Las empresas de Castilla y León pagan 31 millones de euros por emitir gases invernadero

Un drástico descenso que solo se explica por el progresivo cierre de las centrales térmicas de León y Palencia, que han pasado de ser los mayores contaminadores a 'desaparecer' del mapa industrial.

Cuando finalice abril se habrá terminado el periodo 2013-2020 de aplicación de los compromisos de la comunidad internacional en la lucha contra los excesos de gases. Un sistema que incluyó la asignación de topes de emisión para cada empresa y la obligación de acudir al mercado mundial para comprar a otros lo que no gastaban y cubrir así los excesos. Una especie de bolsa de subasta de derechos. El 'Wall Street' de la polución.

La comunidad tiene una participación escasa en los porcentajes nacionales. Así, España emitió en 2019, último año auditado (el 2020 se conocerá el próximo mes), más de 109 millones de toneladas de CO2 de las que son responsables unos mil complejos industriales. De esa cifra, Castilla y León apenas genera 3,94 millones (3,6% del total). Los controles de la Junta de Castilla y León registran que 56 industrias de Castilla y León participan en este sistema.

En virtud de los acuerdos internacionales, el ministerio español asigna unos topes gratuitos para «incentivar el cumplimiento y mejora de la eficiencia», explican fuentes del departamento de la ministra Teresa Ribera. Cuando una empresa supera esas cotas debe acudir a las subastas de derechos en virtud del desarrollo de los acuerdos de lucha contra el cambio climático de Kyoto (1997), refrendados en París (2015). El Gobierno las reguló por ley desde 2005.

Ese año los volúmenes de emisiones eran enormes. En Castilla y León se superaron los 20 millones de toneladas. La ley hizo caer progresivamente esos topes hasta bajar, por primera vez el años pasado, de los cuatro millones.

Pero España sigue siendo uno de los países más 'remolones' en cumplir con la atmósfera. Aún emite el doble de toneladas respecto a la cota que le marcan esos compromisos. Lo que se traduce en elevados gastos para cumplir. La industria participó en 146 subastas en las que se tuvo que gastar 1.245 millones de euros para adquirir unos 50 millones de toneladas. Sin embargo, el último informe oficial dice que esta cifra «supone una disminución del 45% respecto al año 2005».

«Y eso que el Gobierno hace algunas trampas ya que los compromisos que se aplican ahora son en realidad del 2012», denuncia el responsable de Clima y Cambio Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

En todo caso, el menor 'músculo' industrial redujo mucho la factura a la comunidad. El Estado concedió a sus 56 industrias afectadas 2,7 millones de toneladas gratis en 2019. Con este cupo pudo cubrir el 68,4% de los casi cuatro millones que lanzó al cielo. Pero tuvo que acudir al 'rescate' de 1,24 millones de más.

Y esa 'bolsa' de derechos funciona igual que la de valores, con precios que fluctúan en función de la demanda. El pasado año se situaron en 24,73 euros por tonelada, lo que obligó a la región a gastarse esos 30,90 millones.

La comparativa con 2018 muestra un gran descenso. Aunque los derechos asignados fueron similares (2,7 millones de toneladas), la polución rozó los 7 millones. Entonces emitieron sus últimas bocanadas las grandes térmicas de Páramo del Sil, Velilla del Río Carrión o Compostilla.

Era un sector sin margen de maniobra ya que ninguna empresa de generación eléctrica tiene cupos gratuitos como el resto ya que «son firmas que trasladan el precio de su reducción de gases a los consumidores en su factura de la luz», recuerdan las fuentes consultadas en el ministerio.

De estos costes, llama la atención la industria de Valladolid que, en contra de la tendencia regional, tuvo que gastar 5,78 millones de euros para cubrir a sus siete empresas. Es un 44% más que el año anterior (3,25 millones de euros) para una de las provincias con más baja participación en este 'mercado de humos': apenas un 5% del total regional.

En el 'despiece' de datos de la provincia se percibe un muy equilibrado balance entre asignaciones y excesos en grandes plantas como Renault o Acor. La gran diferencia la pone la planta de cogeneración de combustible de Iberdrola en Michelin Valladolid (Energyworks Vit Vall).

Una instalación en la que el ministerio verificó la emisión de casi 170.000 toneladas de CO2 en 2019 (algo más de un millón desde 2013) y que no tiene derecho a cupos gratuitos. Desde su instalación, esta planta ha sido objeto de múltiples denuncias de los ecologistas para que se modifique su autorización ambiental. Ecologistas en Acción llegó a denunciar ante la Junta de Castilla y León que «como consecuencia de la ausencia de filtros, los límites de emisión a la atmósfera propuestos para los óxidos de nitrógeno son más de 20 veces superiores a los asociados a las mejores técnicas disponibles».

El cierre de este primera fase del mercado de emisiones 2013-2020 coincide en España con la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que iniciará su ciclo parlamentario después de Semana Santa. Será un documento clave que debería llevar a España a alcanzar la llamada neutralidad ecológica (balance cero en la producción de energía limpia) en 2050. Pero, como toda la política ambiental, llegará tarde en relación con las medidas que ya han adoptado otros países.

Su aprobación coincide además con los datos de un año tan atípico como el pandémico 2020. Se estima que el brusco parón de la economía nacional ha reducido las emisiones en un 17,9%, la mayor registrada nunca en un solo ejercicio.

Salvo sorpresa de última hora, la nueva ley exigirá a la gran industria nacional un mayor esfuerzo, ya que deberán bajar sus emisiones en otro 23% antes de 2030. Siempre según los datos de 1990, que es el 'techo' sobre el que se toman todas las referencias a nivel mundial.

Esta nueva ley coincidirá con un endurecimiento de los criterios del mercado de emisiones para el periodo 2021-2026. «A partir de ahora todas las empresas tendrán que demostrar los criterios de lucha contra la contaminación y se penalizarán los arrastres de periodos anteriores», explica Javier Andaluz. También desde el Ministerio de Transición Ecológica argumentan que «cada vez se darán menos derechos de emisiones, hasta que no se permita nada».

La ley de oferta y demanda está provocando un alza de los 'deseados' bonos que en las últimas semanas han rozado los 40 euros por tonelada. «Es la única forma de incentivar la mejora de los procesos industriales para no contaminar y no vivir siempre de pagar a otros», razonan en el Miteco.