Los juzgados de Castilla y León registran un millar de casos más de violencia de género en solo un año
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El número de procedimientos de maltrato aumentó en 2021 hasta los 6.986, un 16% más que en 2020, cuando se tramitaron 5.926 asuntos«Importante ascenso» en el volumen de procedimientos penales por malos tratos a mujeres protagonizados por sus parejas. Así lo advierte la Memoria de la Fiscalía Superior respecto del número de procedimientos penales abiertos por malos tratos en los juzgados de Castilla y León durante ... el año 2021. Se trata de un incremento de más de un millar respecto de la anualidad anterior, en concreto, se incoaron 1.060 casos más de malos tratos el último año respecto de 2020, lo que supone un ascenso del 16%, al registrarse 6.986 asuntos frente a los 5.926 del primer año de la pandemia de covid. También asciende el número de calificaciones realizadas por las nueve fiscalías, 2.106 procedimientos de violencia de género calificados frente a los 1.700 de la anualidad anterior. En menor volumen, también crecen las sentencias impuestas: los juzgados dictaron 1.387 frente a las 1.100 firmadas en 2020, un 20% más.
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El maltrato ocasional es el delito contra la mujer más calificado por los fiscales, seguido del quebrantamiento de medidas cautelares y condenas, amenazas y maltrato habitual. Respecto de las agravantes que se aplican en estos casos, la reincidencia es la circunstancia más recurrente. Se ha agravado la pena solicitada para el agresor en 62 ocasiones, mientras que las circunstancias agravantes de parentesco y por razón de género se han aplicado en 11 y 8 ocasiones, respectivamente. Respecto de las atenuantes, se ha aplicado la de confesión en uno de los casos y la de reparación del daño causado, en dos procedimientos.
Precisa la Memoria que, dentro de las 1.387 sentencias, 336 fueron condenatorias, 648 se produjeron por conformidad, al llegar a un acuerdo el culpable y el ministerio público y otras 403 fueron absolutorias. La mayoría de los fallos absolutorios obedecieron a que las víctimas se acogieron a su derecho a no declarar (artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) o, en otros casos, porque el juzgador considera que la declaración de la víctima «no ha sido suficiente para poder entender acreditados los hechos». Las penas que se suelen imponer en estos casos pasan por la prisión y le siguen los trabajos en beneficio de la comunidad.
Durante el año 2021 fueron asesinadas en Castilla y León cuatro mujeres, dos de las cuales murieron en Valladolid. El primero de los crímenes, ocurrido el 3 de febrero de 2021, fue el homicidio de Priscilla, en una pensión de la capital, en el marco de una relación de pareja con un indigente que era muy incipiente, pues llevaban juntos apenas una semana, motivo por el que la Fiscalía entendió, al calificar los hechos, que no concurría la circunstancia agravante de parentesco. El caso no llegó al juicio con jurado porque el autor del homicidio se declaró culpable y llegó a un acuerdo con el ministerio público y el resto de las acusaciones. Aceptó una pena de 10 años de prisión.
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La muerte de la segunda mujer, África Cuadrado, de 55 años, se produjo del 21 de junio de 2021, en el marco de un matrimonio de unos veinte años de duración y con dos hijas en común. Como en el anterior caso, no había denuncias anteriores de maltrato. El juicio con jurado contra su marido está programado en la Audiencia de Valladolid para la primavera del próximo año.
La hija mayor de la pareja presenció la brutal agresión que le costó la vida a África. Su cuerpo no pudo resistir la ingente cantidad de puñaladas propinadas por su marido para poner fin a una discusión en el domicilio familiar, en el que ambos estaban confinados al haber dado positivo por coronavirus, sobre los términos en el que iba a producirse su separación. La pareja continuaba viviendo bajo el mismo techo en el domicilio familiar de la urbanización Santa Ana, junto a sus dos hijas, de 19 y 17 años, pese a estar en trámites de divorcio. La víctima recibió entre quince y veinte puñaladas, en su mayoría propinadas por la espalda y un costado, a la altura del tórax, aunque su cuerpo presentaba también cortes por delante y en las manos, heridas estas últimas de posible carácter defensivo.
Su marido, José Javier C. F., un inspector de Hacienda de 58 años, será juzgado por el crimen por un jurado popular.
Ocurrió que víctima y agresor llevaban en torno a una semana confinados después de haber dado positivo por coronavirus. Las discusiones eran frecuentes y la convivencia entre ellos estaba muy deteriorada. Y en estas circunstancias, con sus hijas también presentes, se produjo una fuerte discusión entre la pareja. En un momento dado, según las acusaciones, el hombre cogió un cuchillo de cocina de, al menos, quince centímetros de hoja y comenzó a asestar puñaladas a su mujer. Todo ello en presencia de la hija mayor del matrimonio, que fue la avisó al 112 a las 16:42 horas. Los sanitarios consiguieron estabilizarla y trasladarla con vida al Clínico, donde perdería la vida apenas cuatro horas después.
Su marido, José Javier C. F., por su parte, tuvo que ser también evacuado en ambulancia al Río Hortega con cortes superficiales en las muñecas fruto de un tímido intento autolítico. Sus lesiones no presentaban gravedad y esa misma noche fue trasladado al módulo penitenciario del Clínico.
El tercer asesinato machista del año en la comunidad sucedió en Mansilla de las Mulas (León) donde residía la víctima, el 19 de abril de 2021. Allí acudió su expareja sentimental y la acuchilló mortalmente. Salamanca fue el escenario de la cuarta muerte por violencia de género del año. Una mujer fue asesinada por su marido, que le asestó más de 25 puñaladas. Después el autor, de 69 años, se suicidó por ahorcamiento.
Durante el año 2021 los jueces adoptaron 75 medidas de prisión provisional frente a las 59 del año anterior y se dictaron 1.241 órdenes de protección, 217 más que en el pasado ejercicio, mientras que otras 407 fueron denegadas, aproximadamente el 30%. En total, teniendo en cuenta las medidas del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los juzgados de Castilla y León firmaron 1.580 órdenes de protección.
Respecto de la eficacia de las medidas cautelares, se han abierto 622 procedimientos por delito de quebrantamiento, una cifra ligeramente superior a la registrada en 2020. Los fiscales formularon 410 calificaciones por estos delitos y se dictaron 252 sentencias condenatorias, el 60%, por conformidad.
Para garantizar el cumplimiento de estas medidas se ha autorizado la colocación de 101 dispositivos electrónicos para garantizar el cumplimiento de medidas (58) o penas de alejamiento (43) de la víctima. El aumento en la colocación de estas 'pulseras' electrónicas es notable, un 50% más, pues en 2020 se colocaron 45. Este incremento obedece, indica la Memoria, al incremento de la valoración policial del riesgo.
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