El megavatio es poder

A la factura que la compañía eléctrica carga en la cuenta del banco, los castellanos y leoneses sumamos como comunidad un coste social y ambiental por el que estas compañías tributan en otras autonomías. Y lo que pasa con los embalses va camino de reproducirse con los parques eólicos. Es evidente a quién beneficia esta situación, solo hay que seguir el rastro del dinero. De dónde sale y adónde llega, impulsado por una regulación enrevesada que juega a favor de las eléctricas a costa de la economía de familias y empresas. Con un bien básico.

Los políticos que gobiernan, da igual el carné que tengan, son tibios frente a las grandes compañías. Sea con la factura de la luz y Ricobayo o con el trazado de la Autovía del Duero por la Ribera, paralizado durante lustros entre Valladolid y Peñafiel a la altura de Vega Sicilia que, por encima del prestigio de sus vinos, exhibía el músculo del Grupo Eulen. ¿Recuerdan la imagen de la familia de Azarías y su milana bonita, en 'Los Santos Inocentes', durante las cacerías de los señores? Pues eso viene a ser, en moderno, la factura de la luz.

Francisco Igea afeaba hace unas semanas a las grandes firmas energéticas que tributaran en otras comunidades por la energía que generan en Castilla y León. Decía que la Junta estaba «molesta». No es nuevo. Cuando Iberdrola decidió clausurar la central térmica de Velilla, en Palencia, en octubre de 2017, Juan Vicente Herrera acusó a la eléctrica que dirige el salmantino Ignacio Sánchez Galán de «falta de corazón». Por entonces, Endesa e Iberdrola, dueñas de Garoña, optaron por cerrar la central. Un desengaño para el PP de Castilla y León que tanto peleó por que estas empresas pudieran seguir con su actividad.

La respuesta de la Junta fue diseñar un tributo como castigo a la ingratitud de las eléctricas. Ese impuesto, que unió a PP y Podemos en las Cortes, gravaba las varillas de uranio que la central usaba como combustible. Los primeros votaron a favor por despecho y los segundos se abstuvieron por ideología. Fue un impuesto con exceso de víscera y falta de entendimiento jurídico. Lo avisaron el Consejo Consultivo y los propios letrados de la Junta, que pusieron una larga lista de reparos al texto. El resultado fue un fiasco con retardo. El Constitucional anuló el tributo y la comunidad tuvo que devolver en agosto de 2020 los 28 millones que había recaudado y pagó otro millón más en intereses a unas eléctricas poderosas. Es el mundo empresarial y los adyacentes.