El Gobierno precisa que solo ha aplazado la Estrategia de conservación del lobo

Fuentes del Ministerio han asegurado a Europa Press que en la reunión del Comisión de Patrimonio Natural y Biodiversidad de este lunes solo se acordó posponerla hasta una próxima cita que tendrá lugar en los primeros días de diciembre, con la intención de recoger algunas sugerencias planteadas por las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y las organizaciones ecologistas.

En todo caso, recuerdan que a pesar de este aplazamiento sigue sin estar permitido cazar lobos en el conjunto de España porque la especie ya está incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que supone que ya no es cinegética. Y esta orden está vigente desde finales de septiembre, cuando fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Así, aseguran que los planes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la conservación del lobo siguen adelante.

Según estas fuentes ministeriales, en la reunión de este lunes el departamento que dirige Teresa Ribera pidió posponer el debate sobre el borrador de la estrategia del lobo porque no dio tiempo de llegar a la reunión con un texto integrado que recogiera algunas de las sugerencias planteadas a última hora --algunas el mismo lunes-- por las comunidades autónomas, las organizaciones ecologistas y las organizaciones profesionales agrarias durante la ronda informativa y de contactos mantenidos con todos los interlocutores desde que les fuera remitido el borrador.

La intención que traslada el MITECO es la de buscar el máximo consenso posible para aprobar la Estrategia antes de final de este año con el objetivo de que a partir del 1 de enero esta sea la herramienta de gestión de la especie de modo que se logre vertebrar la coexistencia con la ganadería extensiva en todas las comunidades autónomas con presencia de lobos.

Dicha estrategia desarrollará para todas las comunidades autónomas cuestiones como los baremos de tasación de daños, los procedimientos para agilizar las reclamaciones y el pago de las compensaciones, entre otras cuestiones que resolvía cada comunidad autónoma.

Igualmente la estrategia dejará constancia del compromiso de la Administración General del Estado para ayudar a los ganaderos a proteger sus explotaciones, y para corresponsabilizarse del pago de las indemnizaciones de los daños por ataques para mejorar el apoyo y el trato que ahora reciben los ganaderos de extensivo en toda España.

Sin embargo estas cuatro comunidades autónomas, que agrupan el 98 por ciento de la población de lobo ibérico en España, reclamaron la retirada de ese documento al considerar que «carecía del mínimo rigor técnico» y que «se construyó sobre una decisión unilateral adoptada por el Ministerio y sin contar con el consenso de las comunidades que albergan a la especie». Para las cuatro, el borrador partía de la premisa de un estatus legal de la especie que está actualmente en litigio, al tiempo que sus contenidos podían vulnerar el régimen competencial autonómico.