, un texto que aún no se ha decidido si será ley o decreto y sobre el que el dirigente autonómico no dio, tras el Consejo de Gobierno de este jueves, calendario de trabajo.

Responsables de Vox y de PP se han reunido en las últimas semanas para avanzar en este normativa, que Juan García-Gallardo impuso, junto con la futura Ley de Violencia Intrafamiliar cuyo inicio de tramitación está fijado para antes del 31 de julio, a los populares sin que haya habido avances significativos, según confirman fuentes próximas a esa negociación. Como se echaba encima el plazo, a última hora de la tarde de este miércoles Presidencia de la Junta remitió una nota sucinta en la que, en seis líneas, daban por iniciada la tramitación de la «nueva normativa sobre reconciliación» que «integrará toda la regulación en la materia de concordia, como elemento para la reconciliación, evitando cualquier intento de quienes tratan de utilizar la historia para dividir a los españoles». Afirmaban en esa comunicación oficial que el Ejecutivo de coalición «cumple con los plazos» de los compromisos acordados y emplazaban a las «próximas semanas» para conocer «detalles» de la regulación.

Sobre el papel, compromiso cumplido. En la práctica, no. Técnicamente, el inicio de la tramitación de una regulación comienza cuando se anuncia en el espacio de Gobierno Abierto que se va a elaborar una normativa y se invita a la ciudadanía a hacer sugerencias. Así se hizo con la futura ley que rebajará el IRPF en el tramo autonómico y casi suprimirá el precio de las licencias de caza y pesca, tras el primer Consejo de Gobierno de Mañueco y García-Gallardo. Ese paso no se ha dado aún con la normativa sobre «concordia». Las respuestas que ofreció el portavoz de la Junta describían trabajos previos, a nivel interno, desde una perspectiva en la que «la historia sirva como elemento de unión, nunca como un elemento de división, desunión o para buscar distanciar», apuntó Carlos Fernández Carriedo.

El Gobierno autonómico no sabe aún si fraguará en un proyecto de ley, con tramitación en las Cortes, o en un decreto que apruebe directamente la Junta y tampoco si esa futura regulación derogará por completo o parcialmente el Decreto de Memoria Histórica y Democrática que Juan Vicente Herrera impulsó en 2018 y que está en vigor en este momento. Para este último tuvo Carlos Fernández Carriedo una valoración elogiosa, destacando un aspecto «muy positivo desde el punto de vista humano» como ha sido el apoyo a las exhumaciones de fosas comunes y a las identificaciones de los represaliados del Franquismo que fueron enterrados en ellas. Carriedo avanzó que la futura normativa «no va a restar derechos, ni capacidad ni poner en entredicho ese lado humano» del decreto autonómico vigente.

El portavoz de la Junta aseguró que aspiran a que la regulación que impulsen PP y Vox buscará que se sientan «cómodos» no solo los dos socios del gobierno autonómico, «sino la mayor parte de los ciudadanos de la comunidad». Avanzó que el texto tendrá «una perspectiva integradora». Algo que el consejero del PP echa en falta en la regulación nacional sobre Memoria Democrática que impulsa el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, sobre la que dijo que Bildu aporta un relato «ofensivo» de la historia española obligando a Pedro Sánchez a asumir que «la dictadura llegó hasta la época de los gobiernos de Felipe González».

Sobre la futura ley estatal, el portavoz del gobierno de coalición de Castilla y León garantizó que la Junta cumplirá con todo lo que sea legislación básica, «incluso si no gusta».

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