Carlos Fernández Carriedo: «Es mejor no tener presupuesto que tenerlo condicionado por partidos locales»

-Puesto que en el gobierno de la Junta hay continuidad en la cartera de Economía y Hacienda, ¿debemos esperar continuidad también en las políticas que ya conocemos?

-Los tiempos son distintos y los retos, diferentes. Hoy tenemos problemas que no teníamos hace solo unos años. Pero es verdad que la gran filosofía de lo que piensa el Gobierno de Castilla y León en materia económica sigue vigente: quien crea empleo son las empresas, hay que apoyar a pymes y autónomos, apostamos por la innovación y el desarrollo tecnológico, es bueno bajar impuestos para facilitar la inversión y el crecimiento y que la formación y la cualificación es base más un empleo más seguro y mejor remunerado.

-¿Cómo de distinta es esta crisis?

-La de 2008 fue esencialmente financiera, la de 2020 tuvo un origen sanitario y ahora estamos hablando de una crisis de oferta con una inflación alta, costes energéticos, carencia de materias primas, dificultades de acceso a algunos insumos y riesgo de que se vayan retirando algunos de los estímulos implantados por el BCE, con riesgo de subida de tipos de interés. Cada crisis exige medidas diferentes, pero llevan aparejadas las mismas consecuencias: problemas económicos para muchas familias y empresas y, detrás, personas que sufren.

-Tiene como vecina la Consejería de Empleo e Industria, que es también cercana en cuanto a las materias que les competen, con nuevo inquilino que es de otro partido que dice no querer saber nada de políticas continuistas, ¿ya han hablado de sus coincidencias y de sus discrepancias?

-Coincidimos en la esencia, que es la importancia de las pymes y los autónomos, de una política que confíe en la iniciativa de las empresas, la importancia de bajar impuestos… un sector público eficiente y poco endeudado, todo con el objetivo último de crear empleo.

-¿Y en qué discrepan?

-En materia económica, cambian tanto las cosas y son tales los desafíos que hay que estar en diálogo constante. Somos conscientes de que nos esperan acontecimientos que no esperamos, como puede ser enfrentarnos a una crisis de alguna empresa que nos obligue a tomar decisiones que hoy no tenemos en mente. La legislatura no está escrita, se han planteado las grandes líneas de acuerdo y actuaremos en función de lo que cada ocasión demande.

-¿Se avecina la desaparición de muchas empresas?

-La pandemia ha cambiado las cosas. Hace falta más digitalización y más innovación. Las empresas deben tener capacidad de adaptación al cambio. Las que piensen que nada ha cambiado y quieran funcionar en 2022 en las mismas condiciones que en 2000 tienen un mal futuro. Hay que ayudar a las empresas en este proceso de mejorar su competitividad y mejorar la cualificación de los trabajadores. Lo que pase con la economía de Castilla y León es la suma del conjunto de muchos desafíos individuales.

-¿Hace falta dedicar más esfuerzos a la tarea de atraer empresas o inversiones de fuera, o concentrarlos en ayudar o salvar a las de aquí?

-Las dos cosas. La prioridad es no perder ni un solo empleo de los que tenemos hoy. Para eso, las empresas que tenemos tienen que crecer. Para ello tenemos un plan con fondos para pymes con financiación en condiciones muy ventajosas. A la vez, es muy importante que las empresas que buscan un lugar donde asentarse sepan las ventajas que tiene hacerlo aquí. En esto tenemos experiencia, incluso en los últimos meses. Estamos captando inversiones porque los inversores valoran la capacitación de nuestros trabajadores, la experiencia de algunos sectores productivos, la capacidad de una red de proveedores de determinados productos… Hemos visto casos en todas las provincias: una empresa de edulcorantes en Arévalo, otras del automóvil en Soria, en León hay proyectos vinculados a los sectores farmacéutico y metálico, en El Bierzo hay otros vinculados a la transición económica… Y está el caso de Switch Mobility en Valladolid, una empresa que va a crear empleo y va a consolidar el sector de la automoción, del que Castilla y León ya es líder en capacidad productiva. Se trata de un proyecto de que podrá sacar partido toda la cadena de suministros del sector, que en nuestra comunidad cuenta con empresas auxiliares que trabajan no solo para los fabricantes de aquí sino para los de comunidades vecinas.

