La Junta reactivará el próximo año la reforma de la asistencia sanitaria en el medio rural con un decreto que reordenará las zonas básicas de salud y regulará los futuros consultorios rurales de agrupación, sobre los que pivotará la atención a los ciudadanos de los ... pueblos. Ese decreto está incluido en el calendario normativo para 2021 que acaba de aprobar el Gobierno de coalición que preside Alfonso Fernández Mañueco.
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La consejera de Sanidad, Verónica Casado, prevé tenerlo listo para el tercer trimestre del próximo año. Una vez publicado en el Boletín Oficial, abriría el despliegue en el territorio del modelo que la Junta ensayó en la comarca zamorana de Aliste en marzo. El estallido de la pandemia se llevó por delante la intención del Gobierno de PP y Cs de dar continuidad a esa experiencia piloto. La previsión de los responsables de la coalición autonómica es retomar un proyecto que implicará el «dimensionamiento de las plantillas» para vincular los puestos sanitarios a los consultorios rurales de agrupación (CRA), que van a dar servicio a una zona de varias localidades. La filosofía de la iniciativa traslada a la sanidad, salvando las distancias, el modelo de educación del colegio rural agrupado, con un centro cabecera desde el que se desplaza el profesorado de especialidades, que es itinerante en el medio rural.
«Se van a seleccionar, mediante criterio logístico, consultorios locales avanzados (de entre los actuales) con el objetivo de consolidar la actividad asistencial en varios centros de forma continuada 5 días a la semana, contando dichos centros con los medios y herramientas que se considera oportuno», recoge el calendario normativo de la Junta para 2021.
«Dada la actual situación de carencia de profesionales sanitarios en algunas especialidades, esencialmente en Atención Primaria, se trata de regular medidas que tiendan no solo a la eficacia y eficiencia de los recursos, sino también a la excelencia en la prestación asistencial a los usuarios», justifica sobre este decreto de reforma de la asistencia rural el cronograma normativo de la Junta para el próximo ejercicio, que prevé enviar a las Cortes hasta 22 proyectos de ley y aprobar 103 decretos y 25 órdenes que modificarán regulaciones ahora en vigor.
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La previsión de la Junta en materia de regulación es ingente, porque acumula todos los proyectos de ley que no ha tramitado este año. La actividad normativa del Gobierno autonómico se ha ceñido en 2020 a la aprobación por Decreto-Ley de regulaciones para hacer frente a los efectos de la covid-19. A eso suma el proyecto de presupuesto para 2021 y la Ley de Medidas que acompaña a las cuentas regionales. Curiosamente, en el calendario para el próximo año no incluye el presupuesto de 2022 y su ley de acompañamiento, que la Junta deberá presentar en las Cortes antes del 14 de octubre y que se añadirían a los 22 programados.
Avalancha de proyectos tras casi dos años sin experiencia legislativa
De la nada al todo. Eso vivirán las Cortes de Castilla y León en la tarea de tramitación legislativa, si la Junta cumple lo que ha comprometido en el calendario normativo y remite a la Cámara todos los proyectos de ley previstos para 2021: los 22, más el proyecto de presupuesto para 2022 y su ley de acompañamiento. El incremento de carga de trabajo de tramitación legislativa llegará tras casi dos años sin apenas proyectos normativos, de modo que los procuradores que entraron nuevos tras las elecciones de mayo de 2019 carecen de experiencia en este ámbito. El único proyecto de ley que ha seguido una tramitación convencional en esta legislatura ha sido el que declara espacio protegido los sabinares del Arlanza y La Yecla, que se aprobó hace unas semanas, pero que tiene una entidad jurídica menor. A ese se suma la modificación de la regulación del Impuesto de Sucesiones para suprimirlo en las herencias más cuantiosas entre familiares directos (por debajo de 400.000 euros por heredero en legados entre padres, hijos y cónyuges ya está exento de tributar), pero PP y Cs frenaron su debate en marzo, al estallar la pandemia, y en el pacto autonómico de recuperación se acordó no tocar los impuestos.
Fuera de esos dos textos, se han convalidado diez decretos leyes de la Junta, instrumento excepcional que solo requiere el debate el día del pleno y la votación en el hemiciclo. Sin más trámite. Completan el balance dos proyectos de ley (la flexibilización de control en gastos y el complemento de Ingreso Mínimo con la Renta Garantizada de Ciudadanía) presentados por la Junta, pero tan escuetos que se solventaron por lectura única, una tramitación ultrarrápida y sin enmiendas, y una proposición de ley impulsada por PP y Cs para incorporar la teleasistencia avanzad a la Ley de Servicios Sociales que tuvo similar recorrido.
