Mañueco reclama a Sánchez la gestión del Ingreso Mínimo Vital para evitar «privilegios»

La gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV )es el nuevo punto de fricción entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León, que demandan administrar esta prestación para los hogares más vulnerables, como harán País Vasco y Navarra. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lo expuso este domingo sin ambages: «Hemos exigido igualdad al Gobierno de España, un trato justo para todas las comunidades autónomas y cooperación con lealtad. Rechazamos las negociaciones bilaterales que rompen la igualdad de todos los españoles y que generan incertidumbre, desigualdad y privilegios», subrayó el jefe del Ejecutivo autonómico.

Para Mañueco y otros dirigentes regionales llueve sobre mojado. Si la pasada semana la negociación entre el Gobierno y EH Bildu para prorrogar el estado de alarma abrió la puerta para ampliar la capacidad de endeudamiento de Navarra y País Vasco, ahora estas dos comunidades se beneficiarán de la gestión del IMV debido a su régimen fiscal diferenciado, algo a lo que también aspira Cataluña.

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Castilla y León esgrime «el mismo derecho» que otras comunidades autónomas, pero también la experiencia que atesora en este tipo de ayudas para combatir la pobreza, con gran «capacidad y experiencia en la gestión de los servicios sociales». «Somos la única comunidad con sobresaliente en la gestión de la dependencia y tenemos la puntuación más alta en servicios sociales», subrayó Alfonso Fernández Mañueco tras mantener la habitual videoconferencia dominical con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de mandatarios autonómicos.

El presidente de la Junta se esforzó en subrayar que el Ingreso Mínimo Vital recoge «mucha de la experiencia de Castilla y León» en estas prestaciones para los ciudadanos con rentas más bajas, «no solo por el ingreso mínimo de inserción desde el año 90, sino con la aprobación en la última década de una ley que tiene más de 15.000 beneficiarios y unos 60 millones de euros de media», recalcó Fernández Mañueco, en relación a la renta garantizada que existe en Castilla y León.

Mañueco reprochó a Sánchez no disponer de más información sobre el IMV que la publicada en los medios de comunicación y las explicaciones ofrecidas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tras la aprobación de esta prestación en el último Consejo de Ministros.

El IMV es una ayuda que recibirán los hogares que no llegan a los umbrales mínimos de ingresos y que abarcará desde los 461,5 euros mensuales para aquellas personas que vivan solas hasta los 1.015 euros de las denominadas «unidades de convivencia», que engloban a adultos y niños.

La petición para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, demandada también por otras autonomías, «no ha obtenido respuesta», según explicó Fernández Mañueco, que reclamó «un trato justo para todas las comunidades autónomas» e insistió en criticar los «acuerdos bilaterales que rompen la igualdad».

Otra de las reivindicaciones de Alfonso Fernández Mañueco a Pedro Sánchez durante la videoconferencia de este domingo se centró en la necesidad de que el fondo extraordinario no reembolsable llegue cuanto antes a las comunidades para hacer frente a los estragos derivados de la pandemia con unos «criterios» claros.

El presidente de la Junta insistió en la idea de que se debe priorizar a aquellos territorios más afectados por la covid-19. «El reparto de fondos será justo si se tiene en cuenta el impacto de la pandemia».

Igualmente, Mañueco apuntó que los fondos procedentes de Europa «solo serán eficaces» si las comunidades y el Gobierno de España trabajan «codo con codo» en su aplicación.

El jefe del Ejecutivo castellano y leonés trazó una línea clara en defensa de la Política Agraria Común (PAC), un asunto en el que también insistió el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, durante la reunión telemática.

Mañueco se mostró «preocupado» por la negociación de la PAC porque aunque «ha habido un aumento exponencial de fondos para la reconstrucción, ese incremento de fondos no va unido al incremento de los fondos para la Política Agraria Común».

«Puede parecer que la reducción de los fondos de la PAC es menor, pero en cifras absolutas exigimos al Gobierno de España que defienda los intereses de la agricultura y la ganadería. Deben mantenerse en el nivel idéntico al que tenemos en estos momentos porque es vital para la defensa del campo. Es un sector estratégico para Castilla y León, España y Europa», ahondó el presidente de la Junta.

El presupuesto europeo para el marco financiero 2021-2027 propuesto por la Comisión Europea dejaría a Castilla y León con 677 millones menos en siete años procedente de la PAC, con un recorte del 9%.

Las tensiones internas también tuvieron protagonismo durante la rueda de prensa –ya presencial– celebrada en el acondicionado salón de actos de Presidencia. Alfonso Fernández Mañueco se refirió a la crisis abierta en su Gobierno con la dimisión del consejero de Empleo, Germán Barrios, por «asuntos personales», como lo definió el presidente, unos asuntos personales que tienen que ver con el enfrentamiento no aclarado entre Barrios y el vicepresidente Francisco Igea.

«Soy el presidente de la Junta y tengo que hacer una reflexión personal para reconocer el trabajo que ha realizado Germán Barrios en este periodo. Ahora muestro mi apoyo, satisfacción y reconocimiento a la nueva consejera, Carlota Amigo, que tiene una trayectoria política dilatada y una experiencia en el ámbito en el que tendrá responsabilidad», declaró Mañueco, con un tono más institucional.

El presidente de la Junta respondió con un lacónico «sí» cuando se le preguntó si era consciente de las diferencias insalvables entre el vicepresidente Igea y el consejero Barrios, designado por Ciudadanos. Y cuando se le repreguntó si no fue posible hacer nada para encarrilar esa relación entre el consejero y quien le nombró, contestó de manera algo más desenfadada: «Está visto que no...».

Mañueco recordó que el Gobierno de la Junta de Castilla y León se «sustenta» en un «pacto político entre las formaciones de PP y Ciudadanos». «Lo que hay que hacer es ceñirse a ese pacto político. No tengo más valoraciones», respondió cuando se le inquirió por el viceconsejero David Martín, la primera apuesta de Igea para reemplazar a Barrios, un nombre finalmente tumbado por la dirección nacional de Ciudadanos. De esta manera, Mañueco admitió indirectamente que los nombramientos en las consejerías adjudicadas al partido naranja en virtud del acuerdo de gobierno quedan fuera de su competencia y, por lo visto, también del vicepresidente.

La dimisión forzada de Germán Barrios y la llegada de Carlota Amigo a Empleo e Industria han conllevado la sustitución de parte del equipo de la Consejería, aunque Mañueco defendió que se mantendrá una línea de continuidad.

«El eje vertebral sigue estando allí, con la gerente del Ecyl, que gestiona la inmensa parte del capítulo presupuestario. También con el viceconsejero de Empleo, que lleva las relaciones con el Diálogo Social. Se han hecho modificaciones porque una persona que llega siempre tiene la capacidad de hacer su propio equipo. Se han hecho cuatro cambios, pero el eje central sigue estando en la Consejería».