La Junta trabajará en 2018 en una treintena de medidas en el marco del Pacto de Estado sobre violencia de género

Alicia García ha destacado el trabajo que Castilla y León ha venido realizando en torno al Pacto de Estado desde hace más de un año, concretamente desde que la Conferencia de Presidentes hiciera el mandato de que las comunidades autónomas se implicaran en esta materia. Así, la Comunidad ha aportado propuestas en el Senado, ha participado en el grupo de trabajo del Observatorio estatal con 23 medidas que fueron incorporadas en el Pacto de Estado, ha mantenido reuniones con la Delegación del Gobierno de Violencia de Género o en el marco del Pleno del Observatorio Estatal o en las comisiones técnicas preparatorias de las conferencias sectoriales.

En este sentido, la consejera se ha referido a que desde Castilla y León se va a seguir trabajando de forma intensa en esta materia y, en lo que se refiere a los más inmediatos pasos en este sentido, en la puesta en marcha en la Comunidad de 26 medidas del Pacto de Estado que se han definido como de aplicación prioritaria en 2018 y que se han llevado hoy para el acuerdo de la Conferencia Sectorial, además de todas las medidas legislativas previstas en el Congreso de los Diputados.

García ha señalado que las medidas que se han priorizado se centran en la sensibilización y prevención de la violencia de género, sobre todo en el ámbito educativo y sanitario, visibilizando otras formas de violencia como la sexual. Junto a esto, también se ha dado prioridad a la acreditación de las mujeres como víctimas de género, a la necesidad de una especial atención y protección a los menores y a una adecuada coordinación de todos los agentes para una atención integral de las víctimas. Todo ello impulsando la formación de los distintos operadores implicados en la lucha contra la violencia de género. Todas estas medidas cuentan con el respaldo en Castilla y León de 35 instituciones y entidades pertenecientes al Consejo Regional de la Mujer, al Observatorio regional sobre violencia de género y a sectores relacionados con la atención a mujeres vulnerables.

La consejera ha apuntado que estas medidas son perfectamente compatibles y encajan con el modelo integral que ha impulsado la Junta de Castilla y León, ‘Objetivo violencia Cero’, y algunas de ellas ya se están desarrollando en la Comunidad. Junto a esto, se ha referido a que en la reunión de hoy Castilla y León ha sido designada para formar parte de dos de los grupos de trabajo creados para concretar el seguimiento de estas medidas prioritarias, en concreto, del grupo de trabajo de detección, sensibilización y formación en violencia sobre las mujeres y del grupo de trabajo sobre respuesta institucional, coordinación y trabajo en red.

Alicia García ha recordado también que, para poder materializar las medidas pactadas, es importante que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cumpla con el compromiso de financiación previsto y que tasó en 100 millones al año para el desarrollo de estas medias en las diferentes comunidades autónomas.

Las medidas acordadas como prioritarias se pueden organizar en torno a distintas áreas de actuación o ejes. La primera de estas áreas sería la de sensibilización y prevención. Aquí se priorizará incluir en todas las etapas educativas la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas; promover en los centros educativos talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual; supervisar, por parte de la inspección educativa, los planes de convivencia y los protocolos de acoso escolar en los centros educativos; ofertar en los programas de formación permanente al menos un programa específico de prevención y lucha contra la violencia de género; elaborar materiales informativos para madres y padres que les ayuden a detectar la violencia de género, y trabajar para incorporar en los temarios de oposiciones al Sistema Nacional de Salud temas específicos sobre salud y género donde se incida especialmente en la detección precoz de la violencia de género a través de los canales que ofrece la sanidad pública.

Respecto al eje de la mejora de la respuesta institucional, las medidas inciden en introducir en la Ley las modificaciones necesarias relativas a la acreditación de víctima de violencia de género; diseñar, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha un nuevo sistema de acreditación para poder acceder al estatuto integral de protección, y mejorar los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones para coordinar sus actuaciones.

En el tercero de los ejes, el que incide en el perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, se incluye la revisión y refuerzo de la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario.

La asistencia y protección de los menores es el cuarto marco de actuación. Aquí se incluye realizar estudios sobre la situación de los menores; establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia; prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género; impedir que el padre maltratador pueda acceder a las grabaciones realizadas con motivo de la explotación judicial de los menores; reforzar el apoyo y asistencia a los menores hijos de víctimas mortales de la violencia, dado que es una situación que requiere especial celo protector, y formación especializada para los profesionales que trabajan con infancia y adolescencia.

Respecto al quinto eje, que hace referencia al impulso a la formación de los distintos agentes, se contempla ampliar la formación especializada que reciben los profesionales de la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata; introducir más temas de Derecho Antidiscriminatorio en las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial, y formación continua anual e introducir pruebas específicas en violencia de género, como requisito para concursar a órganos judiciales especializados; proponer al Consejo General de la Abogacía Española que impulse para todos sus colegiados la homogeneización de una formación de calidad en Derecho Antidiscriminatorio, e impulsar acciones de formación con los colegios de abogados y colegios de procuradores.

Un sexto eje habla de las recomendaciones a las administraciones públicas y otras instituciones, para el desarrollo de medidas como acordar con la Comisión Nacional de Estadística Judicial la modificación de los boletines estadísticos judiciales sobre violencia de género con el fin de ampliar indicadores de seguimiento de la respuesta judicial a todas las formas de violencia contra las mujeres, y trabajar con las comunidades autónomas para mejorar el acceso a la prevención, protección, atención integral y recuperación de las víctimas de trata.

La séptima línea de actuación hace referencia a la visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres a través de la elaboración de campañas y materiales informativos contra la violencia sexual y las diferentes realidades de las mujeres, con el objetivo de que exista una mayor conciencia social sobre estas formas de violencia de género; fomentar la investigación en violencias sexuales y realizar estudios de prevalencia y diseño de indicadores para todos los tipos de violencias sexuales, además de seguir desplegando y ampliar, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina.

Junto a esto habría un octavo eje relativo al seguimiento estadístico que no contempla medidas prioritarias específicas y un noveno eje relativo al compromiso económico, con el acuerdo del Ministerio de incrementar en 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años el presupuesto para desarrollar este Pacto, de los cuales 500 millones corresponderían en esos cinco próximos años a las comunidades autónomas y supondrían ya para el próximo año 100 millones para las comunidades.