En el año 2017, una época prepandémica y pre-Gobierno de coalición PSOE-Podemos, un grupo de expertos designado por el Ministerio de Hacienda advirtió de que el sistema de financiación de las comunidades autónomas presentaba deficiencias muy importantes. Que no cubría adecuadamente los «gastos ... en competencias» que tenían asumidas las comunidades autónomas. Que era «excesivamente complicado y poco transparente». Que había un «claro desequilibrio vertical en el reparto de los recursos públicos», decían las autonomías, en favor del Estado. La reforma del sistema debería acometerse, si se cumplen los plazos del Gobierno, en los primeros meses de 2021.
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Y en ese informe se analizaban, también, los impuestos que recaudan las comunidades. Y se proponía «armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente, restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas o tipos de gravamen y posiblemente a las deducciones o bonificaciones de la cuota».
Ahora, el Gobierno central pretende ligar ambas cosas, la reforma de la financiación de las comunidades autónomas y la «armonización» de tributos. Una palabra que para el PP se traduce como «subida de impuestos», como dejó claro el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo: «Yo creo que la armonización no es mala y tampoco es mala la armonización a la baja de los impuestos. Pensar que la armonización solo supone subir impuestos... eso no es armonizar; es subir impuestos», dijo ayer.
La reintroducción de esta cuestión en el debate económico ha sido abrupta. Y Castilla y León, que linda con Madrid al sur y con el País Vasco al norte, ya lo ha acometido alguna vez.
Al presidente de laJunta, Alfonso Fernández Mañueco, se le acumularon las preguntas al respecto y su discurso encajó perfectamente con el del presidente gallego, el andaluz y el resto de barones populares. «He dicho una y mil veces que estamos a favor de la armonización fiscal a la baja. Y me parece indecente que se quiera justificar las subidas de impuestos utilizando a los dirigentes que no tenemos carné socialista. Más le valdría a Sánchez entenderse y dialogar con quienes creemos en un proyecto de España y no con aquellas fuerzas políticas que pretenden acabar con el proyecto nacional», sentenció a las primeras de cambio, y repitió la misma idea en varias ocasiones más.
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El conocido como 'dumping' fiscal que ejerce Madrid con sus bonificaciones al impuesto de Patrimonio, por ejemplo, ya fue motivo de controversia en el pasado reciente. Pilar del Olmo (PP), entonces consejera de Economía yHacienda en la Junta, se mostraba en 2017 favorable a una «homogeneización tributaria» que garantice un «límite mínimo» que las autonomías no puedan sobrepasar en sus desgravaciones y beneficios fiscales. Miraba entonces, eso sí, hacia el País Vasco, para no centrar la crítica en la comunidad madrileña, que presidía la popular Cristina Cifuentes.
El discurso económico en Castilla y León ahonda en las tesis defendidas por PP y Ciudadanos. De hecho, Francisco Igea (Cs) no tuvo empacho en definir los presupuestos de la región como «de Gobierno», sin distinción de siglas. Consideran que la recuperación económica debe pasar por menos impuestos a los ciudadanos. Una idea que Castilla y León ya ejerce, como presumió Mañueco. «De cara al año que viene no tenemos previsto bajar el IRPF autonómico, pero somos de las que tiene el tramo autonómico más beneficioso para las familias. Tras Madrid, la que lo tiene más bajo de toda España», señaló. Y porque la pandemia se llevó por delante la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones cuando ya apuraba el trámite parlamentario. Se suspendió su eliminación 'sine die'. «El pacto de reconstrucción decía que íbamos a dejar las cosas como estaban», admitió el presidente de la Junta. Y aprovechó para marcar la línea con el PSOE regional y, por extensión, el Gobierno. «Planteábamos la bonificación en el caso de donaciones y sucesiones de padres a hijos y a cónyuges y el PSOE pedía subida del impuesto de sucesiones y donaciones».
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El impuesto de Patrimonio, que Madrid tiene bonificado, supone unos ingresos para Castilla y León, según la memoria de la Dirección General de Tributos de 2019, de 29,5 millones de euros anuales. El de sucesiones y donaciones, que se encontraba en trámites de eliminación, permitió recaudar en 2017 unos 193,6 millones de euros. El total de los tributos cedidos a la comunidad autónoma asciende a unos 587 millones de euros.
Que partidos como PSOE o Unidas Podemos puedan apoyar estos presupuestos regionales, tras las sucesivas prórrogas de los de 2018, se antoja difícil. Luis Tudanca ya dejó claras sus preferencias el miércoles, cuando señaló que «defender la política fiscal de Ayuso en Madrid es ir en contra de los intereses de Castilla y León y del acuerdo en materia de financiación autonómica firmado la pasada legislatura por Herrera. Una vez más, Mañueco elige plegarse a los intereses del PP y Casado».
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El presidente de la Junta señalaba ayer que el consejero de Hacienda,Carlos Fernández Carriedo, se ha reunido con todos los grupos políticos. «En los últimos días han tenido la última ronda de contactos. Si el problema es que yo tenga que hablar con Luis Tudanca, ese problema deja de existir, porque hablaríamos inmediatamente», aseguró.
Y es que el PP y Ciudadanos quieren que el peso de respaldar las cuentas autonómicas recaiga en el PSOE. La táctica es clara. Presentan los presupuestos «históricos», los más elevados gracias a una importante partida de deuda, con impuestos bajos, y con el 7,5% del PIB destinado a Sanidad cuando el pacto de reconstrucción fijaba como objetivo el 7%. «Lo que cuenta es lo que pactamos en el mes de junio, que está en estos presupuestos», envidó Mañueco. Y se puso a desgranar. «Aumentar fondos a entidades locales, extender la banda ancha, afrontar el plan de choque del Diálogo Social, implantar la teleasistencia avanzada, garantizar ayudas al alquiler e incrementar parque público de alquiler social… Están en estos presupuestos».
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El procurador del PSOE José Francisco Martín ya dejó alguna pista. «El presupuesto de la Junta crece gracias al endeudamiento y a las mayores subvenciones a fondo perdido recibidas nunca por Castilla y León y que el consejero Carriedo intentó ocultar en el debate sobre el techo de gasto. En 2020 la Junta ha recibido ya 843 millones del Fondo Covid-19 y al menos otros 134 millones del fondo social extraordinario, prestaciones de servicios sociales, plan de vivienda, etcétera».
Unidas Podemos, por su parte, dejó claro el «no». Pablo Fernández, su portavoz en las Cortes, anunció que no apoyarán estas cuentas, las primeras que Castilla y León elabora desde el año 2018.
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