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La Junta de Castilla y León considera que los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, denunciados por el propio gobierno autonómico en el caso de la Perla Negra, no actuaron como altos cargos de la administración autonómica sino como «directivos» de una empresa ... pública. Entre otros encausados, la Junta solicita doce años y medio de prisión para Rafael Delgado y cuatro años para Begoña Hernández por los posibles delitos de corrupción en las operaciones de compra del edificio de la extinta Agencia de Desarrollo Económico (ADE) en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
«Las actuaciones que tuvieron las personas sobre las que se piden determinadas penas no fueron por su condición de alto cargo de la administración autonómica, sino en su condición de cargo directivo de una empresa pública. Las personas que estamos como altos cargos podemos desarrollar otras labores en paralelo», justificó este jueves el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez.
El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, también trató de disociar ambos conceptos. «Son empresas públicas, no son la Administración», apuntó Igea sobre la constelación de entidades dependientes del gobierno autonómico. «De ahí la necesidad de revisar su existencia, funcionamiento y supervisión. Por eso este gobierno plantea actuar de otra manera. Estas cosas están mal hechas, pero no se han hecho bajo el paraguas de la Administración», arguyó. La antigua ADE, hoy rebautizada como Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), depende de la consejería de Economía y el dinero que recibe es público.
El vicepresidente de la Junta insistió en que los encausados en el caso de la Perla Negra lo están «a título personal». «A la Administración no se le pide responsabilidad. Es la Justicia la que ha dicho que los responsables son estos señores de manera individual. Veremos lo que dice luego la sentencia. Es bastante más razonable la actitud de este gobierno que se persona como acusación particular que la de otros gobiernos», reseñó Igea, en referencia al anterior ejecutivo autonómico monocolor del PP en la Junta. «No nos va a faltar determinación ni prudencia».
«Esas personas se enfrentan a procesos judiciales y hemos actuado de forma radicalmente diferente a la de otros periodos. Es bueno valorarlo», añadió Francisco Igea para ensalzar las virtudes del gobierno de coalición PP-Cs y la influencia del partido naranja en el Ejecutivo.
El vicepresidente de la Junta consideró que ya se han depurado responsabilidades políticas porque «ninguno» de los encausados continúa en la administración pública. «Las responsabilidades políticas no pueden extenderse a todos los miembros de un partido político, sino solo de manera personal, salvo que haya una organización. Ya existen responsabilidades políticas desde el momento en que el acuerdo de gobierno PP-Ciudadanos especifica que cualquier persona imputada por un caso de corrupción no puede seguir el gobierno. Eso se cumple y se va a seguir cumpliendo, pero no vamos a extender a más personas una responsabilidad que no les corresponde».
La Junta de Castilla y León decidió el pasado martes impulsar la causa sobre dos de sus ex altos cargos y seis empresarios dentro del proceso judicial que investiga los presuntos favores e irregularidades en el edificio de la antigua ADE a la empresa Urban Proyecta (cuyo promotor, Germán Martín Giraldo, también está acusado) así como en el parque empresarial de Portillo (Valladolid).
Después de descartar en 2013 personarse en el proceso, la Junta decidió cambiar de postura en 2016 y ahora, con el nuevo gobierno de coalición PP-Ciudadanos, da un nuevo empuje a la causa, en la que reclama multas de 22,5 millones a los ocho investigados y penas de prisión para dos de los viceconsejeros de Economía que estuvieron a las órdenes de Tomás Villanueva como consejero de Juan Vicente Herrera. Villanueva, que estaba imputado en este caso, falleció repentinamente en su domicilio en septiembre de 2017.
El PSOE pidió ayer explicaciones al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al formar parte del ejecutivo autonómico en aquella etapa. La secretaria del grupo socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, exigió la comparecencia de Mañueco en la comisión de investigación sobre esta causa y la trama eólica. «Algo tendrá que decir», sostuvo la parlamentaria, informa Ical.
Gómez recordó que el actual portavoz del grupo popular en las Cortes autonómicas, Raúl de la Hoz, declaró en 2016 no había habido un «pelotazo» en el alquiler y compra posterior del edificio de Soluciones Empresariales de la Junta, conocido como Perla Negra. Sin embargo, recalcó que tres años después el propio Ejecutivo, personado como acusación, ha solicitado penas de prisión y multas millonarias para la excúpula de la Consejería de Economía. «Han pasado de decir que no hay pelotazo a pedir cárcel para 'las personas de las que usted me habla'», sentenció.
