«Si hay algo que caracteriza de una manera especial al Diálogo Social de Castilla y León es su amplia efectividad. No se ha quedado nunca en declaraciones de buenos deseos, sino que se ha traducido siempre en hechos». Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y los responsables autonómicos de CC OO, UGT y CEOE, Vicente Andrés, Faustino Temprano y Santiago Aparicio, defienden la utilidad que para Castilla y León ha tenido este instrumento de concertación social durante los últimos 20 años, en un artículo firmado por los cuatro dirigentes.
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El presidente de Castilla y León y los líderes de los dos sindicatos y de la patronal autonómica ponen en valor los más de 100 acuerdos alcanzados en estos dos decenios de funcionamiento del Diálogo Social, bajo la premisa de «anteponer los intereses comunes a los propios», de «asumir con plena convicción la necesidad de alcanzar amplios acuerdos en beneficio de las personas». Una «generosidad», la de la cesión en las posiciones partidistas, que es una de las razones que «pueden explicar su éxito», aseguran.
Los cofirmantes del documento afirman que es una «seña de identidad» de la comunidad que la sitúa «entre las sociedades más avanzadas de Europa» en el terreno de la «democracia participativa». Hasta el punto de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) califica la experiencia de Castilla y León como un Diálogo Social «de primer nivel».
El documento rubricado por los máximos responsables de las cuatro partes que se sientan en las mesas del Diálogo Social resalta que los acuerdos suscritos han servido «para potenciar el empleo y la inserción laboral de los trabajadores, para impulsar nuestro desarrollo económico y nuestra competitividad, para incrementar la calidad de los servicios o para favorecer nuestro mundo rural mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y, con ello, luchar contra la despoblación». Han abordado cuestiones laborales, pero también de industria y competitividad, formación, servicios sociales, vivienda, violencia de género, inmigración o medio ambiente.
Recuerdan en el escrito que impulsan con motivo de ese vigésimo aniversario, que esa concertación social han cuajado en leyes como la que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía o la Red de Protección a Familias y Personas vulnerables, entre otras.
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Los integrantes del Diálogo Social estiman que estos acuerdos conllevan un compromiso presupuestario por parte de la Junta. «Baste señalar que ejecutar los once acuerdos suscritos en lo que llevamos de Legislatura implican recursos que se acercan a los 1.000 millones de euros», argumentan, al tiempo que subrayan la «agilidad notable» con la que impulsaron medidas para hacer frente a «circunstancias tan penosas y urgentes como la pandemia sanitaria».
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