Alfonsa Bonafonte, Tomás Pérez Urueña y Miguel Holguín, durante la rueda de prensa en UGT. Rodrigo Jiménez

UGT denuncia que «el informe de la Junta sobre la gestión del covid en las residencias revela caos, descontrol y dejadez»

El sindicato insiste en que dimita la consejera de Familia y los responsables de Servicios Sociales «porque el modelo fracasado que estalló en marzo sigue en octubre, hay una segunda ola y los problemas son los mismos»

M. J. Pascual

Valladolid

Lunes, 5 de octubre 2020, 13:58

«El informe de la Consejería de Familia es un monte lleno de trampas», ha indicado el doctor Miguel Holguín, secretario de sanidad de UGT Castilla y León, a propósito del documento de más de 200 páginas presentado por Isabel Blanco para justificar la gestión de la Consejería de Familia y que, a su juicio, «da la impresión de un total caos, descontrol y dejadez que pone los pelos de punta». Tras estudiar dicho informe, ha afirmado este médico de urgencias que solo el 38% de las páginas se dedica a explicar las actuaciones de la Junta y «el final feliz, una suerte de resumen donde no se mencionan fallos y se ha hecho todo perfecto». Señala incluso que «se hacen trampas al solitario» a la hora de reflejar los datos sobre el número de residencias de Castilla y León (700) y las plazas de financiación pública (el 90% de 48.698, 38.667 plazas) utilizando un informe del Imserso de diciembre de 2018 que da otro porcentaje inferior, porque «lo cierto es que la Junta no ha elaborado su propio registro de usuarios de plazas residenciales, la consejera no sabe cuántos residentes hay en Castilla y León».

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Con el «bosque de cifras», indica el secretario de sanidad de la federación de servicios públicos ugetista. «lo que se pretende es esconder la realidad de que solo el 26% son de titularidad pública y el 73,9 son privadas y, de ese 26%, solo el 9% están gestionadas directamente por la Junta, porque las otras, de ayuntamientos y diputaciones, están gestionadas por empresas privadas y fondos de inversión, son negocio».

Inspecciones

Holguín señala que además que «con la que ha caído en todos estos meses solo se hayan abierto por parte de Servicios Sociales 10 procedimientos de sanción« a residencias y, «en seis meses, de 15 de marzo a 15 de septiembre todavía queden 200 centros residenciales sin inspeccionar«. Respecto de los centros intervenidos por la Junta, «solo se ha intervenido en seis centros, todos pequeños y casualmente de ninguna constructora».

La conclusión, según UGT, es que «según este informe la culpa de la mala gestión del covid es del Gobierno central y de que hay muchas plazas de residencias en Castilla y León y no hay atisbo de asunción de responsabilidades, así que estamos condenados a sufrir la repetición de errores de la primera ola».

Por ello solicitan la dimisión tanto de la consejera, Isabel Blanco, como de su equipo de Servicios Sociales, «por la gestión nefasta y la nulidad de un sistema que instauraron y defienden». El secretario general de servicios públicos del sindicato en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, recordó que «llevamos más de 20 años denunciando un sistema que no sirve y que, sin no cambian quienes toman las decisiones, no va a cambiar el modelo: el modelo que estalló en marzo sigue en octubre, hay una segunda ola y los problemas son los mismos«. Insistió en que, de 700 residencias de ancianos, solo 18 son »100% públicas! y esa es la raíz.

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Alfonsa Bonafonte, secretaria de servicios sociosanitarios, apostilló que en las residencias «hay falta de control, de seguimiento, de vigilancia, de medidas de protección y de que los planes se cumplan, porque, entre otras cosas, no se está contratando personal».

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