Los médicos de Familia rechazan los sustitutos de verano sin MIR

No hay titulados vía MIR en las bolsas de empleo para sustituciones, por lo que los planes apuntan a las acumulaciones de agendas y a contrataciones menos rigurosas.

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, semFYC, y las 17 organizaciones científicas federadas de Medicina Familiar y Comunitaria que la integran, manifiestan «su más rotunda oposición a la contratación de personas que acaban de terminar el Grado en Medicina para la realización de suplencias en plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, especialmente en consulta ordinaria de Atención Primaria y en servicios de atención continuada».

Este modelo contractual suele reproducirse en numerosas zonas en todo el país, cada año especialmente durante los meses de verano. Y Castilla y León no es una excepción.

Estas organizaciones recuerdan que tales contrataciones suponen «una flagrante ilegalidad respecto a lo dispuesto en el Real Decreto 931/1995, de 9 de junio, por el que se dictan normas en relación con la formación especializada vía MIR y el 904/2001, de 27 de julio, por el que se unifican las convocatorias, además de la Directiva 86/457/CEE, de 15 de septiembre, del Consejo de las Comunidades Europeas, que establece la necesidad de dicha formación específica para el ejercicio de las funciones de médico general en los regímenes públicos de Seguridad Social».

Rechazan estas sociedades científicas la justificación para este tipo de contrataciones en la carencia crónica de personal facultativo en determinadas especialidades (pero especialmente en Medicina de Familia) y que, frente a esta situación de excepcionalidad, «han decidido impulsar medidas con el objetivo de que sus servicios de salud dispongan del número de profesionales suficientes para cubrir las necesidades de la población».

Indican asimismo que, en algunos casos, «se sigue apelado a la visión de la excepcionalidad sostenida mediante el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo» por la pandemia pero recuerdan que «quedó derogado de forma automática y, según lo previsto en su propio articulado, doce meses después de su entrada en vigor y ante la decisión del Ministerio de Sanidad de no prorrogarlo».

Aseguran que ahora «no existe una situación especial imprevisible, sino que nos encontramos «ante un déficit en la planificación por parte de las consejerías y administraciones sanitarias en recursos humanos, así como de menoscabo en la implantación de nuevos modelos organizativos».

Asimismo, califican de «un claro menosprecio hacia el conjunto de jóvenes médicos de Familia, especialistas vía MIR, a los que cabría ofertar contratos de calidad, con condiciones laborales dignas, sin precariedad». Del mismo modo, «significa la devaluación de la especialidad a ojos de los médicos residentes, y el consiguiente desprestigio de esta disciplina para los estudiantes universitarios. Ninguna administración pública tendría la veleidad de contratar a personas recién egresadas para el desempeño de actividades clínicas en el entorno hospitalario», aseguran. La situación «es grave», añaden, «por la falta de consideración de las administraciones hacia la situación actual de la Atención Primaria, así como de capacidad para incorporar medidas organizativas innovadoras que den respuesta a la situación actual».

Valora además este colectivo que «supone un riesgo en la seguridad del conjunto de pacientes, así como del desempeño en la Atención Primaria dado que, sin haber completado el proceso de adquisición de las competencias de la especialidad, el conjunto de futuros facultativos no disponen de los conocimientos necesarios para pacientes en muchos casos con multimorbilidad y complicaciones» Una situación, valoran, que «puede abrir las puertas a posibles errores clínicos con consecuencias imprevisibles».

Asimismo, añaden que esta situación supone un riesgo para el conjunto de personas graduadas en Medicina sin especialidad y de profesionales no homologados, ejercer en plazas perfiladas para las que no cuentan con la formación reglamentada suficiente. Se trata de una cuestión vinculada a la seguridad jurídica de los profesionales responsables. Esto atañe incluso al hecho de que algunos de ellos puedan realizar la actividad asistencial en consultas de médicos tutores de residentes. Y se puede dar el caso que tutoricen a residentes de cuarto año con más competencias que ellos mismos».

Además recuerdan que «una vez más la necesidad de implantar nuevas fórmulas de gestión para dar respuesta a las necesidades de personal durante los meses de verano. El periodo vacacional de los equipos supone cada año un punto de inflexión en la presión asistencial, y contribuye a agravar un problema».