Junta y sindicatos se reúnen para desarrollar la jornada de 35 horas

La jornada de 35 horas para los trabajadores de la administración regional parece que contará con el beneplácito de la Junta de Castilla y León, tras anunciar ayer el vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, que cumplirán con lo acordado. Hoy se reunirá la Mesa de seguimiento con CC OO, UGT y C-SIF, tras anticipar el Ministerio de Hacienda el pasado miércoles que la región cumple con la regla de gasto, tercer requisito necesario para implementar la jornada de las 35 horas semanales. La reunión, dejó claro el portavoz del Consejo de Gobierno, es «para avanzar, para tirar hacia adelante».

En la reunión van a abordar temas como el procedimiento que se ha de seguir para poder cambiar la jornada. Será necesario, según de Santiago-Juárez, que se modifique una serie de normas, algunas de ellas con rango de Ley. Además, el vicepresidente explicó que hay otras situaciones que «no se hacen en 24 horas», como reelaborar los calendarios de aquellos empleados públicos de la administración regional que trabajan a turnos.

A pesar del tiempo que puede llevar su implementación, desde primeros de junio a finales de septiembre, los empleados podrán disfrutar de la que se denomina jornada de verano, rubricada el año pasado con los sindicatos, cuya duración durante este periodo será de 35 horas semanales. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del gobierno regional también habló del fallo judicial que obliga a sacar a concurso las plazas restantes de un concurso de traslados del año 2014. De Santiago-Juárez hizo referencia a la crisis económica del periodo en el que se produjo, y aclaró que la Junta va a alegar en los juzgados que esas plazas ya se han sacado en el concurso de traslados abierto y permanente. Además, el portavoz explicó que, cuando CGT recurrió la sentencia de 2017, «cuando le dan la razón ya habíamos sacado el concurso abierto y permanente». Añadió que fue el 16 de abril cuando quedó abierto este concurso.

Por otro lado, aunque sin salir de la temática judicial, el vicepresidente anunció que la Junta recurrirá la anulación de la exención de la licencia ambiental a las explotaciones ganaderas por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL). Se trata de un decreto de 2018 cuyo objetivo es «reducir cargas administrativas» y está destinado a «las pequeñas explotaciones ganaderas, no a las invasivas». «Pensamos recurrir porque es una medida dirigida a explotaciones ganaderas pequeñas para facilitar que se puedan montar como cualquier otro negocio», incidió de Santiago-Juárez, quien hizo hincapié en que se llevó a cabo en otros sectores. Además, argumentó que «es algo que está dentro de las directivas de la Unión Europea: suprimir la autorización administrativa por una comunicación formal» con el objetivo de «acortar plazos».

«Estamos en manos de la Justicia, y respetamos cualquier medida, como no puede ser de otra manera, que adopte la Justicia», indicó, aunque volvió a recalcar que es una acción que «facilita» y que al final «es lo que piden todos los sectores, quitar burocracia para reducir tiempo».

Por su parte, Ecologistas en Acción consideró en un comunicado que «fracasa el intento del Consejero popular Suárez-Quiñones de desregular la ganadería industrial en Castilla y León» y que con las elecciones autonómicas esperan que se «destierre definitivamente esta forma arbitraria y autoritaria de gobernar».