La evolución de Vox en el medio rural amenaza la hegemonía del PP

Las elecciones de 2019, en las que los populares perdieron las alcaldías de Valladolid, León, Burgos, Palencia, Segovia, Ávila, Soria y Zamora y se quedaron con 29 procuradores en el hemiciclo de las Cortes, aún había quien mostraba ufano un mapa teñido de azul. Un mapa tramposo, porque buena parte del azul ocupaba un territorio yermo, sin apenas población, mientras que los pequeños puntos rojos (o el amarillo de Por Ávila o el más rojo de IU en Zamora) se concentraban en las grandes ciudades. Y aún había un segundo mapa que comenzó a preocupar en abril de 2019, pero que mostró la segunda amenaza en ciernes para los populares en el mes de noviembre, con los segundos comicios generales consecutivos. En apenas seis meses, Vox pasaba de 186.000 votos a 230.000. Y eso, advierten algunos, quiere decir que ya no es un partido comparsa, sino uno más. De hecho, ese salto de votos equivale a pasar, en el Congreso, de 1 a 6 diputados. Y por tanto, empieza a estar en condiciones de expandirse por el territorio. A costa, incluso, de absorber determinadas estructuras del PP, principalmente en el medio rural.

Hay quien calcula en el engranaje de los populares que una provincia como Valladolid, donde el PP alcanzó la alcaldía en 161 municipios, podría dejarse un tercio de esos regidores en manos del partido de Santiago Abascal para 2023, si no consigue frenarse antes esa tendencia al alza del partido derechista.

Perder municipios equivale al riesgo de perder diputaciones. Y, dado que la papeleta autonómica se deposita en las urnas el mismo día que la municipal, una mayor posibilidad de perder poder en las Cortes.

El suelo de Vox está bien definido. En las elecciones municipales de 2019 apenas consiguió 33.000 votos, que se tradujeron en 75.000 en las autonómicas. El desfase, que también padecen Ciudadanos o Podemos, se debe a la escasa implantación municipal de los nuevos partidos frente a PP o PSOE, principalmente en el medio rural. Sin embargo, Vox se ha fijado el objetivo de crecer precisamente en el ámbito más cercano. De ahí la importancia de su estructura, que es provincial y ligada directamente a los órganos nacionales del partido, con la procuradora de las Cortes, Fátima Pinacho, ejerciendo como coordinadora de las provincias. «Desde 2019 trabajamos para implantar esa estructura provincial y lograr identificar personas que crean en ese proyecto y se comprometan a trabajar en ese municipio o en su zona. Y que la gente vea en esos municipios que existe una alternativa en la que puede confiar», confiesa Pablo Sáez, diputado del Congreso y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

En el PP asisten a este conato de expansión con recelo e inmersos, además, en sus congresos provinciales, que se han detenido en seco por las elecciones de la Comunidad de Madrid. Solo Ávila (con Carlos García) y Valladolid (Conrado Íscar) han finalizado sus procesos. Entre los que quedan, habrá batalla interna en León o Salamanca, y parece haberse aplacado en Palencia, donde Ángeles Armisén veía peligrar su puesto. Creen los populares que la ofensiva de Vox se ceñirá a los municipios más grandes. Especialmente a los entornos de las grandes urbes. Pero lo cierto es que la expansión del partido de Abascal le permite pensar en ir más allá. «Todavía hay tiempo», dice Pablo Sáez. Frase que casa con episodios como el del presidente del partido en Saldaña (Palencia), que en febrero decidió pasarse a la formación de Abascal.

Y añade Pablo Sáez algunas cifras que permiten vislumbrar la tendencia. «Tenemos más de 66.000 afiliados en España, lo que es un aumento muy importante, porque terminamos el año 2019 con 52.000. En Castilla y León tenemos 4.000, lo que supone un 25% de incremento interanual, de marzo a marzo. Y Valladolid tiene más de mil afiliados y el crecimiento ha sido de un 32% interanual».

En 2017 contaba con algo menos de cinco mil afiliados en toda España.

Presumen en Vox de que la cuota que pagan sus afiliados -aunque algunos cuentan con tarifa reducida, como jóvenes o mayores de 65 años- es alta para lo que se estila en la política regional: 9 euros al mes (108 al año). En el PP son 20 euros; en el PSOE, 36; y en Ciudadanos la cuota mínima son 10 euros cada dos meses (60 al año). Para la formación es una muestra de compromiso. Y su crecimiento, y el mantenimiento de esa base de militantes que dentro de dos años pueden permitir completar listas electorales en lugares relevantes de la comunidad autónoma, se basa en corresponder a ese compromiso, aseguran. «Cuidar a la gente significa que cuando sabemos que una persona puede tener problemas, aunque sean coyunturales, hay que llamarle y ver cómo puede seguir vinculada al partido». Amarrar a quienes llegan, sin importar de dónde. No solo algunos de sus cargos entraron en política hace tiempo de la mano del Partido Popular, sino que el propio partido sabe que en ese origen está parte de su electorado y de su futuro organigrama. «Tampoco nos importa de dónde vienen, lo que nos importa es que crean en nuestro proyecto, nuestros valores y nuestro programa. Y luego que vengan con ganas de trabajar, que crean en el proyecto y que les ilusione. No que vengan porque son rebotados de otros partidos», asegura Sáez.

Por eso en el seno del Partido Popular sentó muy mal la polémica sobre la reducción de aforos en las iglesias por parte de la Junta de Castilla y León. Una medida que el Tribunal Supremo acabó por suspender y que provocó el enfado de la Conferencia Episcopal y la incomprensión de buena parte de quienes acudían a los eventos religiosos. «¡Que son los nuestros!», clamaba un procurador popular en plena movilización, mientras alertaba de que Vox estaba sabiendo patrimonializar esa causa.

Por de pronto, el desgaste en Castilla y León es para PP y Ciudadanos, que comandan esa 'cogobernanza' de la pandemia decretada por el Gobierno central. Vox permanece en un segundo plano, basa su estrategia en una serie de reivindicaciones sencillas y directas y se limita a recabar apoyos. Madrid puede cambiar ese escenario.

Y es que la comunidad madrileña será, el 4 de mayo, un gran laboratorio de ensayo para toda España. Pero sobre todo para Castilla y León, donde gobiernan PP y Cs, como ocurría allí, sobre un PSOE que venció en las elecciones. El apoyo de Vox otorgaba la mayoría absoluta que permitía gobernar a Isabel Diaz Ayuso. Pese a que se trata de un medio netamente urbano, diferente al de Castilla y León, un tándem PP-Vox en el Ejecutivo madrileño, sin Ciudadanos, sentaría las bases de lo que algunos vislumbran aquí a corto plazo: una pugna del PSOE y los restos de Podemos y los Ciudadanos más a la izquierda contra la derecha PP-Vox.