Castilla y León

La Ley de Amnistía vulnera «como mínimo catorce artículos de la Constitución», según la Junta

Como había avanzado el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, la sesión ha tenido como principal asunto del orden del día conceder a los Servicios Jurídicos de la comunidad la autorización que necesitan para formalizar el recurso contra la norma que anunció el 4 de noviembre del año pasado y en el que se reafirmó el 30 de mayo, tan solo unos minutos después de que fuera aprobada por el Congreso de los Diputados. Es el último paso antes de su presentación ante el Tribunal Constitucional (TC), que todo indica que se producirá un día antes de que concluya el plazo establecido para hacerlo. «Contando con que quedan ocho días hábiles» y que «el 9 es festivo en Valladolid», «fácilmente podemos asegurar que será sobre el 10 de septiembre», ha concretado González Gago.

Sin esperar a ese día, el titular de la cartera de Presidencia ha desgranado los argumentos en los que la Junta basa su oposición frontal a la Ley de Amnistía, que se centran fundamentalmente en que supone «la quiebra de la igualdad» entre los ciudadanos de las distintas autonomías y «la quiebra del Estado de Derecho y del principio democrático». Junto a esto, el Ejecutivo considera injustificado que la regulación «se califique a sí misma como singular», una modalidad legislativa que «se aplica torticeramente sin tener encaje».

En definitiva, razones que «creemos que servirán para que el Tribunal Constitucional estime nuestro recurso», ha vaticinado el consejero del que dependen los Servicios Jurídicos, quien ha destacado que «Castilla y León es la primera comunidad donde ha habido un acto aprobatorio público de este tipo», algo en lo que también ha incidido el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

El acuerdo adoptado por la Junta, de «más de 20 folios», se estructura en «cuatro grandes bloques». El primero «acredita la legitimación» de la Junta para presentar el recurso, mientras que el segundo hace una crítica global «respecto a la aplicación de la figura jurídica de la amnistía, por no estar como tal prevista en la Constitución», y en relación a la citada apelación a la singularidad. En tercer lugar, señala y rechaza aspectos concretos del texto legal, para concluir con la impugnación de sus disposiciones finales.

En cuanto a la capacidad del Ejecutivo autonómico para recurrir al TC, González Gago ha señalado que la doctrina constitucional «ha evolucionado» y «desde hace ya bastantes años» todas las comunidades pueden hacerlo «en el ámbito de sus intereses peculiares, cuando entiendan que se ven afectadas por una norma del Estado» y «con el fin de depurar el ordenamiento jurídico». A esta «legitimación general» se suma «una legitimación subjetiva directa», por cuanto se considera que la Ley de Amnistía perjudica «los derechos de las personas físicas o jurídicas de Castilla y León que residen o trabajan en Cataluña», afecta a «la responsabilidad civil por daños derivada de las acciones delictivas que pudieron sufrir estos ciudadanos» y, «por el mismo motivo», tiene incidencia «en los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que allí actuaron», algunos de ellos procedentes de la región.

El segundo bloque es el más prolijo, si bien tiene como núcleo la convicción de que «la Constitución no es un instrumento abierto, movible y que no tenga ningún límite». En este sentido, el consejero de la Presidencia ha puesto un ejemplo: «La esclavitud no aparece contemplada de manera expresa» en la Carta Magna «y nadie duda que está prohibida». Si esto se lleva a la cuestión que nos ocupa, «el hecho de que la amnistía no aparezca en la Constitución es un elemento muy relevante para que no se pueda regular». Y ha sentenciado que «las Cortes Generales actuales no pueden situarse como si fueran un poder constituyente», al mismo nivel que los padres de «la norma de normas», para realizar «una reforma encubierta». «La democracia no existe fuera de la Constitución, sino que nace, se protege y se garantiza con ella», ha dicho.

Tras remarcar que lejos de pacificar la convivencia en Cataluña la norma «ha generado una conflictividad social e institucional en el conjunto del Estado español sin precedentes, solo hay que ver la cantidad de noticias y de informes de juristas y de expertos en Derecho que se han pronunciado al respecto, incluida la propia Comisión de Venecia», José Miguel González Gago ha aludido a las «cuestiones particulares» de la Ley de Amnistía que son objeto de reproche por parte de los letrados autonómicos. Ha puesto el acento en «la indefinición» a la hora de delimitar los actos delictivos, la intencionalidad de quienes los cometieron o el marco temporal de referencia. «Se deja todo en una nebulosa, lo que es contrario al principio de seguridad jurídica», ha criticado, junto al hecho de que «no se contempla la necesidad de que los autores muestren arrepentimiento o compromiso de no volver a cometerlos, cuestión de estándares internacionales que sería preceptivo incluir».

Por último, ha llamado la atención sobre la contradicción que contienen «las disposiciones finales primera y segunda», que se impugnan porque «afrontan la modificación de dos leyes generales, el Código Penal y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas» y «eso una ley singular no lo puede regular». «Los objetivos y al servicio de quién se actúa definen los gobiernos. Hemos visto aquí una norma que se hace pensando en el interés de los delincuentes», ha apostillado al hilo de esto el consejero de Economía y Hacienda y portavoz.