El reino del lobo por los montes avanza desde Castilla y León

Los planes de compensación de pérdidas a los ganaderos de la comunidad afectados han supuesto el pago de 7,42 millones de euros en indemnizaciones desde 2016, sin contar con los casos que incluyan responsabilidad patrimonial por sentencia judicial. Asturias es la única comunidad con registros que se acercan a los que sufre Castilla y León, aunque sus costes en pagos apenas superaron los 5 millones de euros.

Estos datos figuran en los informes de la 'Estrategia para la conservación y gestión del lobo' que ha hecho público el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Un documento y sus objetivos que debe marcar el futuro de este polémica especie en España y que fue aprobado a finales de julio por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Contó con un amplio rechazo de las principales comunidades con poblaciones loberas, encabezas por la más beligerante de todas: Castilla y León.

De los informes publicados, llama la atención el incremento constante de los conflictos con estos animales. Así, de los 1.910 incidentes registrados en 2016, se ha pasado a los 4.296 del pasado año. Una siniestralidad que casi ha triplicado también los pagos a los ganaderos afectados. De los poco más de 700.000 euros de 2016, se ha pasado a superar los 1,8 millones en 2021. «Poner más dinero para daños es tapar el problema. No se soluciona con indemnizaciones sino con falta de ataques», advierte el portavoz de Fauna Salvaje y Medio Ambiente de COAG, José Manuel Soto.

Para los que rechazan las estrategias de conservación y caza, proscritas con la nueva norma, estos datos son la consecuencia lógica de la falta de control sobre las manadas. El último censo conocido en España y todavía admitido registraba la presencia de 297 manadas en los montes españoles.

De ellas, más de la mitad (179) viven y depredan en Castilla y León, donde se moverían más del 50% de los 2.500 ejemplares existentes. Uno de los objetivos del cambio de normativas es forzar a la especie a expandirse hacia el este y sur de la Península. Y 'aligerar' así sus habituales asentamientos del norte-noroeste.

La nueva estrategia ministerial marca un antes y después. Insiste en la necesidad de lograr la «coexistencia pacífica» entre los ganaderos y su principal enemigo. Para ello, establece planes de prevención de daños acompañados de indemnizaciones tras los ataques para los que se destinarán 20 millones de euros.

En los criterios de reparto, el MITECO deja claro que asignará este dinero con «un importe máximo a cada comunidad autónoma en función del nivel de daños de lobo sufridos». Una cifra que marcarán el número de cabezas depredadas y el de manadas contabilizadas en la región. Con las estadísticas actuales, a Castilla y León podrían corresponderle cerca de la mitad de esos fondos: unos 10 millones de euros.

Pero estas ayudas estarán vinculadas no solo a los «daños certificados y pagados» el año anterior; sino que habrá un porcentaje «según presupuesto de la comunidad invertido» en prevención. De hecho, habrá dinero para métodos como el uso de perros (mastines), vallados y sistema electrónicos para mantener al gran depredador ibérico lejos de las ganaderías extensivas.

Esta es la parte que más gusta a los ecologistas. «Hay muchos ejemplos de ganaderos que no tienen ataques porque hacen un manejo correcto del ganado», insiste la portavoz de Ecologistas en Acción, Carolina Martín.

Pero los ganaderos de la región vuelven a sentirse «traicionados» desde los despachos. Zamora somos la fábrica de lobos de España. Y también somos los que les dan de comer, no los ecologistas. Una vez más, el Gobierno se ha dejado asesorar por los más radicales», muestra su enfado José Manuel Soto.

En los informes de la 'Estrategia de Conservación' figuran las partidas que cada región ha invertido en prevención de ataques. Castilla y León es una de las pocas que no ha hecho públicos los datos sobre estas prácticas.

Desde la Junta, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, justificó ante sus homólogos su rechazo frontal al plan. «La estrategia parte de graves carencias y no da seguridad jurídica suficiente en las decisiones de control». «En la práctica -continuó- la estrategia aprobada no va a servir para dar respuesta a la conservación y gestión. Sobre todo porque no garantiza los criterios jurídicos a las comunidades autónomas para el control, con el fin de evitar más daños a la cabaña ganadera».

Hay un último daño colateral. «El valor del lobo, tanto para verlo como para cazarlo, dejaba mucho dinero en pueblos de Zamora. Eso se acabó. Es el último ataque a estos pueblos. Primero nos roban. Y después nos queman», denuncia el zamorano líder de la COAG, José Manuel Soto.

El protagonismo de Castilla y León en los conflictos con el lobo alcanza a las batidas de caza, legales hasta el 2021. Desde 2016 se han abatido 386, casi el 65% de todo el país (623). Hace un mes el Tribunal Constitucional declaró nulos los artículos de la Ley de Caza regional (de 2021) que todavía consideraban al cánido una especie cazable al norte del Duero. Pero fue incluido en la lista de especies protegidas (LESPRE) dos meses después de que se aprobara esta norma.Y, sin embargo, la nueva 'Estrategia para la Conservación' todavía deja la puerta abierta para las «extracciones» de lobos, siempre que causen «perjuicios importantes». Es justo la realidad habitual de Castilla y León. «Es un eufemismo para permitir excepciones a la protección», lamenta Carolina Martín desde Ecologistas en Acción, que insiste en que «está demostrado que matar lobos no reduce los ataques y desestructura las manadas».