La Junta prepara la nueva ley sobre discapacidad, que afectará a 175.000 personas

«Una de las preocupaciones de las familias con personas con discapacidad es qué va a pasar con sus hijos cuando los padres no estén», explicaba la consejera de Familia, Isabel Blanco. Y a esto es a lo que pretende responder la nueva ley. «La ley compromete la garantía de esos apoyos que se vienen prestando. Poder mantener a las personas en una residencia para personas con discapacidad, por ejemplo. O la atención temprana, que es un derecho universal en Castilla y León para todos los menores de 0-3 años que la solicitan».

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La consejera desgranó ese número, 175.000 personas, ese 7,4% de la población de Castilla y León, por tipo de discapacidad. Física, 99.000; mental, 30.000; intelectual, 20.000; visual, 12.400; auditiva, 12.500. Diferentes circunstancias que exigen respuestas diferentes y adaptadas a cada tramo de la vida. Esa es la idea, explicó. «Se trata de que las personas con discapacidad decidan los diferentes apoyos que van necesitando a lo largo de su vida. Garantizar las transiciones entre unas edades y otras. Atención temprana a 3.561 menores, tránsito al modelo educativo y posteriormente a la vida profesional, itinerarios de empleo, asistente personal… Se garantiza por ley porque las familias lo han demandado», aseguró.

Ahora la ley se remitirá a las Cortes para que se abra el plazo de enmiendas, constituir las ponencias... «Es una ley corta, debería estar aprobada a finales de año», confía Blanco.

Cuando se habla de apoyos, el texto de la norma los presenta como «ajustados y personalizados», dirigidos a mejorar las «habilidades adaptativas y funcionales de la persona en las distintas áreas de salud, bienestar físico, psicológico o funcional, así como favorecer la inclusión en la comunidad, la toma de decisiones y de elección de la persona». Y contempla que habrá un plan de apoyos «elaborado con la participación de la persona con discapacidad y su familia».

Esos apoyos se dividen según la etapa vital de cada persona. Infancia, atención educativa, inserción sociolaboral, participación comunitaria, envejecimiento activo. Y también para aquellas situaciones de «especial vulnerabilidad», como la continuidad de la atención de los menores con discapacidad cuando cumplan la mayoría de edad o en el caso de que fallezcan los cuidadores de la persona con discapacidad.

Consulte el texto completo del anteproyecto de ley aquí.