Las muertes por accidente laboral aumentaron un 13,4% hasta noviembre en Castilla y León

El 28 de diciembre moría en La Bañeza un empleado de la fábrica de madera Hijos de Gaspar Rosa tras quedar atrapado en un torno para desenrollar madera. Ese siniestro, al igual que el un ganadero sepultado por una paca de paja en Baltanás (Palencia) el 11 de diciembre y el de un agente medioambiental fallecido en Salamanca el día 14 del mismo mes se sumarán en el cómputo anual a las 52 víctimas mortales contabilizadas el pasado año entre enero y noviembre a falta de que la Junta detalle la estadística con el ejercicio completo.

Con los datos conocidos de enero a noviembre, las muertes por causas laborales han aumentado un 13,4% con relación al mismo período del año anterior, en el que perecieron 45 trabajadores. También hasta noviembre del pasado año se registraron en las nueve provincias de la región 24.311 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral (835 más que en que el mismo periodo en 2021) y 411 enfermedades profesionales con baja. Castilla y León cerró el año pasado el ejercicio con 940.479 trabajadores.

«La tendencia es al alza y las causas son multifactoriales, la primera y fundamental, la relajación de las empresas en cuanto a cumplimiento de la normativa de prevención; hay factores de carga de trabajo con jornadas interminables, estrés por horarios y ritmos de entrega... todo esto influye», apunta María Fe Muñiz, secretaria de Salud Laboral de UGT Castilla y León.

Del total de accidentes mortales, se han registrado cinco en el sector agrario, seis en industria, nueve en construcción y 26 en el sector servicios (talleres, transporte, comercio, turismo). «A día de hoy la Junta no tiene unos objetivos muy definidos en materia de salud laboral, hay que poner al servicio de inspección en primera fila para que controle y desarrolle toda su capacidad; hay que exigir políticas más serias y comprometidas», alega Muñiz.

Por provincias, Valladolid se sitúa a la cabeza de la siniestralidad autonómica con diez fallecidos, seguida por Burgos con nueve; León, Palencia y Salamanca con cinco cada una, Soria(4), Segovia (4), Ávila (2) y Zamora (2). El resto de accidentes laborales con seis víctimas mortales se produjeron 'in itinere'. En el desplazamiento a los centros de trabajo se registraron hasta 2.276 accidentes, de ellos 2.241 calificados como leves, 29 como graves.

«La Junta tiene competencias para hacer un seguimiento de prevención de riesgos laborales y asesorar a las empresas, por eso exigimos que se intensifique su compromiso y no se reduzcan medios, como esa pasando», aduce Fernando Fraile, secretario de de Salud Laboral de CC OO..

Observa Fraile que en las nueve provincias hay dispersas más de 160.000 pequeñas empresas que carecen de representación sindical y, por tanto, de delegados de prevención. A mayores, censura la nueva política de la Junta de Castilla y León, «que se centra en destruir lo se había construido en veinte años y no ha aportado nada en materia de riesgos laborales. Reprocha que desde la Consejería de Industria, se han suspendido programas de visitas a empresas en los que participaban técnicos de organizaciones sindicales y empresariales. «Esos programas instaurados en 2003 lograron reducir la siniestralidad un 40% desde que se implantaron; hacen falta más recursos, más inspección para llegar a más sitios y no suprimir como está haciendo la Junta».

Fernando de la Parte, considera que el incremento de la mortalidad laboral se debe «a los accidentes cardiovasculares, infartos o ictus, que no tienen relación directa con las condiciones de trabajo; en los infartos existen factores de riesgo que afectan a todos y el momento del infarto es caprichoso, te puede dar en el trabajo o en casa». Apunta que hay tres tipos de accidentes que encabezan las estadísticas: «Los cardiovasculares, por tráfico y caídas; lo que va a hacer la Consejería es incrementar los programas y subvenciones, una de ellas, para reducir caídas en altura con la retirada de placas de amianto en naves; también vamos a sacar ayudas para planes de bienestar en empresas apoyados por nutricionistas, psicólogos y terapeutas, además de ayudar en la compra de desfibriladores. Los sindicatos están agresivos por el recorte de subvenciones, defienden programas que no han dado resultado».

• Temas
• Junta de Castilla y León
• Castilla y León
• Accidentes laborales