La Junta prevé cuadrar la cuentas de 2019 con la menor emisión de deuda en cinco años

El Bocyl publicó este lunes la disposición de la Consejería de Economía y Hacienda que regula la emisión de la deuda pública de Castilla y León para 2019, que como máximo será de 1.127 millones de euros. Se hará «en una o varias emisiones por los importes nominales que resulten aconsejables en función de la posición financiera de la comunidad y de las condiciones generales de los mercados».

La modalidad será en bonos u obligaciones, con un plazo de hasta 30 años desde la fecha de emisión, con amortización a la par por el valor nominal a la fecha del vencimiento. Según explicaron desde el departamento que dirige Pilar del Olmo, el plan es captar antes del verano la mayor parte, a poder ser hasta el 70%, para llegar a la recta final del año con cierto desahogo, lo que posibilitará obtener mejores condiciones.

La idea es acudir a los mercados financieros, en los que la consejería cree que existe «demanda e interés» por las emisiones de la comunidad, sobre todo entre los inversores extranjeros. Claro que a esta opción no es ajeno el hecho de que Castilla y León no cumple con los requisitos para acudir al Fondo de Facilidad Financiera, que sí utilizó en los ejercicios anteriores, debido a que sobrepasó el objetivo de déficit en 2017. Sí podría recurrir al Fondo de Liquidez (FLA), pero la Junta no quiere porque supone someter las cuentas regionales a un control gubernamental que limita la autonomía financiera.

Según explicaron desde Economía y Hacienda, la emisión ahora regulada tiene como finalidad principal sufragar los vencimientos previstos durante 2019 por los distintos entes del sector público de la comunidad. Otra pequeña parte ira destinada a financiar la anualidad correspondiente a 2019 de la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica de los ejercicios 2008 y 2009. Cuando se aclare cuál es el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, la Junta pedirá autorización para una nueva emisión adicional.

El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero es el que debe autorizar las emisiones de la Junta, en cumplimiento de la ley orgánica de Financiación de las comunidades autónomas y de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Gobierno de Mariano Rajoy fijó un objetivo de déficit para 2019 del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB), pero tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el nuevo Ejecutivo lo relajó hasta el 0,3%. Sin embargo, a juicio de la Junta, las dudas que suscita el proyecto presupuestario de los socialistas a la Comisión Europea son lo suficientemente serias como para no dar por hecho que el 0,3% no será finalmente tumbado.

En cualquier caso, la deuda formalizada hasta esos 1.127 millones no supondrá un aumento del endeudamiento de la comunidad al final del ejercicio. Por otro lado, cada décima de PIB supone en el caso de Castilla y León unos 60 millones de euros, de modo que una hipotética emisión a mayores podría ser de entre 60 y 180 millones, lo que seguiría dejando el volumen de nuevo endeudamiento en una cifra menor que la de 2017 y 2018. «El calendario de vencimientos por fin permite un cierto alivio con respecto a años anteriores», señalaron desde la Consejería.

Según los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto de Castilla y León, el endeudamiento de la comunidad autónoma debería situarse por debajo del 20% -en concreto en el 19,4%- al finalizar el presente ejercicio de 2019. Sería la primera vez que baja de ese listón desde 2016. Sin embargo, alcanzar dicho objetivo no será sencillo, si tenemos en cuenta que la meta para 2018 era el 20% y el último dato cierto conocido, al cierre del tercer trimestre del año pasado, era del 21,2%.

Como es sabido, la Junta ha renunciado a elaborar unos presupuestos de la comunidad para 2019 con el argumento de que sigue sin estar claro si habrá Presupuestos Generales del Estado y ha optado por prorrogar las cuentas de 2018. Si nos atenemos a los números del año pasado, la emisión de deuda pública seguirá suponiendo la tercera partida más abultada del presupuesto regional, por detrás de los 3.588 millones que se llevó la Consejería de Sanidad y los 2.044 millones de la de Educación.