La mitad de las aguas de Castilla y León, contaminadas por nitratos

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha publicado en su web los mapas de zonas con alta concentración de nitratos para que la ciudadanía tenga por fin acceso al mapa de aguas afectadas. Esta cartografía (disponible en el geoportal del Miteco), destaca que Castilla y León es una de las tres regiones más afectadas de España.

Unos datos que ya hizo públicos la propia Junta. En la comunidad, la quinta parte de su superficie agraria útil (20% del total) estará incluida a partir de este mes en una nueva normativa de protección para tratar de reducir el riesgo del exceso de nitrato. Se trata de 24 zonas vulnerables y 387 municipios que ocupan entre todos el 15% de toda la superficie de la región (unos 14.000 kilómetros cuadrados).

La visión de estos mapas muestra una gran mancha de contaminación en el centro de Castilla y León con especial incidencia en una gran área que une las zonas de pinares de Valladolid, Segovia y parte de Ávila. La 'zona cero' sería la comarca de La Churrería (Segovia y algo de Valladolid), pero también la zona de Arenales (Ávila), el campo de Cuéllar o los Páramos-Esgueva.

La Consejería de Medio Ambiente admite que el nivel de referencia de aguas afectadas se ha reducido de 50 mg/litro a 37 mg/l. «Obligará a extender de manera muy significativa la extensión de las zonas vulnerables».

Los agricultores deberán adaptarse a un nuevo programa de actuación de zonas vulnerables. En Medio Ambiente insisten en que el gran problema está en los fertilizantes y no en las macrogranjas, ya que «hay extensas zonas contaminadas donde no hay granjas de tamaño grande».

Esto significa que tendrán que hacer frente a «planes de fertilización de sus tierras teniendo en cuenta las demandas de nitrógeno y fósforo que tienen sus cultivos y los aportes reales que necesitan en cada fase de crecimiento», según explican desde la Consejería de Medio Ambiente.

De hecho, el Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL) ha creado la aplicación Sativum que permite al agricultor «calcular fácilmente las dosis que su cultivo necesita». Además, la Consejería trabaja en un estudio sobre la contaminación con «técnicas isotópicas» para conocer con precisión el origen de los focos. Además de que en esta legislatura revisará las «condiciones ambientales mínimas que han de cumplir todas las granjas».

El objetivo es luchar contra los excesos de nitratos que, según cálculos ministeriales, se superan en 25 kilogramos por hectárea en la región. Las estadísticas de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejan el uso de casi 120.000 toneladas de nitrógeno al año en la región. Además del exceso de kilos por hectárea, supone un gasto inútil y pernicioso de 23 millones de euros.

Los riesgos ante esta situación se han visto reforzados por el informe de Greenpeace 'Amenaza invisible: la contaminación del agua por nitratos' que denuncia que el 70% de las aguas subterráneas analizadas en Castilla y León por su propia Red Ciudadana de Vigilancia están contaminadas.

«No basta con declarar zonas afectadas por nitratos -explica su coordinador agrario, Luis Ferreirim-. Hay que ir a la raíz de la ganadería y la agricultura intensivas». Esta organización recuerda que España ni siquiera reaccionó ante el anuncio de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de infracción en 2018. Y, que, ante la «inacción de las administraciones», decidió en diciembre llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La propia Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) advierte en su plan 2022-2027 de que «el problema de la contaminación por nitratos afecta a numerosas masas de agua, ya que 359 masas superficiales (51% del total) y 39 subterráneas (60% del total) presentan una presión potencialmente significativa». La CHD admite que todo esto «dificulta» los objetivos de la Directiva de Nitratos, que puede llevar a España a sufrir una severa multa de la justicia comunitaria.

Greenpeace recuerda que Castilla y León «es la comunidad con el mayor censo vacuno y la tercera en porcino». Desde 2015, fecha en la que comenzaron las advertencias, la cabaña porcina ha crecido más de 19% y supera ya las 4,2 millones de cabezas. La de vacuno roza los 1,5 millones con un incremento del 12% en cinco años. Por eso, Ferreirim, reclama «una moratoria a la ganadería industrial y un plan que paralice la cultura de las macrogranjas para reducir en un 50% la ganadería intensiva en 2030».