La Junta suprimirá un año la tasa de caza y solo tres meses las de transporte y servicios veterinarios

La aprobación del texto, garantizada con los 44 escaños que suman PP (31) y Vox (13) en las Cortes, supondrá la eliminación del pago de la tasa por licencias de caza y pesca «en apoyo al sector cinegético». Son 42,65 euros para caza con escopeta, 13,70 euros para caza con galgo y 15,20 en el caso de las licencias de pesca. La normativa establece un año de gratuidad, todo 2023, pero la ley de medidas que acompaña al presupuesto que se aprobará a finales de diciembre (se tramita en paralelo a la de rebajas tributarias) extiende en la práctica ese coste cero para cazadores y pescadores hasta 2028, al ampliar el periodo de validez de las licencias a cinco años.

Ese plazo generoso choca con los que la ley autonómica establecerá para las exenciones que se van a aplicar a otros sectores, como los transportistas o los ganaderos, que el texto ciñe a tres meses. La propia normativa sobre rebajas tributarias argumenta que son profesionales especialmente afectados «por las subidas del precio de la energía, el combustible y la elevada inflación» y prevé una bonificación del 100% de la tasa en materia de transporte por carretera y la de prestación de servicios veterinarios, «con vigencia exclusiva durante los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la ley».

Alimenta esa disparidad de plazos la exención que promueve la Junta para eliminar el precio público que aplica la Administración autonómica por la evaluación y acreditación de las competencias profesiones adquiridas a través de la experiencia laboral o formación no reglada y que permite a trabajadores sin titulación oficial acreditar que cuentas con conocimientos, por ejemplo, para cuidar a personas mayores. Este proceso será gratuito durante cuatro años. «El objetivo de favorecer la cualificación profesional de los trabajadores tanto ocupados como desempleados con la eliminación de impedimentos económicos y administrativos, recoge el proyecto de ley.

La entrada en vigor de la norma supondrá también que durante un año la eliminación de pago de la tasa por la expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados. «Con la finalidad de favorecer que los solicitantes, principalmente personas desempleadas, puedan acreditar sus cualificaciones profesionales y facilitarles la búsqueda o la mejora de empleo», esgrimen los responsables del Gobierno de coalición en el texto que se encuentra en tramitación en las Cortes.

Leticia García, portavoz adjunta del PP en las Cortes y responsable del grupo popular en el área presupuestaria y fiscal, avanza la intención del grupo mayoritario de incluir el debate y la votación de esta ley en la sesión plenaria del 30 de noviembre, pese a que los procuradores están ahora volcados en la tramitación del presupuesto para 2023, que tiene prioridad sobre cualquier otro asunto. «Son rebajas tributarias que benefician a los ciudadanos y el calendario nos permite encajar la ley para agilizar su aprobación lo antes posible», valora Leticia García.

Al Proyecto de Ley de Rebajas Tributarias promovido por PP y Vox ha presentado la oposición 55 enmiendas. El PSOE firma 30, entre las que defiende bonificaciones autonómicas para la compra de vehículos eléctricos, por adquisición de libros de texto y por acogida no remunerada de menores y personas con discapacidad, además de para pensionistas que tienen personas a su cargo. Rosa Rubio es la portavoz parlamentaria socialista en temas tributarios y de presupuestos: «Con los casi 4 millones que supone la gratuidad doce meses de las licencias de caza y pesca se deja de construir un centro de salud». La socialista está convencida de que esta medida no fija población y apunta que es ideológica y electoralista, «mientras se niega apoyos o rozan el ridículo para sectores que están pasando apuros».

El PSOE mantiene la rebaja para los primeros 12.450 euros del IRPF que firman PP y Vox, pero suben del 21,50% al 23,50% la tarifa que pagan los contribuyentes a partir los 53.700 euros, y aplica el 25% a partir de los 240.000 euros, que ahora pagan el 21,5%.

Cs, UPL-Soria ¡Ya! y Podemos completan las enmiendas. Entre la de Francisco Igea destaca una que pide aumentar la desgravación por nacimiento a toda la comunidad, no solo a los municipios de menos de 5.000 habitantes. «Resulta imperioso fomentar la natalidad en toda Castilla y León, independientemente del tamaño del municipio», esgrime. Sobre la exención de las tasas de caza y pesca, el exvicepresidente de la Junta es tajante en su enmienda: «No existe razón de equidad que justifique la bonificación de las tasas por licencias de caza y pesca».