El martes 23 de abril será fiesta en Castilla y León en 2024

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras proponen cambiar el festivo del 25 de julio, día de Santiago Apóstol, por el 9 de diciembre, y crear así un puente de cuatro días, desde el viernes 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, hasta el lunes siguiente. Por su parte, la CEOE no se opone a la propuesta inicial de la Junta, que pasa por mantener como festivo el 25 de julio.

En ese sentido, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Fernando de la Parte, remitió recientemente a sindicatos y patronal el documento que recoge los festivos nacionales, así como los dos de carácter autonómico. De esta forma, la Junta de Castilla y León propone el 23 de abril, fiesta de la comunidad autónoma y el 25 de julio, día de Santiago Apóstol.

UGT Castilla y León defiende que con su propuesta del 9 de diciembre buscan «favorecer la economía y la conciliación familiar en las puertas de la campaña navideña». El sindicato considera que el festivo del 25 de julio «queda desaprovechado sin ningún beneficio para los trabajadores y las trabajadoras» mientras que, con su propuesta, buscan la «utilidad» del día no laborable.

Este sindicato subrayó en un comunicado que este año la Junta de Castilla y León decidió «no trasladar el día festivo de la comunidad, 23 de abril, que cayó en domingo, al día siguiente» y estableció el 25 de julio como no laborable, a pesar de la protesta de los sindicatos, que lo consideraron «un ataque de la extrema derecha a la fiesta de Villalar por cuestiones ideológicas».

Respecto de la propuesta de los sindicatos para que el próximo año se cambie el festivo de Santiago por el del puente de la Constitución, Carriedo ha señalado, a preguntas de los periodistas, que la decisión de colocar el segundo festivo en el calendario se tomará próximamente por el Consejo de Gobierno «después de escuchar a todas las partes y valorar los intereses, económicos y de otra índole, del conjunto la ciudadanía de Castilla y León».

Por otro lado, el portavoz ha destacado alguno de los acuerdos alcanzados por el equipo de Mañueco en el último Consejo de Gobierno de julio, como la inversión destinada a ampliar a 104 el número de cámaras de vigilancia para la prevención de incendios forestales, dentro de los 29,4 millones aprobados para inversiones medioambientales en espacios naturales. Ante las críticas de las asociaciones de forestales, que han criticado el desmantelamiento de las torres de vigilancia y que temen que las cámaras sustituyan a las personas en materia de prevención del fuego en el monte, Carriedo ha subrayado que la Junta «no solo no ha reducido el operativo de medios humanos y materiales sino que ha aprobado un paquete de inversiones destinadas a reforzarlo».