Mañueco examina el martes su año de gestión en la Junta con el comodín del pacto anticovid

En condiciones normales, sacaría pecho con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para padres, hijos y cónyuges que finalmente no se ha aprobado, buscaría un enfoque positivo a la reforma de la asistencia sanitaria rural que su Gobierno empezó a probar en marzo en Zamora y quizás justificaría la pérdida de otros 9.616 habitantes en 2019 diciendo que vienen más personas de las que se van y que el hecho de que los jóvenes salgan fuera les ayuda a valorar lo que dejan en casa. Es última valoración se la trasladó el presidente a la comisaria europa de Demografía, Dubravka Suica, en febrero, en Valladolid.

El político del PP tendría enfrente una oposición acerada, que no le daría tregua. Ni a él ni a su vicepresidente. Pero la desolación que ha ocasionado el coronavirus atemperará un debate al que los dirigentes de la Junta y los de la oposición (a excepción de UPL y Vox) llegan recién firmado un pacto de 86 medidas, con un periodo de gracia que juega a favor de quien gestiona.

El hemiciclo vivirá esta semana algo parecido a lo que han experimentado los profesores calificando el curso de sus alumnos con un tercer trimestre que exclusivamente servía para subir nota y con la máxima de tirar de los chavales hacia adelante. El reproche más reiterado de la oposición hacia el Gobierno autonómico es la demora en el pago de las ayudas pactadas. «En tres meses no ha llegado ni un euro de la Junta a los ciudadano», censura Tudanca.

Las primeras palabras de Alfonso Fernández Mañueco, cuando el martes inicie su intervención, serán con toda seguridad para los familiares de las 3.778 víctimas que la covid deja, a fecha de hoy, en la comunidad, 2.577 residentes de geriátricos. En paralelo a la situación sanitaria o de las residencias han afrontado la epidemia empresas y trabajadores. Los desempleados registrados en el Ecyl sumaron en mayo 170.292. Un año antes eran 140.411. Pero la comunidad tiene a 203.000 trabajadores en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por la totalidad de la jornada o una parte. Esas son las cifras básicas que sirven para tomar conciencia de la magnitud del destrozo del coronavirus.

Las tres cifras anteriores, el sobregasto sanitario y social y la necesidad de afrontar reformas de calado en los servicios esenciales y para el impulso económico han cimentado el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León. Articula 86 medidas y ha sido negociado por la Junta, concretamente por el consejero popular Carlos Fernández Carriedo y por el PSOE. Luis Tudanca encargó la negociación a la soriana Virginia Barcones. Lo han firmado PSOE, PP, Cs, Podemos y Por Ávila.

El documento y los apoyos servirán a Mañueco para reconducir el debate hacia el futuro inmediato, marcando objetivos de gestión. El nuevo texto aparta a un lado el firmado hace un año con Francisco Igea sobre el que se sustentaba la coalición de Gobierno. La covid hizo trizas buena parte de ese acuerdo de cien medidas. Independientemente del grado de cumplimiento hasta marzo, las necesidades hoy son otras.

De la etapa de antes del coronavirus, los primeros pasos de la vida en común de PP y Cs estuvieron marcados por tres decisiones polémicas. La primera medida que impulsó la nueva mayoría fue el incremento del 20% en cuatro años (10% en 2019 y el resto hasta 2022) del dinero que reciben los grupos parlamentarios para gastos. Le siguió la elección como senador autonómico por Castilla y León del alavés Javier Maroto, que no obtuvo escaño del PP en las elecciones de abril. Tuvo que empadronarse a toda prisa en Sotosalbos (Segovia). Cs apoyó a sus socios, pero anunció un cambio en la ley para garantizar la vinculación con Castilla y León de los senadores designados por las Cortes. Acompañaron a Maroto los socialistas Teresa López, que perdió estrepitosamente las municipales en Medina de Campo, y el salmantino Francisco Díaz. Y en agosto, Mañueco e Igea aumentaron el número de puestos de asesores en 14 personas, sin informar del acuerdo. Han recalado en esos despachos senadores en situación de cesantía tras el 28-A y el 10-N: Ignacio Cosidó, Esther Muñoz o Félix Colsa.

