La Junta sobre la bajada de IVA del gas anunciada por Sánchez: «Cuando se quiere, se puede»

Una satisfacción no exenta de fuerte dosis de crítica marca la acogida por parte de la Junta de Castilla y León del anuncio del presidente Pedro Sánchez de que el Gobierno de España bajará el IVA del gas este otoño del 21% al 5% con el objetivo de intentar paliar el aumento de precio de una energía vital en buena parte de España para combatir el frío del invierno. «Nos satisface comprobar que también el Gobierno puede bajar impuestos cuando quiere», apuntó el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, al término del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo autonómico de PP y Vox ha celebrado este jueves. «Cuando se quiere, se puede,» remarcó Carriedo, en una valoración con un punto de ironía. El dirigente del PP contraponía la decisión última del presidente del Gobierno a la resistencia anterior a tocar el IVA de ese suministro y subrayaba que era la demostración de «que se pueden hacer las cosas mejor que como se venían haciendo».

El también consejero de Economía y Hacienda ha recordado que el Gobierno autonómico reclamaba (lo hizo horas antes, el miércoles, el presidente Alfonso Fernández Mañueco) esa rebaja del impuesto sobre el valor añadido al 5% y que asume el coste que supondrá para las arcas regionales, puesto que la mitad de la recaudación del IVA son ingresos que gestionan las comunidades autónomas para financiar programas y gastos propios de su presupuesto.

Coincide el anuncio de Sánchez con la solicitud por parte del Gobierno central a las autonomías de propuestas para ampliar, de cara al otoño, las medidas en vigor para aminorar el consumo energético ante la crisis internacional agudizada por la invasión de Ucrania. Castilla y León ha remitido a Moncloa una batería de iniciativas que van desde la reprogramación de los fondos extraordinarios que llegan de la Unión Europea para subvencionar instalaciones de autoconsumo o impulsar la renovación de calderas obsoletas y sus sustitución por equipos más eficientes a la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares que están en funcionamiento. Por lo menos, ha defendido Carlos Fernández Carriedo, hasta que España produzca toda la energía que necesita en instalaciones de renovables. También la generación de electricidad mediante carbón allí donde aún sea posible.

Las aportaciones del Gobierno de coalición de PP y Vox para un futuro plan otoñal no cierran la puerta al posible recurso contra el decreto aprobado hace una semanas, ha explicado Carriedo. Los Servicios Jurídicos autonómicos aún estudian esa posibilidad, aunque el presidente aseguró este miércoles, al analizar el inicio del curso político en Castilla y León, que no todo aquello que disgusta políticamente tiene por fuerza que recurrirse. Compañeros de gobierno del PP han seguido caminos dispares. Ayuso se inclina en Madrid por llevar la batalla al Tribunal Constitucional, mientras que Moreno Bonilla lo ha desestimado en Andalucía.

La capacidad de inspeccionar que se cumplan esas medidas estatales recae en las comunidades. «Nuestra prioridad no es sancionar», ha avanzado el portavoz de la Junta, criticando que el decreto que regula asuntos como la iluminación de escaparates o la temperatura en edificios públicos y negocios privados, convierta «en culpables» de la crisis energética a sectores como el comercio y la hostelería, «que en todo caso son víctimas».

La posición de la Junta será de «incentivo, apoyo y ayuda» en contraposición a la «inspección, sanción y castigo», ha manifestado el consejero, tras desgranar las medidas que Castilla y León defiende para aminorar el golpe económico que para familias y empresas supondrá la energía en los próximos meses. Suma a las enunciadas líneas arriba, el fomento de «contratos interrumplibles» o campañas de información sobre «el mix de generación eléctrica previsto del día y aconsejando en las franjas de no generación con gas todo el consumo que se pueda diferir».

Carlos Fernández Carriedo insiste en que las medidas promovidas pueden ser de obligado cumplimiento para las administraciones, pero voluntarias para los particulares, argumentado que son las familias y las empresas las que mejor saben cómo pueden programar su consumo y los más interesados aminorar la factura.

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