Los municipios de Castilla y León dispondrían de 407 millones si prestan sus 1.162 de remanentes al Gobierno

Todo ello después de que Conrado Íscar, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid (PP), calificara dos días antes este decreto como «expropiación». Arropado por la representatividad de los 160 alcaldes que el PP tiene en la provincia, lo llamó «chantaje» porque «solo aquellos que cedan sus remanentes podrán acceder al fondo de cinco mil millones que destinan los ayuntamientos para hacer frente a la covid». Los que no quieran, decía, «no recibirán dinero para ayudar a paliar la crisis del covid entre sus vecinos».

Esa es una de las grandes reticencias que presentan quienes se oponen a firmar. En Castilla y León, según el listado facilitado por la propia Delegación del Gobierno, hay 1.554 municipios con remanentes de tesorería, desde el Ayuntamiento de Valladolid, con 56 millones de euros, hasta Encina de San Silvestre, en Salamanca, que acumula unos ahorros de 116,1 euros. Es decir, que 700 ayuntamientos que carecen de remanente se quedarían sin poder acudir a ese fondo de 5.000 millones si no se modifican las condiciones pactadas.

«Papá Sánchez nos quiere quitar la hucha y a cambio nos da una propinilla», se quejaba Conrado Íscar. Y Javier Izquierdo, la cara gubernamental en la comunidad autónoma, insistía. «Son los remanentes del año 2012 a 2018, que están en los bancos. Si mañana se convalida el decreto ley habrá una posibilidad de utilizarlos en una cifra importante, 407 millones de euros en Castilla yLeón», explicaba.

«Es una situación forzada por el Gobierno anterior, que obligó a los ayuntamientos a dejar todo su remanente en el banco. Si no se aprueba, seguiremos como estamos y los ayuntamientos seguirán sin poder disponer de estos remanentes», alegaba Izquierdo. Es decir, que la disyuntiva de un ayuntamiento como el de Valladolid, el que más dinero guarda, es la siguiente: quedarse con los 56 millones de euros en el banco y seguir engrosándolos con los superávit que se puedan producir hasta que se cambie la normativa; o entregárselos al Gobierno y recibir, a cambio, 19,6 millones de euros entre 2020 y 2021, asegurándose que los 56 millones prestados regresarán a sus arcas en plazos durante los próximos 15 años.

Los ayuntamientos de Castilla y León cederían –si todos lo hicieran– 744 millones de euros y recibirían como compensación adicional 260 millones (además de recuperarlos a largo plazo). En el caso de las diputaciones provinciales, aportarían 418 millones de euros y recibirían 147 como bonificación.

«Aquí no hay ninguna incautación de los remanentes a los ayuntamientos», le lanzó Izquierdo a «los mensajes llegados desde algunas instituciones gobernadas por el PP». Mensajes cuyo efecto se conocerá este jueves, cuando se proceda a votar en el Congreso de los Diputados.