La convivencia entre el presidente, el vicepresidente y los consejeros nombrados por uno y otro (6 del PP y3 de Cs más Igea) ha transcurrido sin tensiones reseñables hasta que estalló la crisis en Empleo, en plena pandemia. Germán Barrios firmó su renuncia. Ni Mañueco ni Igea ni el interesado han explicado los motivos, más allá de la apreciación-aviso-amenaza del vicepresidente: «No voy a hacer daño a una persona a la que he intentado no hacer daño. No se trata de ir matando a nadie. No lo voy a hacer, si no me obligan». Ana Carlota Amigo, portavoz de Cs en las Cortes, ha sustituido a Barrios tras el veto del aparato del partido a que lo hiciera David Martín, viceconsejero. Han renovado a casi todo el equipo directivo.

250 millones para reforzar la prestación sanitaria, eso incluye el pacto autonómico y 718 para infraestructuras sociales. Es urgente el refuerzo de las UCI y de las residencias de mayores, con el diseño del modelo de atención geriátrica, por ley, en el medio plazo. La gestión sanitaria ha salido mejor parada que la de los centros de mayores. Y en el horizonte se divisa con preocupación la organización del curso escolar. Está a punto de terminar el cuarto mes de aplazamiento de pago de impuestos autonómicos y de llegar la primera transferencia del fondo estatal anticovid. Y esta semana la Junta decidirá si endurece o alivia restricciones de aforo y actividades. La covid sigue en la calle y se percibe relajación: el 21% de los nuevos contagios son jóvenes.

La embestida del coronavirus ha obligado a Alfonso Fernández Mañueco y a Francisco Igea a recetar a su compromiso de cien medidas una larga cuarentena, a la espera de ver el alcance de los daños sociales y económicos y cómo queda la recaudación tributaria..

El primer punto afectado por la pandemia fue el número 20: Bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos. Incluía todas las donaciones (herencias en vida) entre cónyuges y padres e hijos y los legados tras el fallecimiento en casos con ese parentesco para las herencias más cuantiosas, porque ya están exentos de pago los primeros 400.000 euros que recibe cada heredero entre esos allegados.

Se iba a aprobar el 17 de marzo, pero el confinamiento llevó a las Cortes a suspender ese pleno y dirigentes de PP y Cs avanzaron esos días la intención de aplazar la medida hasta ver el alcance de la crisis económica y tributaria. Esa congelación queda recogida en el acuerdo autonómico firmado con la oposición. La Junta estimaba que la bonificación suponía unos ingresos anuales de 34 millones sobre la recaudación total de un impuestos que supera los 200 anuales.

Lo ocurrido con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es, estos días, lo más llamativo sobre la situación del pacto de los cien puntos que articuló el acuerdo de Gobierno de PP y Cs hace un año. David Castaño, portavoz de Cs en las Cortes, esgrimió esta semana que más del 80% de los puntos están en marcha. La valoración es optimista. Los firmantes dan por abordado el de la supresión de aforamientos. 'En trámite parlamentario en las Cortes', refleja la web de la Junta. Y es cierto, pero tiene truco.

La supresión de aforamiento implica reformar el Estatuto de Autonomía, norma básica de la comunidad. Se requiere una mayoría reforzada y siempre se ha actualizado por acuerdo unánime o, al menos, de los partidos mayoritarios. PP y Cs no contaron, por primera vez en la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, con el PSOE, que a los aforamientos quería sumar la inclusión de un suelo de gasto para áreas sociales. La tramitación fracasó.

La Junta tiene en marcha la revisión de parte de la normativa que impulsó el PP en la última legislatura de Herrera. Va a rehacer por completo la leyes de Transparencia y la de Protección de Informante y justo ante de la pandemia empezó a trabajar en la modificación de la ley que regula el nuevo modelo de ordenación territorial ante la falta de acuerdo con el PSOE sobre el nuevo mapa rural, que conlleva el reajuste de servicios e infraestructuras a medio plazo.

La Ordenación del Territorio depende de Francisco Igea y su equipo promueve cambios para que el mapa pueda aprobarse por mayoría simple y no reforzada, como establece la norma ahora, lo que obliga a que los socialistas apoyen las demarcaciones nuevas.

Al negociado del vicepresidente ha pasado otras de las cuestiones de gestión difíciles en Castilla y León: las políticas demográficas. la comunidad ha perdido en el último recuento del padrón 9.616 habitantes en un año. El acuerdo PP-Cs contemplaba la creación de un grupo de expertos para elaborar un diagnóstico sobre la situación de despoblación y envejecimiento y emitir un dictamen en el plazo de un año. Es el punto78. El formato era idéntico a la comisión de estudio del 2003, en las Cortes. Finalmente no se ha concretado.

El debate servirá para apuntar los asuntos del primer acuerdo que pueden tener encaje en las prioridades que impone el coronavirus. El resto, deberá esperar.