-Escuché su discurso de legislatura. Fortalecer el tejido empresarial, la reindustrialización, digitalización e internacionalización… Son prioridades que llevamos oyendo desde, si me lo permite, los tiempos de Juan José Lucas. ¿No se han conseguido los resultados esperados y ahora toca… qué?

-Hay que seguir profundizando. Nosotros fuimos quizá muy innovadores dentro de España en utilizar el término competitividad y vamos obteniendo resultados. Pero tenemos que seguir avanzando en esa dirección. No podemos olvidar que Castilla y León exporta hoy más de lo que importa y tiene un saldo comercial positivo. Pero el mundo ha cambiado, es más global, todo es más difícil. Nos hemos situado entre las cinco comunidades con mayor inversión en I+D sobre el PIB. Son retos en los que llevamos años trabajando: presencia en los mercados, innovar, tener una financiación adecuada, suelo disponible y capital humano muy formado.

-Las empresas posibles receptoras de fondos europeos no parecen muy satisfechas de cómo va la circulación de estas ayudas. Se habla de diferentes ritmos según sean los programas y de que hay partidas que no se cubren. ¿Podría resumirnos con claridad el estado de la cuestión?

-La mayor parte de los fondos que van a las empresas los está distribuyendo el Gobierno a través de los PERTE. De los once anunciados se han convocado dos (el de automoción e hidrógeno verde) y hay bastante retraso. Castilla y León tiene asignados algunos recursos en materia de modernización de los servicios públicos y algunas otras convocatorias que ya hemos sacado. Algunas tenían inicialmente cierta complejidad y se han cambiado y ampliado, como las de autoconsumo energético, con una convocatoria de 38 millones de euros y buenas perspectivas. A pesar del retraso del Gobierno, en Castilla y León estamos recuperando el tiempo perdido y los recursos que estamos tramitando superan los 620 millones de euros de fondos exclusivamente Next Generation. A ellos hay que sumar otros 1.200 millones, que son 900 de la PAC y 300 de fondos estructurales de inversión. En total para este año, Castilla y León tiene ya en su presupuesto más de 1.800 millones de fondos europeos. Y los datos públicos de ejecución presupuestaria de las comunidades nos situaron el año pasado entre las de mayor grado de cumplimiento.

-Un año más, y ha habido ya no sé cuántos quizá usted lo recuerde, la comunidad no tendrá Presupuesto y funcionará con la prórroga del anterior. Esto en un momento de previsibles grandes cambios en algunas partidas, por mor de la crisis y de los recursos adicionales. ¿Cuáles son los inconvenientes con los que piensa que van a tener enfrentarse?

-Tenemos en Presupuesto del año 21. Está vigente y estamos en el primer año de la prórroga. No hay riesgo de que la prórroga dilate la ejecución de los fondos y en los primeros cuatro meses ya hemos hecho una incorporación importante de créditos y de fondos. Incluso de haberse aprobado el presupuesto que presentamos el año pasado para 2022, desde finales de 2021 hay muchos hechos nuevos que contemplar. Aunque hubiéramos tenido la mayoría para aprobar el Presupuesto, hoy tendría que tener reconsideraciones concretas por los nuevos acontecimientos. Una de ellas, la de bajar los impuestos para ayudar a los hogares por las nuevas dificultades.

-¿No ve como una anomalía no tener presupuestos?

-Lo mejor sería tenerlo, pero peor que no tenerlo hubiera sido tener uno condicionado por acuerdos o cambios fundamentales por parte de partidos de ámbito local, con exigencias que hubieran desconfigurado el presupuesto de sus finalidades necesarias. Por suerte, ahora tenemos en Castilla y León una mayoría parlamentaria suficiente como para sacar adelante un próximo presupuesto.

-¿Tienen también más libertad de movimiento para actuar con más discrecionalidad?

