La Junta promete a los alcaldes la creación de un «fondo extraordinario», pero no concreta la cuantía

Alfonso Fernández Mañueco anunció este miércoles a los alcaldes y presidentes de diputaciones de Castilla y León la próxima creación de un «fondo económico extraordinario dirigido al mundo local» y la instauración de un «sistema de colaboración» entre las diferentes instituciones que permita profundizar en todo lo relativo a los servicios sociales. Sin embargo, ese «compromiso firme» adelantado por el presidente de la Junta aún debe ser desarrollado, ya que todavía no se ha concretado su cuantía.

«Hay que evaluar las necesidades de ayuntamientos y diputaciones en la superación de esta crisis y habrá que coordinar las acciones oportunas. Las fechas tampoco se pueden conocer, pero cuando estén determinadas avanzaremos con toda la agilidad posible», explicó el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, que acompañó al presidente Mañueco y al vicepresidente Igea en la reunión telemática.

El consejero de Presidencia defendió que el compromiso de la Junta «no es solo verbal» y apuntó a la movilización de casi 87 millones de euros, «de los cuales 46 millones ya han sido ingresados en las entidades locales para aportar liquidez». «Esa partida procede de la financiación local ordinaria que aporta la Consejería de la Presidencia y la Consejería de Familia a través del acuerdo marco de los servicios sociales de Castilla y León».

La reunión no estuvo exenta de críticas. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, manifestó sentirse «preocupado por el tema económico» y subrayó que la Junta no ha hecho «ni una sola aportación a los ayuntamientos» durante la crisis. «No ha llegado ni un céntimo de euro de la comunidad autónoma al Ayuntamiento de Valladolid ni a ningún otro. Lo que se ha anunciado son los fondos que ha habilitado el Gobierno de España. El compromiso, de momento, es cero y muy preocupante. La Junta debe asumir el papel que le corresponde», consideró Óscar Puente.

También se produjeron desencuentros a la hora de afrontar la desescalada. Alcaldes y presidentes de diputaciones solicitaron prudencia. «La Junta no tiene que demostrarla. Seguimos con criterios epidemiológicos y sanitarios, y no políticos», defendió Ibáñez. Pero Óscar Puente expresó su «desconcierto» cuando Francisco Igea explicó que se mantiene el criterio de las áreas de salud para avanzar de fase. «Convierte a la comunidad en un puzle que no tiene ningún sentido administrativo ni social y que no guarda ningún tipo de relación con los criterios de la desescalada», dijo Puente durante la reunión. El regidor vallisoletano pidió un factor de corrección para que se tenga en cuenta el número de pruebas PCR, mucho más alto en el caso de Valladolid, lo que se traduce en más positivos totales, aunque el índice sea menor que en otras provincias.

La Conferencia de Alcaldes y presidentes de Diputación aprobó la creación de dos grupos de trabajo, de 12 miembros cada uno, con proporción territorial y política. El primero se encargará del desarrollo rural en la comunidad mediante el estudio de las circunstancias sociales, demográficas y económicas. El segundo grupo de trabajo está relacionado con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de todos los territorios. «Debemos hacer una apuesta decidida por esta Agenda 2030», subrayó Ángel Ibáñez.

Los alcaldes trasladaron a la Junta de Castilla y León su deseo de que se flexibilice la regla de gasto y que se permita el uso del superávit en sus arcas. La Junta se comprometió a trasladar esas propuestas en la próxima conferencia de presidentes autonómicos con el Gobierno central.

«Al menos la Junta ha escuchado las reclamaciones que hacemos los municipios. Debe servir de toque de atención para que se pongan a trabajar y asuman la responsabilidad que tienen», consideró Óscar Puente.