Los municipios de Castilla y León piden un fondo directo para afrontar la crisis del coronavirus

La Comisión de Gobierno de la FRMP, reunida este lunes de forma telemática, ha aprobado un documento con veinticuatro medidas extraordinarias para que los 2.248 municipios de Castilla y León puedan paliar los efectos económicos del Covid-19, preservar la actividad económica y el empleo y reactivarlos una vez superada la fase de emergencia, según ha informado la entidad en un comunicado.

La FRMP ha agradecido la labor que están realizando las entidades locales en esta coyuntura y destacado que es imprescindible «contar con unos recursos financieros acordes» para paliar las consecuencias de esta crisis, teniendo en cuenta que la caída de la actividad está provocando una caída en los ingresos.

Por ello, ha elaborado un documento con medidas que permitan una financiación sostenida y acorde con estas circunstancias excepcionales sobre la base de la defensa de la autonomía local, la coordinación entre todas las administraciones y la participación de todos los agentes involucrados.

En materia financiera ha insistido en la necesidad de flexibilizar la regla de gasto de forma que los superávit generados por los gobiernos locales, especialmente los del ejercicio 2019, se puedan destinar a atender la emergencia social, y pide una prórroga de los plazos para poder ejecutar las inversiones sostenibles financiadas con cargo al superávit de 2018.

Piden también que se garantice la financiación ordinaria de las entidades locales y que la administración autonómica financie de forma adecuada los servicios sociales prestados por las corporaciones locales como la ayuda a domicilio o la teleasistencia.

La Federación considera también que «las entidades locales deben ser partícipes de los fondos extraordinarios» y que si el Gobierno de España ha constituido uno de 300 millones para las competencias de las comunidades autónomas, las locales deben tener uno «igual y directo».

La FRMP considera que es más necesario que nunca comprometer un incremento importante de la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad, que llegue directamente a los ayuntamientos, de forma que el nivel de transferencias de la Comunidad a los ayuntamientos se aproxime a la media española.

También piden al Estado que devuelva las cantidades que debe a las entidades locales por la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al mes de diciembre de 2017.

El mismo documento recoge una serie de medidas para «proteger y reactivar» el empleo y la economía en los municipios de Castilla y León, como la adopción de fondos o planes de ayudas económicas y sociales, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, que tengan como destinatarios a ayuntamientos y diputaciones, para apoyar a las familias, autónomos, comerciantes y empresarios.

A la Junta de Castilla y León le solicitan un plan de promoción, estrategia comercial e innovación dirigido al pequeño comercio y pymes; cuantías complementarias en las prestaciones de ERTE tramitados a consecuencia de la COVID-19; y que proteja a los desempleados que no perciben ningún tipo de prestación o subsidio.

Superada la crisis, se propone la creación de un Fondo de Reactivación de la Economía y el empleo local; dinamizar la economía y el empleo con Planes de Industrialización y ayudas autonómicas para la contratación de trabajadores desempleados; apoyo económico a empresas de sectores estratégicos en Castilla y León; y líneas de ayuda para invertir en la digitalización.

En cuanto al empleo en el sector público, la FRMP solicita que se elimine la tasa de reposición para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes, y que se considere la pandemia como una situación de grave peligro para que puedan adquirir bienes, servicios y suministros, mediante la tramitación de emergencia