La Junta pide autorización a los jueces para limitar reuniones a seis personas de 1:00 a 6:00

Es el momento en que la hostelería deja de trabajar -a medianoche cierran los interiores de bares y restaurantes, que pueden seguir atendiendo en terrazas hasta la una- y el ocio se traslada a las casas o a parques y otros lugares al aire libre. Las reuniones entre no convivientes en las que se relajan medidas de distancia y de mascarilla son ahora uno de los principales focos de transmisión de la covid-19. La consejera Verónica Casado aseguraba a finales de abril que uno de cada dos brotes eran intrafamiliares y la otra mitad mixtos, de reuniones familiares y contactos sociales en espacios cerrados en los que se baja la guardia frente al virus.

Los pormenores del informe sanitario y de los planteamientos jurídicos que esgrimen para avalar esa solicitud son una incógnita, porque es una documentación que desde el Ejecutivo autonómico no facilitaron. Incluso aunque la restricción planteada tenga demostrada su eficacia, los tribunales que se han pronunciado sobre estas limitaciones, como es el caso del Tribunal Superior de Justicia navarro, exigen que «se justifique por la Administración que no existe otra medida menos lesiva para el derecho fundamental afectado y su intensidad».

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, informó el jueves pasado de que el Ejecutivo autonómico había acordado pedir una autorización previa sobre esta medida limitativa, en lugar de aprobarla directamente y someterla luego a ratificación del TSJ como había hecho durante la pandemia con otras limitaciones. Igea definió la propuesta como una «regulación mínima» y añadió que tribunales de otras comunidades la habían autorizado tras decaer el estado de alarma.

Si los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Valladolid consideran que hay un equilibrio entre los datos epidemiológicos de Castilla y León y la limitación que se plantea del derecho de reunión, el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco impulsará esa restricción durante las madrugadas a los encuentros en el ámbito público y en espacios privados, como son los domicilios.

Castilla y León volvería a activar una restricción que mantuvo hasta la medianoche del 8 al 9 de mayo, cuando decayó el estado de alarma. Eso sí, de menor intensidad, puesto que durante meses han estado prohibidas en la comunidad las reuniones de más de cuatro no convivientes, limitación reforzada durante algunos periodos a la restricción total de reuniones en domicilios con personas que no fueran del núcleo familiar. Las restricciones se aplicaron durante todo el día y ahora se plantea exclusivamente para las cinco horas del tramo más nocturno de la jornada.

El vicepresidente apuntó que no sería una medida antibotellón, puesto que estos están prohibidos, y ligó esta restricción a la necesidad de evitar reuniones en pisos y casas una vez que cierra la hostelería y evitar así que se produzcan brotes de contagio. No obstante, la prohibición de juntarse en exteriores más de seis personas reforzaría la vertiente de prevención de botellones que tiene esta restricción.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es uno de los que han avalado esta medida de limitación de las reuniones. Sus magistrados consideraron que ocasionaba una «levísima repercusión» en el derecho de reunión y entendieron, tras analizar el informe adjunto de Agencia Catalana de Salut Pública, que era necesario «proteger valores y derechos tan sentidos como la vida, la integridad física y la salud de las personas». En Cataluña se aplicó un 2x1: junto a la limitación de reunión, se validó otra del aforo de 50% en celebraciones religiosas, como bodas y comuniones.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra denegó el 10 de mayo al gobierno de la comunidad foral la declaración de un toque de queda para evitar botellones, por considerar que la medida no guardaba proporción con la finalidad que perseguía, pero sí respaldó la limitación a seis personas de las reuniones en el ámbito público y privado. «Es notorio que se están produciendo numerosos contagios en esos espacios, donde las medidas de precaución se relajan», recoge el auto.

El envío de la solicitud de la Junta al TSJ de Castilla y León coincidió este lunes con una sentencia del Tribunal Supremo que avala la limitación puntual de derechos fundamentales mediante una ley ordinaria, como es la Ley de Salud Pública de 1986. «Lo primero que es menester precisar es que no necesariamente ha de hacerse por ley orgánica», señala el Alto Tribunal. El fallo remarca que las medidas que propongan las comunidades deben examinarse desde un triple ángulo jurídico que evalúe su «adecuación, necesidad y proporcionalidad», informa Europa Press.

La petición de la Junta para activar esta limitación en Castilla y León se produce en un momento de un aumento sostenido en la incidencia de los últimos siete días en seis de las nueve provincias de la comunidad. Según los datos oficiales que facilita la Junta, solamente Zamora, Salamanca y León presentan un registro de contagios en la última semana que mejoran el acumulado de los últimos catorce días. Su acumulado de contagios sigue descendiendo.

No es el caso de Valladolid. La provincia registra una incidencia acumulada de 127 casos por 100.000 habitantes a 14 días, mientras que ese indicador es de 74 a siete días. Una proyección de este último dato a dos semanas situaría la incidencia casi en 150. Esa situación se repite con claridad en Ávila, Palencia, y Soria. Y se mantiene más estable pero al alza, con el freno echado a la progresión de descenso en Burgos y Segovia, con incidencias de 199 y 149 casos a 14 días. Son las más altas de Castilla y León.

«Se produce un repunte entre menores de 60 que no genera, de momento, incremento de hospitalización. Los pacientes covid son menos del 3% de los pacientes en planta. Preocupan imágenes como las vistas este fin de semana», trasladó Francisco Igea el domingo a través de Twitter. Publicó el mensajes horas después de la celebraciones atléticas tras lograr ganar la liga de fútbol en Valladolid.

Si finalmente el pronunciamiento de los magistrados del TSJ es favorable a la medida de limitación del número de participantes y la medida empieza a aplicarse, será la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto con las policías locales, quienes tengan que vigilar su cumplimiento. «Es lo que nos toca y es lo que haremos, como venimos haciendo desde que empezó el segundo estado de alarma. No sería una práctica nueva», explicó el pasado viernes Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León. El dirigente socialista avanzó la total disposición a «colaborar con la Junta para el cumplimiento de las medidas sanitarias».