La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, donde están el Gobierno central y las comunidades autónomas, acordó ayer en una votación ajustada incluir el lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que significa que se prohibirá su caza al norte del Duero. El lobo ya está protegido en todo el sur del río Duero después de que el Ministerio para la Transición Ecológica acordara en junio de 2019 ampliar ese veto a Castilla y León y Comunidad de Madrid.
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Al dejar de ser cinegética, se acabarán los cupos de caza que varias comunidades autónomas conceden cada año. Así, Castilla y León había autorizado la caza deportiva de 339 ejemplares para el trienio 2020-2022. Por eso, y junto a Asturias, Cantabria y Galicia había mostrado recientemente su disconformidad con la conservación de esta especie.
En octubre, las cuatro regiones enviaron una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el que calificaban de «innecesaria» la inclusión del lobo ibérico en el Lespre. El documento fue firmado por sus cuatro consejeros de Medio Ambiente.
La misiva argumenta que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene sería una «decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero», que tienen importantes poblaciones asentadas en su territorio y, por tanto, «son los que sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales».
Las cuatro regiones que gestionan las poblaciones de lobo más numerosas (60% de la península) y mejor conservadas defendían la necesidad de «compatibilizar la existencia de las manadas en el medio rural con la ganadería extensiva y la viabilidad de las explotaciones ganadera».
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El Grupo de Ciudadanos en la comunidad ha sido el primero en denunciar la «imposición» del enfoque ideológico de «falso ecologismo» en el acuerdo.
El procurador de Cs por León, Javier Panizo, criticó «la concepción urbanita y desconcertada de la realidad» que ha guiado al Gobierno en las votaciones de la Comisión de Patrimonio natural y en la que las comunidades que conviven con estos animales «han sido silenciadas».
«Castilla y León, donde se pueden cazar al norte del Duero, ha convivido durante años con estos animales y pese a ello, la población de lobos ha crecido, así como los ataques a la ganadería», insistió Panizo, informa Ical.
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Por contra, el secretario general del grupo ambientalista WWF, Juan Carlos del Olmo, apuntó que «es un día histórico para la conservación de la biodiversidad en nuestro país». La inclusión del lobo en el Lespre supone «el reconocimiento formal al valor de esta especie, que deje de ser cinegética y, por lo tanto, apuesta por su protección». «Esperamos que éste sea un primer paso para cambiar al actual modelo, basado en la coexistencia con las actividades humanas», añadió.
Un estudio del sindicato agrario COAG Castilla y León concluyó en diciembre pasado que la población de lobos de la península no está considerada como vulnerable y se encuentra mejor que la media europea. El informe avanzó que el pasado año provocaron daños por valor de dos millones a los ganaderos, por lo que también rechazaba que se ampliara su escala de protección cinegética.
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