Las monjas rebeldes de Belorado acusan a Iceta de exigirles «las llaves del monasterio»

Las monjas del monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) volvieron a arremeter ayer contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y acusaron a la delegación enviada el jueves por el Comisario Pontificio de «irrumpir de forma no autorizada» en el monasterio y «exigir» las llaves y la documentación del mismo «a viva voz, sin documento alguno que lo avale». Asimismo, arremetieron contra el arzobispo por «usurpar su representación legal accediendo al control de las cuentas bancarias», a las que dejaron de tener acceso el pasado 4 de junio, según informa Ical.

En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, las monjas de Belorado señalan que una delegación formada por la secretaria de la Federación de Clarisas, el apoderado del Comisario Pontificio y el notario del Tribunal Eclesiástico, se personó en el monasterio «para exigir la entrega de las llaves y la documentación del monasterio, incluyendo hasta las nóminas», así como para citarlas a declarar ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos, para defenderse «por un delito de cisma, con amenaza de excomunión en caso de no acudir al mismo».

«Aprovechando una visita autorizada recibida en el locutorio, han irrumpido en el mismo de forma no autorizada el secretario de Mario Iceta, la secretaria Federal, y el apoderado de don Mario», continúan las monjas en el escrito. «Exigían llaves y documentación del monasterio, y que la secretaria federal pudiese entrar en el mismo, todo ello de viva voz, sin documento alguno», añaden.

Asimismo, indican que durante la visita les ofrecieron una ayuda económica «puesto que han usurpado la titularidad de las cuentas corrientes, dejándonos sin acceso a los fondos obtenidos con nuestro trabajo, y donados por nuestros benefactores».

«Previa a la entrada al locutorio, ya habían sobrepasado la prohibición de entrar en propiedad privada que figura a la entrada del perímetro del monasterio», afirman las clarisas, que publican también una imagen en la que se puede ver el cartel de 'Propiedad privada. Prohibido el paso' que hay a la entrada del monasterio. Señalan así que ante tales hechos «se conminó a los visitantes inesperados a abandonar las dependencias» y añaden que en el caso del apoderado del Comisario Pontificio «fue necesaria la presencia de la Guardia Civil para conseguirlo». «Realmente nos resulta difícil calificar todos estos hechos como signos de paciencia y diálogo», concluyen.

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