La Junta de Castilla y León aprobó este jueves la oferta de empleo público de 2019, con un total de 3.513 plazas, de las cuales 3.120 son de nuevo ingreso y acceso libre y otras 393 destinadas a promoción interna. «El total de la tasa de reposición será del 108% en este 2019», explicó el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, quien señaló que este porcentaje es posible gracias a que Castilla y León ha cumplido con los requisitos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública, así como un 8% adicional al disponer de una tasa de temporalidad superior al 10%. La tasa de reposición hace referencia al número de funcionarios que entran en la Administración dividido por el número de empleados públicos que la abandonan por jubilación.
«Con esta oferta, la Junta responde a la necesidad de aportar trabajadores cualificados a esta comunidad para dar la mejor cobertura posible a unos servicios públicos de calidad. Por eso, la oferta de este año no comprende solo los típicos puestos de administración general, sino ofertas para grupos de especial importancia como arquitectos, bibliotecarios, psicólogos, ingenieros técnicos o agentes medioambientales», explicó Ibáñez.
De las 3.120 plazas de nuevo ingreso, 432 corresponden a los cuerpos y escalas de funcionarios no docentes, 438 al personal laboral de la Función Pública, 1.178 a cuerpos de docentes no universitarios y 1.072 a personal de instituciones sanitarias.
Por otra parte, la Junta anunció este jueves el calendario normativo previsto para 2020, que contempla la elaboración de 18 proyectos de ley, 89 decretos y 13 órdenes por parte de las diez consejerías del gobierno autonómico. «La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior es la que más proyectos va a presentar», anunció su titular y vicepresidente, Francisco Igea. «Entre otras, presentaremos la nueva Ley de Transparencia, la Ley contra el Fraude y la modificación de la Ley de Ordenación para eliminar el tope de dos tercios necesario para la aprobación de los mapas. Además, se aprobarán otras importantes leyes de carácter social comola de derechos y garantías de las personas al final de su vida o la ley LGTBI».
La Junta de Castilla y León está decidida a reformar la Ley de Ordenación del Territorio para aprobar los mapas rurales sin la necesidad de depender de la mayoría reforzada para la que ahora necesita el apoyo del PSOE. «Todas las leyes pueden ser modificadas. Hay un principio jurídico básico: ningún gobierno puede condicionar al siguiente. La ley puede ser transformada y lo vamos a llevar al Parlamento. Este es otro gobierno y las cosas cambian», sostuvo este jueves el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
«Hemos buscado el consenso con el Partido Socialista de manera reiterada y hemos recibido una negativa tras otra. No vamos a estar cuatro años en la parálisis para ver si el señor Tudanca sale del berrinche», añadió Igea.
El vicepresidente de la Junta considera que el líder autonómico de los socialistas «no se suma ni a la conga», en alusión a la desenfadada danza que procuradores de todo signo político bailaron el martes durante la entrega de los 'Premios Hemicisco' que conceden los periodistas parlamentarios y en la que no participó Tudanca. «No vamos a consentir que hagan honor a la frase que han empleado diciendo que son el dique de contención. Ese es su único mensaje político. Las reformas son imparables y, quiera o no el señor Tudanca, va a haber reformas», insistió Igea, en referencia también al pacto por la sanidad.
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, advirtió al vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, así como a su socio de gobierno, el Partido Popular, de que su partido utilizará su «fuerza», como ganador de las elecciones autonómicas, para frenar una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, aprobada por consenso entre populares y socialistas en 2013, informa Ical.
El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y principal promotor del modelo de ordenación territorial vigente en la Comunidad, José Antonio de Santiago-Juárez, restó importancia a la modificación de la mayoría reforzada prevista en su acuerdo con el PSOE y sostuvo que «lo importante es que el modelo es válido», recoge Efe.
De Santiago-Juárez añadió que, más allá del procedimiento que utilice la Junta para sortear el bloqueo del desarrollo de la norma en los mapas de servicios en los pequeños municipios, por la falta de acuerdo con el PSOE, lo que le da «pena es que no se avance en el modelo», contra el que hubo voces críticas también en el seno de su partido, el PP.
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