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La Junta de Castilla y León urge al Gobierno de Pedro Sánchez a que tome de inmediato la decisión de bajar el IVA de los combustibles del 21% al 4% para amortiguar el alza de precios de los carburantes que lastra la actividad económica. Carlos ... Fernández Carriedo, consejero portavoz del Ejecutivo autonómico, argumenta que hay muchas familias y empresas que «no pueden esperar más».
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El dirigente autonómico ha explicado que esa medida de rebajar el IVA supone un coste para las comunidades autónomas que la Junta de Castilla y León asume «como un esfuerzo» por mitigar los aprietos de familias y de empresas que están parando la actividad ante «el riesgo cierto de entrar en pérdidas» si siguen produciendo en un escenario de precios disparados de la energía y los combustibles, una inflación alcista y problemas de aprovisionamiento de materias primas, que ha agravado la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, pero que y se arrastraba en meses anteriores. Carriedo ha recordado que el paro en el transporte estuvo convocado ya en diciembre, antes de las Navidades.
El consejero ha insistido en el «esfuerzo» que asume la Junta al respaldar la rebaja del IVA, puesto que las autonomías gestionan la mitad de lo que la Hacienda estatal recauda por este impuesto que grava el consumo. Será dinero que no llegue a las arcas de la Administración autonómica. «Las decisiones tienen que tomarse pronto. Estamos a jueves y no tenemos noticia alguna ni comunicación», emplazó Carlos Fernández Carriedo, en referencia al Gobierno de la nación.
El portavoz de Castilla y León aseguró que el Ejecutivo autonómico entiende las razones del paro en el sector del transporte, pero ha incidido en que debe garantizarse el derecho a circular de los empresarios y camioneros que deciden trabajar. «Entendemos claramente la situación por la que están atravesando muchos sectores productivos que ven cómo el Gobierno no acaba de reaccionar», ha manifestado Fernández Carriedo, para apelar de inmediato a que la Junta también defiende «el derecho al trabajo, que también debe estar garantizado».
El consejero ha reclamado a las autoridades estatales que garanticen la circulación de los transportistas que no secundan el paro y el «suministro de bienes esenciales» para los ciudadanos, pero también para empresas y granjas, incidiendo en la repercusión que puede tener para la ganadería que no se recojan animales o leche, por ejemplo, o que no lleguen piensos a las explotaciones.
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