Ese es el terreno desde el que se otea la vasta planificación elaborada en la Junta. «Denota falta de programación, más allá de la situación sobrevenida por la covid, pero además hay una intención de legislar contra la comunidad y no para la comunidad en los anteproyectos más avanzados, como el de Transparencia, con un rechazo absoluto de las entidades locales», valora Virginia Barcones, viceportavoz del PSOE en las Cortes. «Ni han hecho el trabajo ni nos lo han dejado hacer cuando los socialistas hemos registrado proposiciones de ley que ni han tomado en consideración», recalca Barcones, que augura «un atasco de narices de proyectos sin consensuar».
Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes, asegura que el calendario aprobado por el Gobierno de Mañueco e Igea, «es orientativo» y que el proceso de diálogo con la sociedad sobre todos los proyectos es y será contínuo. De la Hoz reconoce que los proyectos normativos más tecnicos implican un esfuerzo mayor en la tramitación y la técnica jurídica, por lo que una acumulación de textos puede desbordar los servicios de la Cámara.
David Castaño, de Cs, recalca que la programación es «de la Junta». El portavoz de la formación centrista apunta que un proyecto de ley requiere alrededor de cuatro meses de trabajo, «con informes jurídicos, plazos administrativos y negociación política», y señala que, con los medios actuales, las Cortes podrían tramitar y aprobar hasta nueve leyes al año más el presupuesto. «A partir de ese número habían falta, lo primero, más letrados», valora.
La Consejería de Transparencia, a la cabeza
La consejería que tiene por delante más trabajo normativo es la que dirige el vicepresidente Francisco Igea. Transparencia contempla llevar a tramitar a las Cortes ocho proyectos de ley. Esa batería de regulaciones desmonta en unos casos y matiza en otros el legado de las últimas legislaturas de Juan Vicente Herrera impulsado por quien fuera su vicepresidente, José Antonio de Santiago Juárez. Es el caso de las futuras nuevas leyes de Transparencia y de Ordenación del Territorio. La Junta enviará esta última al Parlamento autonómico entre enero y marzo. A esas se sumarán una ley de Dinamización Demográfica, una reforma del Estatuto de los Altos Cargos, la norma que creará la Agencia de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, otra de Cooperación Internacional al Desarrollo y una más de Participación Ciudadana. Cierra el paquete una modificación de la Ley de Gobierno para dar soporte a la futura Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas.
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La nueva Ley de Ordenación de Territorio, que permitirá a PP y Cs aprobar el modelo sin el PSOE, a primeros de año
Llegará a las Cortes uno de los primeros anteproyectos que abordó el Gobierno de coalición, el de Derechos y Garantías de las Personas al Final de la Vida, impulsado por Cs y que tramita la Consejería de Sanidad.
Otros de los proyectos de entidad que la Junta se compromete registrar en el Parlamento autonómico es la ley que regulará los puestos sanitarios de difícil cobertura para intentar solventar la desatención por falta de profesionales en el medio rural y los hospitales de menor entidad. Sanidad prevé regular por decreto los incentivos para los sanitarios que decidan seguir en el tajo hasta los 70 años.
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La norma que creará la Agencia de Lucha contra el Fraude y la Corrupción llegará a las Cortes entre enero y marzo
La tarea normativa de la Consejería de Familia sitúa la revisión del modelo de residencias de mayores en la recta final del año con una ley que se llamará de Calidad de Atención Residencial en Castilla y León. Este departamento presentará el proyecto de ley de para combatir la discriminación que sufren las personas LGTBI+ entre marzo y junio.
El equipo de Fomento y Medio Ambiente trabaja en una nueva Ley de Caza que compromete para primavera. Recibirá el nombre de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos. La Junta busca con ella atajar los defectos por los que los tribunales de justicia han anulado las últimas regulaciones que ha aprobado en este ámbito.
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La Consejería de la Presidencia tiene por delante una nueva Ley de Función Pública y en otra para definir los cuerpos y escalas de la Administración de Castilla y León. Su remisión a las Cortes está prevista para la segunda mitad del año y son la base para reformar la estructura de una plantilla diseñada hace décadas para una administración de 'papel', sin Internet.
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