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«En Castilla y León, la campaña contraincendios de este año tiene 366 días». Vicente Rodríguez, jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural y máximo responsable del operativo, puntualiza lo de año bisiesto para remarcar que la estrategia de la Consejería de Fomento ... y Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios forestales «no se reduce a los meses de verano». Es más, marzo y abril son meses críticos si se echa un vistazo al «histórico» de datos estadísticos, indica el veterano técnico de la Junta, quien apunta que hay unos días pico, del 10 al 16 de marzo, en los que están especialmente vigilantes porque son días «proclives» a las quemas descontroladas, las tradicionales quemas de maleza para obtener pastos que se van de las manos. Aunque esto de los incendios forestales no es una ciencia exacta. Así como en 2018 no hubo incidencias reseñables en los meses previos a la temporada estival, en marzo y abril de 2017 se contabilizaron, respectivamente, 600 y 400 fuegos forestales.
De momento, para este año se dispone de nueve helicópteros (seis contratados por la Junta y los otros tres, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) hasta que en el mes de junio se concentren el grueso de las medidas antiincendios. Hasta entonces, hay un operativo 'de guardia' que se organiza cada semana en función de las necesidades.
Los medios se distribuyen 'a la carta' con el objetivo de «optimizar unos recursos que son limitados». En concreto, 50 millones de euros que se destinan a este fin, una magra cifra para ocuparse de proteger uno de los territorios forestales más extensos de la Unión Europea.
Y un presupuesto que apenas ha variado en los últimos años, desde que, con los recortes de la crisis, la Junta decidió priorizar Sanidad, Educación y Servicios Sociales en el reparto por consejerías y la de Fomento y Medio Ambiente pasó de ser la reina de las inversiones a ser la hermana pobre. «No hay montes mejor tratados que los de Castilla y León y con el presupuesto más bajo de España (porque depende del número de habitantes y no de las hectáreas)», presume el responsable del operativo.
Con los presupuestos de 2018 prorrogados, no se espera que la cifra varíe mucho aunque, de disponerlo, podría la Junta incrementar la partida si lo considerara preciso. Para este ejercicio, los medios humanos y materiales para proteger los montes en la campaña de verano no serán muy diferentes de los que se destinaron la temporada pasada, enumera Rodríguez: 4.500 personas (1.100 técnicos, 1.500 empleados de autobombas y torres de vigilancia y 1.200 peones contratados por las empresas adjudicatarias, 21 medios aéreos y 250 cuadrillas que, como novedad, dispondrán de alguna mejora tecnológica en cuanto a sus sistemas de comunicaciones se refiere.
Miembros del personal fijo discontinuo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente participaron esta semana en unas jornadas sobre las campañas contra incendios, la ley del fuego y la figura del bombero forestal organizadas por UGT, en la que se puso sobre la mesa el malestar existente entre los trabajadores del sector por la precariedad laboral que sufren. Mientras que fuentes de la Junta consideran que, como los temporeros de recogida de fruta o los camareros en las terrazas de verano, «es normal» la temporalidad entre los trabajadores forestales, Antonio Lozano, delegado sindical de UGT en Tragsa -una de las empresas adjudicatarias de los servicios de prevención y extinción de la Administración autonómica- habla de condiciones de «semiesclavitud». y augura una «campaña caliente» porque existe un gran malestar, indica, especialmente en las cuadrillas de tierra, los 'romeos' porque «no les contratan de un año para otro, sino por obra». La temporalidad es del 90%, con sueldos base de 900 euros mensuales. «Aunque hay gente que lleva diez años trabajando en esto, nunca saben si les van a llamar para trabajar otros tres meses». Es el sistema mixto de Castilla y León, en el que «de un operativo de 900 personas, el 80% son contratados por empresas privadas». Contratos a la 'carta' que muchas veces llegan tarde, como el año pasado denunciaron sindicatos y también los colegios profesionales.
Otra de las principales reivindicaciones es la figura del bombero forestal. «Esta categoría existe en comunidades del entorno, como Galicia, La Rioja y Extremadura e implantarla en Castilla y León significaría mayor estabilidad laboral y fijar población», argumentó Ángel Rubio, responsable federal ugetista de bomberos forestales.
«Lo principal es ser eficaces y en Castilla y León somos punteros en prevención y en la lucha contra incendios tenemos una puntuación altísima desde 2009», insiste el jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural.
El coordinador de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez, por el contrario, considera que la Junta lleva desde hace años siendo cicatera en materia medioambiental «sin hacer los deberes en lo que se refiere a cambio climático» e «incumpliendo la legislación de Castilla y León y los acuerdos en la lucha contra incendios». Vázquez avanzó que en unas semanas -si el coronavirus lo permite- el PSOE presentará en las Cortes una proposición no de Ley de Protección, Extinción de Incendios y Emergencias que pretende «reordenar de manera integral todos los recursos en la materia y hacer realidad medidas que ya se contemplan en la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana».
El procurador socialista pone como ejemplo la escuela autonómica de formación para bomberos, policías locales y agentes ambientales. La propuesta persigue también acabar con la precariedad en el empleo de los peones forestales y crear la «figura única» de bombero para el personal de extinción e integrarla en las plantillas de la Administración.
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