-No, no. La normativa es la misma. La posibilidad de introducir cambios es la misma. Es algo que pasa todos los años en las comunidades, o en el propio Estado.

-Lo de tener que depender de partidos locales parece una tendencia creciente en España, ¿lo ve como un problema?

-Quizá hay una excesiva fragmentación y desde el punto de vista económico no es bueno, porque genera inestabilidad. En esta legislatura, el Gobierno de Castilla y León tiene mayoría parlamentaria y vamos a escuchar al resto de partidos políticos, pero tenemos por suerte una base sólida con la que trabajar para buscar lo mejor para el interés general. No tenemos aquí la presión del Gobierno de España por parte de partidos minoritarios.

-¿Qué posibilidades hay de que la España de las autonomías cuente con un nuevo sistema de financiación? Y si hay que seguir con el mismo toda la legislatura, como ya tantas otras, ¿cómo va a perjudicar a Castilla y León?

-Seguimos insistiendo en que es urgente. El actual sistema data de 2009 y tenía que haberse reformado hace tiempo. No llega para financiar la sanidad, educación y servicios sociales. Es un modelo que se aprobó en plena crisis, pero ignorándola. La importancia de contar con financiación suficiente para los servicios públicos esenciales ha quedado demostrada con la pandemia. El sistema nació injusto para Castilla y León y ahora, además, está anticuado. Independientemente de que el Gobierno decida abordar una financiación nueva, nosotros en Castilla y León seguiremos aportando nuestra financiación para seguir teniendo servicios de calidad, la mejor educación de España, el mejor sistema de dependencia, uno de los mejores de servicios sociales y estamos en el grupo de comunidades que más aporta al presupuesto sanitario. Pero el esfuerzo es muy grande: hay más de 1.000 millones de euros de diferencia entre las entregas a cuenta, que no llegan a 7.000 millones, y lo que cuestan realmente esos tres servicios públicos. No es dinero del Gobierno, es de los impuestos que pagan los ciudadanos.

-Si subir los impuestos en época de crisis puede terminar por asfixiar a los ciudadanos, bajarlos, que es la apuesta del PP, tampoco está exento de riesgos, como la caída de la recaudación en un momento en que hacen falta recursos públicos. ¿Lo tienen en cuenta?

-A veces se plantea una dicotomía entre tres factores que a veces pensamos que son contradictorios, pero no lo son. Hay quien dice que hay que elegir entre bajar impuestos, tener buenos servicios públicos o tener bajo endeudamientos, como si fueran cosas a elegir. En Castilla y León hemos demostrado que podemos conseguir las tres cosas a la vez. Estamos entre las comunidades con menos impuestos de España, entre las menos endeudadas y entre las de mejores servicios públicos. No es cuestión de elegir, sino de gestionar bien. A otras comunidades les ocurre lo contrario y vemos que aunque suben impuestos, cada vez están más endeudadas y no tienen mejores servicios públicos. Al final, bajar impuestos es apoyar a las familias y al tejido económico, que pueden destinar más dinero a gastar o invertir. Aunque bajemos los tipos de gravamen, el aumento de las bases imponibles hace que aumentemos la recaudación porque se generan más hechos imponibles. Gran parte de las donaciones que se han hecho por la eliminación del impuesto luego se convierten en inversiones que generan el pago de Transmisiones Patrimoniales.

-Han prometido bajar el IRPF para acercarse a la tarifa de Madrid, que es la mínima. ¿Será una bajada selectiva por rentas, beneficiará más a unas que otras?

-Va a ser una bajada para todos y beneficiará más a las rentas medias y bajas. Al bajar el tipo mínimo de gravamen, todas las personas que tributan por IRPF se van a ver beneficiadas, pero más cuanto más bajas sean las rentas.

-Castilla y León es desde hace años la comunidad con más beneficios fiscales para su gran mundo rural. Aun así, es de las que más sufren la despoblación. ¿Hay que replantearse el problema una vez más, o aboga por mantener la estrategia?

