Mañueco, ya sin Vox en la Junta, rescata la Ley contra la Violencia de Género
El texto estaba redactado desde la anterior legislatura y actualiza la norma actual incorporando las «nuevas violencias» como la digital y la vicaria
El cajón en el que el PP mantenía el anteproyecto de reforma de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género en Castilla y ... León vuelve a abrirse tras años candado. El Gobierno autonómico reactivará la tramitación de esta regulación, que tenía muy avanzada ya en 2021 en la legislatura del pacto con Cs. Ese resurgir lo ha confirmado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, este lunes, coincidiendo con la celebración del día internacional para la erradicación de la violencia machista, durante la visita a un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales en su ciudad, Salamanca. Los populares retoman, cuatro meses después de la salida de Vox del Gobierno autonómico, la tramitación de una actualización normativa que era una línea roja para los socios ultraconservadores.
Con los de Abascal fuera de la ecuación de gobierno, los populares devuelven al carril el Proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León, que dará el relevo a la normativa actual, pionera en su tiempo, pero que aprobada en 2010 requería una reforma para incorporar nuevos aspectos que ha surgido desde entonces.
«Enviaremos al Consejo Consultivo el nuevo Proyecto de Ley de Violencia de Género en Castilla y León», ha anunciado el presidente Fernández Mañueco. Ese texto, que permanecía en hibernación desde la anterior legislatura, llegará este martes al órgano que efectuará el dictamen previo jurídico. Será este el último paso previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta y su remisión a las Cortes de Castilla y León en enero próximo para su tramitación parlamentaria.
El último trámite del texto, que está casi últimado desde entonces, se remonta al 29 de septiembre de 2022
El máximo responsable de la Junta defendió la necesidad de esa reforma integral de la normativa autonómica de lucha contra la violencia machista y de apoyo a las víctimas para, por ejemplo, incorporar la protección y prevención frente a «nuevas formas de violencias», como la digital que se produce a través de Internet y la vicaria, por la que los agresores arremeten contra los hijos y allegados de la mujer con la finalidad de hacerle el mayor daño posible.
El calendario permitiría a la comunidad contar con esa ley renovada antes del próximo verano, si el proyecto normativo entra en las Cortes con el inicio de 2025. Todo ello, si no se producen nuevos frenazos, puesto que es un texto muy trabajado con asociaciones, colectivos profesionales, sindicatos y patronal y para el que existe un amplio consenso previo de partida en el hemiciclo autonómico, el que ofrecen todos los grupos parlamentarios salvo Vox.

«El único número que nos importa en el cero, no puede haber denuncias, no puede haber agresiones, ninguna agresión, nunca más. Contra la violencia de todo tipo, y en especial contra la violencia machista no caben tibiezas. Tiene que haber tolerancia cero, ni una sola mujer tiene que sufrir menosprecios, tiene que sufrir maltrato, humillaciones, vejaciones por el mero hecho de ser mujer», ha manifestado el presidente de Castilla y León momentos después de ver un vídeo sobre violencia de género que aseguró que «encogía el corazón».
La reciente ruptura del pacto de Gobierno por parte de Vox, con la salida de la Vicepresidencia de la Junta de Juan García-Gallardo y el cese automático de dos de los tres consejeros que representaban a la formación de Abascal, ha insuflado vida a un anteproyecto de ley que estaba totalmente parado. El último trámite se remonta a finales del verano de 2022, cuando Isabel Blanco, consejera entonces de Familia e Igualdad de Oportunidades y hoy además vicepresidenta de la Junta en sustitución de García-Gallardo, remitió el texto al Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León.
El organismo publicó el informe sobre el texto el 29 de septiembre de ese año. El procedimiento habitual habría sido la remisión en las semanas siguientes al Consejo Consultivo, su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta y el envío del texto a las Cortes para su tramitación y debate. Todo eso quedó en suspenso... hasta ahora. El rescate de la nueva ley autonómica de Lucha contra la Violencia de Género supone un nuevo clavo en el ataúd en el que el PP ha sepultado las exigencias respecto a la violencia machista que el impuso Vox para pactar en 2022. Fernández Mañueco ya había dilatado en el tiempo el compromiso que adquirió con García-Gallardo de tramitar en lugar de esta norma una Ley de Violencia Intrafamiliar.
«En el Gobierno de Castilla y León estamos comprometidos al 100% contra la violencia machista... Las víctimas tienen todo nuestro apoyo»
Alfonso Fernández Mañueco
Presidente de la Junta de Castilla y León
El inicio de tramitación quedó fijado para antes de agosto de ese año y el proyecto no pasó de ahí. Lo único que se supo del mismo era que esa futura regulación no podría hacer mella en la normativa en vigor de lucha contra la violencia de género ni tampoco en la que ampara a la protección de los menores, lo que descafeinaba las aspiraciones de partida de Vox.
Esa etapa ya pasó y Alfonso Fernández Mañueco encara la gestión de la Junta desde un gabinete del PP en minoría y en solitario. «En el Gobierno de Castilla y León estamos comprometidos al 100% contra la violencia machista... Las víctimas tienen todo nuestro apoyo», resumió este lunes el barón popular. Una declaración similar a la que hizo como presidente de la Junta el 25 de noviembre del año pasado, pero que en esta ocasión, sin Vox en su gobierno, sonaba diferente. Tanto que vuelve a la agenda la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León.
Centros de crisis para atención a víctimas
Alfonso Fernández Mañueco asistió en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género a la puesta de largo del centro de crisis para la atención de víctimas de agresiones sexuales en Salamanca. Es un servicio al que obliga la actualización de la ley estatal y que ha generado críticas por parte de la oposición y asociaciones ante la demora en la apertura de estos centros. El de Salamanca está operativo y el presidente de la Junta avanzó que abrirán en cascada, en los próximos días, en todas la provincias. Fernández Mañueco destacó de estos centros su relevancia en la atención inmediata a las víctimas, de forma coordinada con los servicios de otras administraciones. Recalcó cuál es la aspiración de la Junta con estas instalaciones: «Estar cerca de quienes sufren cualquier agresión y llegar a todo el territorio».
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