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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pretende aprobar un Real Decreto de apoyo al sector del vino con el que, entre otras cuestiones, quieren retirar dos millones de hectolitros mediante la destilación de crisis, es decir, convirtiendo el vino en alcohol.
El reparto establecido, ... 0,5 millones de hectolitros para los vinos amparados por una denominación de origen y 1,5 millones para el resto, es una distribución que ya de entrada no ha gustado al sector de Castilla y León pues se entiende que benefician a los vinos que están fuera de esos marchamos de calidad que es por lo que destacan los caldos regionales. El precio fijado para cada litro amparado por una DO es de 0,40 euros mientras que para el resto, es de 0,30 euros. El aspecto económico, que sumando todas las medidas propuestas alcanza los 84,9 millones, también parece «insuficiente».
Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, destacó que las ayudas ministeriales «son totalmente insuficientes y además tratan por igual a todos los vinos: los que son de denominaciones de origen con calidad y los vinos de mesa sin ninguna o muy poca calidad».
Entre las medidas que recoge el proyecto está, además, el almacenamiento propuesto por las bodegas y las denominaciones, que aspiran a retirar otros dos millones de hectolitros entre 6 y 12 meses. No se puede olvidar que el 60% de los vinos de calidad van a parar al canal Horeca, el de la resturación, que a día de hoy está cerrado.
Como tercera medida, se financiará la cosecha en verde, con el objeto de destruir producción.
Aurelio González, coordinador de la Alianza UPA-COAG, consideró que se trata de «una oportunidad para quitar productos del mercado y se mantengan un poco los precios». Jesús Manuel González Palacín, secretario regional de UCCL, concluyó que las medidas «están pensadas más para vinos de mesa que para los de calidad».
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, confirmó que su departamento ha hecho una serie de alegaciones a ese Real Decreto que propone el Ministerio entre las que se incluye el incremento en el almacenamiento de crisis, «que haya más», insistió.
Carnero reclamó factores correctores de distancia en relación a las destilerías porque para los productores de la región el transporte, supone un coste añadido.
«Queremos que se incremente el importe a pagar por almacenamiento de vino y que la vendimia en verde tenga un pago mínimo en el conjunto del territorio nacional».
Su percepción es que todas esas medidas «por sí solas no solucionan el problema pero todas unidas pueden favorecer que se amortigüe».
Las cooperativas de la región, a través de Urcacyl, se han posicionado sobre la medida y su gerente, Jerónimo Lozano, coincidió con el resto del sector en que «el presupuesto es insuficiente; se prima a los vinos de fuera de denominación tanto para la destilación como para el almacenamiento y necesitamos que se apoye el transporte hasta las destilerías».
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