Los médicos de Castilla y León destacan la falta de material como principal error en la gestión del virus

El aprobado por los pelos que recibe el departamento liderado por Verónica Casado ve cómo la nota final ha quedado lastrada por la mala puntuación (un tres) que los profesionales sanitarios de la región (médicos, enfermeros, auxiliares...) han otorgado a la gestión realizada a la hora de comprar material de protección con el que dotar a los hospitales y centros de salud.

Es el gran punto negro en la respuesta a la crisis, de acuerdo con las conclusiones del informe 'Los profesionales sanitarios frente a la Covid-19. La reforma del Sistema Nacional de Salud', elaborado por la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS) a partir de 2.495 encuestas a trabajadores de toda España. Castilla y León (con 272 participantes) es, después de Madrid (797) la segunda comunidad con mayor implicación de médicos y enfermeros a la hora de contribuir con el estudio, por delante de territorios más poblados, como Cataluña (240) o Andalucía (209).

«Es una muestra pequeña respecto al total de profesionales que hay en la comunidad, pero es evidente que la gestión en la compra de material fue uno de los grandes problemas de la pandemia», dice el doctor José María Soto, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos(CESM) en Castilla y León. «La crisis del coronavirus pilló totalmente desprevenida a la Consejería de Santidad», argumenta Soto. De hecho, el fin de semana del 14 y 15 de marzo, cuando entró en vigor el estado de alarma, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, hizo un llamamiento a «instituciones, empresas y particulares» para que, a través del teléfono 012, se ofrecieran para donar material a la sanidad pública (desde mascarillas hasta batas o gafas antisalpicaduras) como síntoma de esa desprotección inicial durante los primeros embates de la pandemia. Ya días antes, el 9 de marzo, en previsión de lo que se venía encima, Sacyl solicitó al Gobierno central catorce mil mascarillas FFP2, siete mil FFP3 y doce mil del tipo quirúrgico.

El Ministerio intentó liderar entonces (con la compra centralizada) la adquisición de ese material, pero, a los pocos días, el martes 17, devolvió las competencias a las comunidades, para que fueran ellas las que salieran a los mercados internacionales (ya entonces muy desabastecidos) a proveerse de EPIs o mascarillas. «Esa falta de materiales fue una de las causas evidentes del contagio que sufrieron muchos profesionales», asegura Soto.

Los datos actualizados de la Consejería de Transparencia dicen que, desde principios de marzo, se han hecho 20.093 pruebas PCR entre los profesionales sanitarios de Castilla y León (han llegado al 46,35% de los trabajadores). De ellos, 2.399 dieron positivo. El 5,53% de los profesionales (celadores, auxiliares, administrativos, personal en formación) resultó contagiado, con porcentajes superiores entre enfermeros (6,35%) y médicos (7,18%). Por territorios, la situación fue más delicada en aquellas provincias donde en seguida se encendieron las luces rojas por la alta transmisión comunitaria, como Segovia (13% de los profesionales contagiados), Soria (9,55%) o Ávila (8,99%). En el otro extremo, Zamora (1,82%). Valladolid (4,45%) y Palencia (4,80%) se sitúan en valores ligeramente por debajo de la media.

Los sindicatos ya alertaron entonces de que, por ejemplo, el 65% de los enfermeros carecieron, durante los primeros compases de la crisis, de equipos de protección. La semana pasada, Médicos Sin Fronteras publicaba otro informe en el que atribuía estas altas tasas de contagios a la «indudable falta» de equipos, a la ausencia de «supervisión y formación en medidas de prevención y control de la infección», así como a la escasez tanto de pruebas de diagnóstico como de personal, «y por tanto de descansos, lo que propició un uso incorrecto de los equipos de protección». El sindicato Satse se sumó a la petición para que las administraciones se doten de material «suficiente» para proteger a los profesionales ante una nueva ola.

Desde aquellas difíciles semanas de marzo y principios de abril hasta ahora, las compras de suministros han sido «constantes y continuadas», según afirman desde la Junta. Destacan además que la región cuenta hoy con 400 respiradores más para hacer frente a la temida segunda ola. Además, se sumaron 28,3 millones de artículos EPI durante la pandemia. YCarlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, aseguró a finales de julio que, la pasada primavera, la Consejería de Sanidad destinó 74,9 millones a la compra de medicamentos y productos sanitarios para hacer frente a la enfermedad.

Esta falta inicial de recursos ha sido una constante en casi todo el país, según recoge la encuesta de la Fundación IMAS. El 31% de los profesionales aseguran que no dispusieron de equipos de protección suficientes cuando los necesitaron. Del 69% restante, más de la mitad (54%) no pudo contar con ellos hasta dos semanas después del estado de alarma. El 70% entienden que no hubo recursos suficientes para identificar a los compañeros que se habían contagiado. «Hubo un déficit total de test diagnósticos», rememora José María Soto. «La situación fue tan aplastante que hubo transmisión comunitaria entre los profesionales», añade.

Y lanza una alerta: esa crítica que se hizo entonces a los test insuficientes y a la falta de materialse dirige ahora hacia la carencia de rastreadores. «Debería haber más. Es el gran problema que tenemos ahora en la gestión de los brotes. Son necesarios más rastreadores, mejor organizados y con más herramientas informáticas. Lo que nos ha demostrado la pandemia es que lo más importante es localizar el brote, cerrarlo y acotarlo. El déficit ahora está en los rastreadores», insisten desde la Confederación Estatal de Sindicato Médicos.

Esta falta de previsión en la adquisición y provisión de material tira a la baja la nota final que recibe la Consejería de Sanidad, que es valorada con un aprobado (cinco sobre diez)por los participantes en el informe. Mejor nota obtienen los departamentos de salud de La Rioja, Murcia, Galicia yAsturias. Yuna nota mucho más baja es la que los profesionales asignan al Gobierno central, que es objeto del suspenso de todas las comunidades salvo Galicia. La nota más generosa (un notable, 7, en la media del país) es la que recibe el servicio hospitalario y la dirección de los diferentes centros de salud.

Entre las propuestas para el futuro, los participantes en la encuesta consideran necesario enfocar la atención a la salud pública y comunitaria, con rastreos preventivos, test a sospechosos de contagio y detección precoz de los infectados.