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Sesión de control a la Junta en el pleno de las Cortes con menos crispación que la del estreno de legislatura y la crisis que atraviesa el Grupo Siro, ... y los 1.400 trabajadores que la firma tiene en sus fábricas de Castilla y León y ven peligrar su empleos ya con varias nóminas pendientes de cobro, como centro del debate.
El socialista Luis Tudanca preguntó al presidente de la Junta por las gestiones del Gobierno autonómico. El portavoz del PSOE en el hemiciclo aseguró que el 22 de septiembre pasado avisó al presidente Mañueco, tras una reunión con representantes de la plantilla, de la crisis que se estaba larvando en una de las empresas señeras de la comunidad, algo que volvió a repetirse el pasado 10 de mayo y acusó al popular de no haber «movido un dedo» y citar a los trabajadores y a los alcaldes de las localidades afectadas para este miércoles, una vez que ha reventado el conflicto. «Para hacerse la foto», censuró el socialista, extremo que el presidente negó, subrayando que su Gobierno lleva a cabo un «trabajo discreto, el que no sale en los medios de comunicación» con la empresa, los trabajadores, los acreedores e, incluso, los distribuidores. También reconoció Mañueco que el Ejecutivo de España «estuvo a la altura» cuando se le demandó apoyo.
El político del PP acusó a Tudanca, que le había demandado información sobre acciones concretas y propuestas por parte de la Junta, de hacer de «pirómano» y utilizar «el drama» de las familias de los trabajadores de Siro «para atacar a la Junta». «Culpe a quien quiera, pero nada es más importante que salvar esos 1.400 empleos», le emplazó el socialista. «Cuando habla de esa Junta que apoya a las empresas y trabajadores se debe referir a otra, la del pasado», apuntó en referencia a la etapa de Juan Vicente Herrera.
También apeló a experiencias pasadas Fernández Mañueco, pero en otro sentido. El presidente de la Junta ve posible una salida positiva a la crisis de Siro. «Lo hemos logrado en el pasado», confió el dirigente del PP. Precisó que su Gobierno está empeñado en ayudar a acercar posiciones entre los implicados: la empresa, los trabajadores y el fondo de inversión que pondría el dinero para garantizar la actividad. Volvió a reclamar a unos y otros «responsabilidad» y «generosidad». Y al PSOE, que no haga «ruido».
Mañueco ofreció la versión de la Junta sobre una crisis que debe gestionar una consejería dirigida por Vox, la de Industria, Comercio y Empleo. Su titular, Mariano Veganzones, llegó este miércoles al hemiciclo con el gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl), al que los de Abascal ficharon a través de una empresa externa a finales de mayo, recién cesado y se estrenó en el pleno valorando el paro a demanda de la socialista Patricia Gómez Urbán. Veganzones empleó su respuesta para recalcar que «las autonomías crean injusticias en el acceso al empleo» y censuró la «deshonra» que afronta la «gran nación» española con «ministros comunistas», antes de arremeter una vez más contra el «fanatismo climático» y los sindicatos, reinvidicando las políticas laborales y económicas de Polonia y Hungría, países que confrontan con las instituciones europeas por sus posiciones ultraconservadoras.
Gómez Urbán recomendó a Veganzones preocuparse más «por poner sobre la mesa políticas de empleo que por cazar comunistas» y defendió que la reforma laboral del Gobierno de España, que no apoyaron los «patriotas a ratos» del PP y Vox, no le sienta mal a Castilla y León.
En el pleno se estrenaron respondiendo a procuradores socialistas también los otros dos consejeros de Vox, el de Cultura, Gonzalo Santonja, y el de Agricultura, Gerardo Dueñas, que optaron por respuestas con argumentos técnicos. Veganzones abanderó la ideología y el vicepresidente Juan García-Gallardo tendió la mano en su respuesta a Por Ávila para analizar las «reivindicaciones justas de la España olvidada». Gallardo se ofreció a sentarse con el procurador de la formación provincialista minutos después de que Alfonso Fernández Mañueco equiparara a Por Ávila, Soria ¡YA! y a UPL con los nacionalistas y replicará al soriano Ángel Ceña, que pedía acciones diferenciadas para los territorios despoblados, que la despoblación no se combate con «subastas» de proyectos, ni alentando «privilegios» o la «insolidaridad entre provincias».
«Yo soy abulense, no soy ningún nacionalista», replicó Pascual cuando el abulense tuvo turno de palabra. El procurador de Por Ávila aprovechó para reclamar igualdad de acceso a los servicios y puso un ejemplo didáctico. Dijo que si le tenía que dar un ictus o un infarto prefería que fuera un día de pleno o comisión en Valladolid y no en Ávila: «Allí me atenderán más tarde». Pedro Pascual es médico de Emergencias.
Una disparidad de argumentos y sensibilidades entre los socios del Gobierno autonómico que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, enmarcó en la normalidad de la convivencia de dos partidos distintos. Lo hizo al responder a Pablo Fernández, procurador de Unidas Podemos, sobre si la Junta en su conjunto se siente representada por las declaraciones de su vicepresidente. El morado argumentó sobre García-Gallardo que «si en una mesa hay un nazi y diez personas que lo respetan, en esa mesa hay once nazis».
Carriedo se aplicó a reiterar el discurso oficial que firma el presidente Mañueco desde la toma de posesión del gobierno de PP y Vox: «Este es un Gobierno que funciona y es eficaz», que «actúa cohesionado», pero de «dos partidos que no en todo tenemos que pensar igual». Diferentes, pero «plenamente compatibles», añadió Carriedo. Y para «discursos radicales», concluyó el popular, el de Unidas Podemos y Pablo Fernández, que ha llevado a esa formación a perder un «apego» entre los ciudadanos de Castilla y León que plasma la evolución de diez procuradores en 2015 a uno en 2022. «De eso no es culpable el videpresidente de la Junta», concluyó Carriedo.
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