Mañueco insiste en pedir «garantías de estabilidad» para no adelantar las elecciones

Por de pronto, la estabilidad parlamentaria no se va a conseguir en el corto plazo. El único modo de recobrarla sería anexionando a Por Ávila, UPL o Vox (Podemos queda descartado) al acuerdo PP-Cs. Y aquí es donde todo se complica.

Vox dejó clara su postura a los pocos días de fracasar la moción de censura, cuando pidió a Fernández Mañueco que convocara elecciones anticipadas porque era la única salida posible a la nueva situación en las Cortes. Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de la formación de Santiago Abascal, visitó a su procuradora, Fátima Pinacho, para marcar la línea a seguir, en la que ya entonces ponía en duda que Ciudadanos fuera capaz de resistirse ante una eventual segunda moción de censura. Y eso a pesar de que quedaban casi 12 meses para que el PSOE pudiera repetir la jugada.

En cuanto a UPL, como fuerza autonomista incluiría en cualquier negociación su cláusula regionalista, y eso es inaceptable para el PP.

Y con Por Ávila se da una circunstancia paradójica. Fuentes de Ciudadanos aseguran que se está tratando, desde su partido, de tender puentes con Por Ávila, pero que no ocurre lo mismo con el Partido Popular. La razón está en el mismo origen de la formación abulense, desgajada a partir de ex militantes populares. El enfrentamiento del PP, que preside la Diputación, con Por Ávila hace que Fernández Mañueco no pueda negociar en ese ámbito con comodidad. El PP no solo ha gobernado con holgura la capital durante mucho tiempo. También ha presidido la Diputación y en 2007 ó 2011, antes de la irrupción de formaciones como Podemos o Ciudadanos, obtuvo 5 procuradores de los 7 en liza para las Cortes de Castilla y León. Ciudadanos le arrebató uno en 2015. Por Ávila se llevó otro en 2019. Al PP le quedaron 3 plazas. Un golpe serio que impide que el PP autonómico pueda acercarse a la estabilidad por ese lado, puesto que supondría alimentar a un rival directo. Y no será porque Por Ávila no se ha ofrecido. El alcalde de Ávila, Jesús Sánchez Cabrera, se brindó a estabilizar la situación, pero no a cambio «de nada», según recogía Ical.

No hay más posibles socios en el arco parlamentario. La procuradora no adscrita de Ciudadanos, María Montero, se sitúa más cercana ahora al PSOE que a cualquier otra formación, lo que de hecho la habilita oficiosamente como 'el voto 36' de los socialistas en cualquier votación que pueda suponer un revolcón político del escenario actual.

Y Ciudadanos, el socio de Gobierno, ya no puede garantizar la estabilidad por sí mismo. «La salida de María Montero nos ha hecho mucho daño», confesaban fuentes del partido días atrás, a este respecto. La minoría parlamentaria le concede a Mañueco el argumento para dudar de sus socios. En el PP empieza a filtrarse un argumentario que busca debilitar a los naranjas. «No son de fiar», arguyen. Y salen a relucir los enfrentamientos que se han producido en los consejos de Gobierno a cuenta de los recortes durante la pandemia, por ejemplo, o la tensión en los días de la moción de censura.

Desde Ciudadanos se opta oficialmente por la confianza en la palabra dada por el presidente de la Junta. Por el compromiso de acabar la legislatura sin elecciones anticipadas. Puertas adentro se espera un otoño complicado. Un ejemplo está en la Comisión de Industria celebrada en las Cortes el pasado miércoles. El presidente de Cecale, Santiago Aparicio, cargó contra la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo (Ciudadanos), por su «desconocimiento» de lo que significa el Diálogo Social. El PSOE se alineó con Aparicio y este, a su vez, hizo responsable al presidente de la Junta por permitir a la consejera naranja una actitud que, a su juicio, es contraria a este organismo. Fernández Mañueco preside el Consejo del Diálogo Social. Ahí puede darse el siguiente punto de fricción entre PP y Ciudadanos.

El siguiente sería la negociación de los presupuestos de la comunidad. Otro hito después de que este año, como consecuencia de la pandemia y los gastos derivados de ella, se aprobaran «los presupuestos más elevados de la historia de la comunidad», como los presentó el presidente.