La macrocausa de la Perla Negra vuelve a la Audiencia: arranca la cuenta atrás para el juicio

La diligencia de remisión emitida por el juzgado del que es titular el magistrado César Gil Margareto, instructor de la causa, tiene fecha del 4 de noviembre pasado y cierra un paréntesis de ocho meses forzado por la falta de documentación argumentada por las defensas de los acusados, una deficiencia en el procedimiento que fue admitida por el tribunal y provocó la sorprendente suspensión del juicio en marzo pasado, después de siete años de una accidentada instrucción durante la cual falleció en extrañas circunstancias el principal encausado, quien fuera consejero y vicepresidente de la Junta, Tomas Villanueva.

El pasado septiembre, los abogados defensores hicieron frente común para recurrir ante el juez instructor de la causa compleja el decreto firmado por la letrada de la administración de justicia en el que se emplazaba a las defensas a presentar sus escritos en diez días y se daba por terminada la entrega de toda la documentación. Ahora, el juez instructor ha desestimado la petición de los letrados y ha devuelto los autos a la Audiencia de Valladolid para que señale la nueva fecha del juicio. Alguno de los abogados han presentado un recurso de queja ante el tribunal pidiendo dos meses más, el mismo tiempo del que dispusieron las acusaciones para elaborar sus escritos. Fuentes del caso apuntan que este último recurso, ateniéndose al porcentaje de apelaciones en queja que son estimadas por el tribunal vallisoletano, tiene pocas posibilidades de prosperar. De cualquier forma, señalan, todavía la Audiencia tendrá que decidir sobre las pruebas solicitadas por las defensas y fijar fecha del juicio, «con lo que seguramente pasarán meses».

La Sección Segunda, que será quien juzgue a los doce acusados por el supuesto 'pelotazo urbanístico' del edificio de ADE y las parcelas del parque industrial fallido de Portillo, ambos en la provincia de Valladolid, tenía una previsión al principio de este curso judicial de señalar la vista (que durará al menos 23 días) en el primer trimestre de 2023, pero ahora tendrá que hacer un difícil encaje en su calendario de señalamientos, donde ya tiene otras vistas programadas.

El caso Perla Negra, el primer macroproceso de corrupción política y económica en la historia de Castilla y León, iba a juzgarse en marzo pasado y fue suspendido in extremis porque no todos los abogados tenían la misma documentación y algunos, tampoco en su totalidad. El asunto llegará a juicio tras una larga e intrincada instrucción judicial que empezó en 2013 y será necesario reservar la sala grande de vistas para muchas jornadas. En el anterior señalamiento se programaron 23 días. La causa compleja está contenida en miles de folios y 'acontecimientos' digitales, con los 12 acusados y sus correspondientes defensores, tres acusaciones (la Fiscalía, la Junta de Castilla y León y el PSOE), 90 testigos (entre ellos, el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo) y peritos. Más una abultada prueba documental plagada de tasaciones, contratos públicos, informes económicos y oficios de ida y vuelta a la Administración sobre los que preguntarán las partes antes de exponer sus conclusiones finales.

Se sentarán en el banquillo cinco cargos y excargos de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta y siete empresarios afines al Partido Popular, supuestamente beneficiados en los 'pelotazos' urbanísticos del edificio de la extinta Agencia de Desarrollo (ADE) en Arroyo de la Encomienda (hoy, edificio de Soluciones Empresariales) y las parcelas del parque empresarial fantasma de Portillo. Unas operaciones que habrían resultado ruinosas para las cuentas y supervivencia de la empresa pública Gesturcal, pérdidas que al final tuvieron que ser asumidas por la propia Junta, según subrayan las acusaciones. Están acusados los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz; el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán Gómez; el administrador de la promotora Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo; el director gerente de Gesturcal Salvador Molina Martín; el director financiero de esta sociedad, Francisco Armero Gutiérrez; Ángel Román Montes López, también de Urban Proyecta; Alberto Esgueva Gutiérrez, actual empresario y exdirector de la División de creación de empresas e internacionalización de servicios de ADE; su hermano Francisco, presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y fundador de Parque Empresarial Portillo con Luis Ángel Rodríguez Herrero, administrador; Luis Antonio Recio García, vocal y Carlos González Maestro, que fue secretario de dicha sociedad.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, César Gil Margareto, emitió en febrero de 2019 el auto de imputación, en el que redujo la lista original de casi una treintena a estos doce imputados. Se les acusa de delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho cometidos entre 2005 y 2011. Los doce se enfrentan a un conjunto de peticiones de penas de prisión que suman 221 años de cárcel, en el caso de las calificaciones del PSOE, o los más de 70 años de prisión que solicita para todos ellos el ministerio público.