-Somos conscientes de que el mundo rural tiene problemas para fijar población en España, Europa y a nivel mundial. La población se fija en las grandes ciudades y las zonas de costa y aquí no tenemos ni una cosa ni la otra. Pasa en EE UU y en Canadá. Pero no debemos perder la perspectiva de las oportunidades que tiene el mundo rural, que también la pandemia ha puesto de manifiesto; donde está la economía real, la producción agroalimentaria, la agricultura de calidad… estamos convencidos de que se puede crecer y crear empleo en el mundo rural. Debemos tener una visión global porque Europa no puede crecer solo desde las grandes ciudades, sino desde la igualdad territorial. Es una de las lecciones del brexit: que el mundo rural británico no le veía ventajas a Europa.

-Una de las quejas más reiteradas por las empresas tiene que ver con la «dureza» de las inspecciones de trabajo en Castilla y León, que dicen llega a motivar fugas de localización. Es competencia de Empleo, departamento que usted conoce bien, y además es usted portavoz de la Junta así que, ¿qué tiene que decir al respecto?

-La Inspección de Trabajo es una competencia del Estado y la Junta solo colabora. Creo que se quejan de que, por uno u otro motivo, en Castilla y León hay una mayor cobertura en las plazas de inspección, que están ocupadas casi en su totalidad. Sucede a diferencia de otras comunidades, donde no hay tantos inspectores y por eso, menos inspecciones. Es algo que hemos trasladado en repetidas ocasiones al Gobierno.

-La plantilla de la Junta tiene firmado un acuerdo por el que iban a recuperar las 35 horas laborales hace tres años. Los sindicatos están dispuestos a dar la batalla en los próximos meses, ¿o no tendrán que llegar a hacerlo?

-Ofrecimos a las organizaciones sindicales un plazo para implantar las 35 horas de los empleados públicos y no lo aceptaron. Prefirieron ir a un ejercicio de presión legítimo, con huelga incluida. Luego vino la pandemia y el agravamiento de la crisis. El contexto actual impone otras necesidades y hay que ir acompasando objetivos. Cada sector piensa en su objetivo, pero nosotros tenemos la obligación de pensar de manera global. Pero lo consideramos uno de los desafíos que queremos abordar en esta legislatura. Esperamos sensibilidad en los sindicatos para llegar a acuerdos.

-Tampoco es su responsabilidad directa, pero conoce bien el Diálogo Social, tantos años exhibido como «seña de identidad» y «modelo de éxito» y ahora en la picota por parte de su vecino de consejería. ¿Qué se nos escapa de la trastienda del modelo de concertación social de Castilla y León?

-La Junta va al ámbito del Diálogo Social con el ánimo de llegar a acuerdos positivos para la gente de esta tierra. Tenemos experiencia en pactar medidas que son útiles y nuestra intención es que así siga sucediendo.

-¿Hay subvenciones opacas a los agentes sociales?

-Siempre tenemos la obligación de evaluar las políticas públicas y examinar en qué medida cada área tiene su cantidad adecuada. Además de llegar a acuerdos que mejoren la vida de trabajadores y pymes, no dudo que los agentes sociales compartirán con la Consejería de Empleo que las políticas deben ser evaluadas.

-Le he oído varias veces decir que en 2022 recuperaría la economía el estatus de 2019. ¿Alguna revisión que hacer a estas previsiones?

-Seguramente creceremos menos de lo que pensábamos hace medio año, cuando se hicieron las últimas previsiones. Lo que no cambia es que seremos de las primeras comunidades en alcanzar el nivel de PIB previo a la pandemia. Porque estamos en fase de recuperación y porque tenemos menos que recuperar porque perdimos menos que los demás en la pandemia. En 2020 tuvimos una recesión muy importante, del 7,9%, pero a nivel nacional fue de 10,8%. Ya tenemos más empleo que antes y creo que alcanzaremos el PIB previo entre las comunidades de cabeza.

-¿Este año?

Nos queda el 36% y el objetivo es recuperarlo este año, aunque no cumplamos la previsión de crecimiento del 4,9% a final de año.